El Ejecutivo decide su retraso a septiembre debido a la división de los socios de la investidura
El real decreto ley de vivienda, la medida estrella con la que el Gobierno pensaba cerrar el curso político, no irá en el Consejo de Ministros de este martes. El Ejecutivo ha decidido retrasarlo para después de verano tras constatar que no cuenta con los apoyos para su aprobación en el Congreso debido a la división de los socios del bloque de la investidura en cuestiones tan sensibles como la ley del suelo o los incentivos fiscales, según ha avanzado EL PAÍS tras confirmar la decisión con distintas fuentes gubernamentales. Más tarde el Ejecutivo ha confirmado oficialmente la información.
Sumar adelantó el miércoles de la semana pasada que el Gobierno ya había consensuado el contenido del futuro decreto de vivienda, con el que La Moncloa pretendía dar respuesta a la crisis habitacional que se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía, según reflejan numerosas encuestas. El borrador remitido a los grupos parlamentarios incluía, entre otras medidas, la congelación del precio de los alquileres durante dos años, que podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2028. El anuncio fue contraproducente, según fuentes socialistas, porque precipitó que las distintas formaciones del bloque de la investidura, con sus matices o encontronazos directos, tuviesen que fijar posición justo a las puertas del último pleno antes del parón del verano. Ya desde el primer momento se evidenció que el pacto no contaba con los apoyos garantizados, como dejaron patente Podemos y Junts.
Pese al revés, que trastoca la hoja de ruta que La Moncloa había diseñado para el sprint final del curso, fuentes del Ministerio de Vivienda mantienen que es posible un acuerdo “amplio y transversal” que permita sacar adelante “un ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible”. Las mismas fuentes destacan la “responsabilidad y generosidad de todos los grupos” de la investidura e insisten en que el acuerdo “está más cerca que en cualquier otro momento” de la legislatura. No obstante, el Gobierno ha optado por ganar tiempo y dar unas semanas más de margen a la negociación debido a que la premura en el calendario iba a ser “un obstáculo” para el pacto. La prioridad en el último Consejo de Ministros del curso político será la lucha contra los incendios forestales.
El Gobierno se había volcado en el tramo final de curso en un gran decreto de vivienda como colofón a los últimos meses en los que ha estado condicionado por el frente judicial que afecta al PSOE y le impide lucir su agenda social. El intento no era nuevo. La prórroga de alquileres, medida estrella de Sumar, ya decayó el 28 de abril tras el rechazo de Junts, PP y Vox. Por eso el nuevo texto había ampliado su contenido para lograr su convalidación, contentando a las distintas partes cuyo apoyo se necesita.
Para lograrlo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había promovido un paquete flexible para contentar a grupos tan dispares como PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos, confiando en la urgencia social del problema.
De este modo, el Gobierno había adoptado por ejemplo la visión del PNV para equiparar el alquiler de habitaciones con un arrendamiento de vivienda habitual, con una duración mínima de contrato de cinco años (siete años si el arrendador es una persona jurídica) y topes de precio en zonas tensionadas. En cambio, la moratoria de alquileres era el mayor escollo. Esta medida, que ya fue tumbada en abril, se había modificado e incluía bonificaciones en el IRPF para los caseros que congelen o bajen las rentas, una petición de Junts que, sin embargo, tampoco convence a Podemos. “Se dan unos días más para poder cerrar un texto que cuando llegue al Congreso tenga el consenso y salga adelante”, ha justificado ante las posiciones enfrentadas Montse Mínguez, portavoz de la dirección del PSOE.
Podemos exigió la semana pasada, tras conocerse el acuerdo entre Sumar y PSOE —que, a diferencia de su socio minoritario, ha sido mucho más precavido—, que el Gobierno eliminase del borrador los artículos que reforman la ley del suelo como condición para sentarse a negociar cualquier paquete de medidas. El PNV dejó claro que la modificación de la ley del suelo para “dar mayor seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos” debía estar incluida en el decreto, lo mismo que la regulación del alquiler de temporada y la garantía del respeto a las competencias autonómicas. Unas diferencias que han decidido a La Moncloa a retrasar la aprobación del decreto para evitar otra derrota en el inicio del próximo y último curso de la legislatura. “Desde Podemos esperamos que el aplazamiento no responda a un nuevo intento de colar en el decreto la reforma de la ley del suelo, insistimos en que esta cuestión es para nosotros una línea roja y estaremos vigilantes”, ha advertido la formación de Ione Belarra tras conocer el retraso del decreto.
En cuanto a Junts, fuentes gubernamentales, dentro del objetivo que tiene La Moncloa de lograr la cuadratura del círculo contentando a todas las partes, explican que el borrador incluía una batería fiscal. El partido de Carles Puigdemont defiende que la solución a la crisis de vivienda pasa por el paquete de medidas que tiene registrado en el Congreso, “y que están funcionando en Europa para salir del fondo del pozo”: bajada de impuestos desgravación de alquileres e hipotecas, desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda y una inversión “de verdad” en vivienda pública. Junts critica al Gobierno que se vaya de “vacaciones políticas ante semejante emergencia social” y le insta a incorporar sus propuestas “de cara al nuevo curso político”.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dado explicaciones en rueda de prensa sobre el retraso del decreto, y ha adelantado que ve posible alcanzar un “gran acuerdo” con los grupos parlamentarios. “Nos han pedido un poco más de tiempo para terminar de alcanzar un gran acuerdo, y estamos dispuestos a darlo”, ha señalado el ministro, quien además ha exigido que este llegue “lo más rápido posible, porque hay muchas familias que están esperando a que esto se apruebe”, informa Óscar Martínez Martín.
“Las conversaciones avanzan bien”, ha defendido Urtasun a la vez que agradecía los grupos “la buena disposición” antes de sacar pecho de su propuesta. “Da respuesta al conjunto de problemáticas más importantes que tenemos en materia de vivienda”, ha asegurado el ministro, que ha sido muy insistente en la urgencia de aprobar el texto y ha pedido que, tras el verano, el curso político “empiece con la vivienda”.
En cuanto al contenido, el ministro ha insistido en que “es importante que cada uno haga suyo este texto y que pueda salir adelante” a la mayor brevedad. “Todo el mundo quiere sentarse a dialogar y hacer propuestas”, ha indicado, pero ha señalado al PP, al que ha recriminado su posición. “Las comunidades del PP no aplican la ley de vivienda, no están aplicando la declaración de las zonas tensionadas y por tanto están haciendo dejación completa de sus responsabilidades”, ha lanzado. Urtasun ha criticado que, “teniendo en cuenta la actitud que tienen en las comunidades autónomas, sería mucho pedir que se sentaran en el Congreso a negociar con el Gobierno” este decreto.
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