La instrucción que la desarrolla y permite más nacionalizaciones de exiliados coincide con promesas del pasado de Feijóo
No existe una ley de nietos . Es una verdad incuestionable en medio de la catarata de acusaciones emitidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la instrucción referida a las nacionalizaciones de los nietos de los exiliados por la dictadura que desarrolla un apartado de la ley de Memoria Democrática. Pero esa mal llamada ley de nietos no es ilegal, porque está en vigor, aprobada por las Cortes tras 32 pasos parlamentarios y publicada en e l Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 2022, ni es recurrible ya en plazo, ni la Junta Electoral Central (JEC) la ha cuestionado, al rechazar las impugnaciones planteadas por uno de sus componentes por nueve votos frente a cuatro. Esa polémica instrucción que ahora focaliza los ataques del PP ha permitido ampliar los beneficios de las nacionalizaciones a muchas más personas que las exiliadas por la dictadura, como pedían los populares gallegos históricamente y Feijóo metió en su programa electoral para las generales de 2023.El presidente del PP utilizó una gran parte de su última comparecencia de balance del curso político, el pasado miércoles, para volver a arremeter contra esa instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que se publicó en el BOE el 26 de octubre de 2022 con el objetivo de aclarar posibles dudas de los encargados de las Oficinas del Registro Civil sobre los beneficiados de las nacionalizaciones extraordinarias que prometió la ley de Memoria Democrática de 2021. Feijóo acusó a esa instrucción de estar “manipulada” para nacionalizar a “nietos, bisnietos y tataranietos” y la tildó de “ilegal de pleno derecho” basándose en el contenido de un voto particular de un representante nominado por el PP en la JEC que fue derrotado por nueve votos frente a cuatro. El alcance de la ley y la instrucción solo llega, para empezar, a los nietos de esos exiliados.
Feijóo aprovechó así para reiterar que el PP había reclamado al Gobierno que derogue esa norma y para anunciar un proyecto de reforma del Código Civil que equilibre “derechos y obligaciones” y promueva el “arraigo efectivo y afectivo” a la hora de regular las nacionalizaciones, porque entiende que el pasaporte español no se puede regalar con ese tipo de “ingenierías sociales”. En el Gobierno aseguran que el PP no le ha solicitado nada ni al Ministerio de Justicia ni al de Asuntos Exteriores, los departamentos con competencias al respecto. Fuentes del Ejecutivo ratificaron que la ley y la instrucción están en vigor desde hace cuatro años, sin que en su día ese partido presentara ningún recurso al respecto, y observan que ese plazo hace tiempo que acabó. Algo que confirma la Junta Electoral.
En la JEC recibieron con cierta incredulidad algunos de los posicionamientos de Feijóo y de varios de sus colaboradores. La Junta se reunió el jueves pasado, ante unos escritos dirigidos por Vox y el sindicato CSIF, para sentenciar por unanimidad de sus 13 miembros que el actual censo electoral de extranjeros lleva aplicándose desde 2011 sin problemas ni reclamaciones. El organismo que vela por la limpieza de los procesos electorales pidió informes aclaratorios a la Oficina del Censo sobre los criterios de adscripción de esos votantes a un municipio español determinado. Y resolvió por nueve votos frente a cuatro que no tiene competencia ninguna para valorar ni las leyes ni las instrucciones aprobadas por el Parlamento. El informe sobre la fijación del voto en los municipios se pedirá al Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene en la JEC un vocal sin voz ni voto, y se elaborará tras el verano. Sobre ese punto, que sigue siendo una fijación de Vox, los populares ahora no se pronuncian.
El debate en la JEC se produjo sobre el tema de las nacionalizaciones de los nietos de exiliados, y la mayoría de ese órgano consultivo del Estado formado por expertos y magistrados dictaminó: “En este sentido, conviene recordar que excede de las competencias que corresponden a la Junta Electoral Central pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento. Del mismo modo que no corresponde a este órgano hacer valoraciones sobre las leyes y las disposiciones reglamentarias de su desarrollo, debiendo utilizarse los cauces procesales oportuno ante el Tribunal Constitucional o la jurisdicción contencioso-administrativa, en su caso para plantear las demandas que se quieren hacer valer a este respecto”.
Uno de los componentes de la JEC, Carlos Vidal, presentó un voto particular al que se adhirieron otros tres representantes porque defiende que la instrucción del Ministerio de Justicia va más allá de lo que define la ley de Memoria y porque sostiene que ese órgano sí debería poder opinar sobre la materia. Ese voto particular al que se agarra ahora el PP discute que la citada instrucción ministerial presume para empezar que todos los miles de españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fueron exiliados, algo que parecería lógico en esos primeros años tras la guerra y de la dictadura. Pero sobre todo rechaza la ampliación de los posibles beneficiados. En la ley de Memoria se fijaba así ese apartado: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”. La instrucción de Justicia, de 2022, interpretó que ese párrafo en realidad quería referirse a dos opciones de nacionalización: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”, además de todos los descendientes de los exiliados que perdieron por la dictadura esa nacionalidad.
El vocal designado por el PP para la JEC concluía: “Lo que se pensó para unas pocas decenas de miles de personas se generalizó a cualquier persona que se hubiera marchado de España (por ejemplo, por razones económicas) y se amplió la posibilidad de obtener la nacionalidad a cualquier persona que fuese descendiente de quien ‘originariamente hubiera sido español’, cualquiera que fuese la causa de la pérdida de la nacionalidad o de la salida, ampliándolo así a centenares de miles de personas, en contra de la voluntad del legislador”.
Esa postura que discute el alcance masivo de esas nacionalizaciones y que ahora Feijóo y hasta el PP gallego de Alfonso Rueda ven demasiado flexibles, no era la que los populares de esa comunidad defendían históricamente desde los tiempos y viajes a Argentina de Manuel Fraga, ni lo que prometió generalizar a todos los gallegos emigrados en 2022 el propio Feijóo e incluyó en su programa electoral de 2023. El mismo vocal nominado por el PP en la JEC aceptó el jueves en la reunión ante sus compañeros que el PP y el PSOE han incurrido en el pasado reciente en “contradicciones e incoherencias” sobre ese aspecto en promesas políticas y proposiciones no de ley presentadas por los populares en las Cortes para reclamar esa amplitud de miras que los socialistas entonces rechazaban.
Hubo debate, según recoge en su voto particular ese representante. Algunos vocales del sector mayoritario expresaron algunos reparos a esa instrucción interna de Justicia para facilitar el trabajo de los consulados y del Registro Civil. Pero la mayoría de sus componentes corroboró que esa discusión no era de su competencia, que el Parlamento había ratificado esa ley y que nadie con opciones la había recurrido. Vox ha anunciado un recurso ahora , pero a la resolución de la JEC, y sobre otro aspecto, el de refrendar el actual censo. Esa iniciativa sí podría llegar teóricamente al Tribunal Supremo.
Sobre la firma