La resolución del TJUE abre la puerta para que la Audiencia Nacional aplique la medida de gracia a los 12 acusados durante el ‘procés’
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves que se amnistíen los delitos de terrorismo atribuidos a 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) durante el procés . La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo ha respondido a las dudas planteadas por la Audiencia Nacional para aplicar la medida de gracia a la docena de personas que mantiene procesadas por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Los acusados han recibido la decisión con “alivio” y apremian a la justicia española a aplicarles la amnistía.
La sentencia, dada a conocer este jueves, concluye que la directiva europea de 2017 sobre terrorismo “no se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la exención de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido” delitos de terrorismo contemplados en esa norma; eso sí, siempre que, como en el caso de los CDR, los delitos no hayan “causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. La resolución recuerda que la medida de gracia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez habla de hechos producidos “en un periodo delimitado” y “en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio”.
La resolución, de 28 páginas, señala que la ley de amnistía “no especifica” la “naturaleza exacta y umbral de gravedad” de los delitos a perdonar, de modo que corresponde a los órganos judiciales “delimitar los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía”. En el caso de los CDR, el alcance de esas conductas ya ha sido delimitado, puesto que los 12 han sido procesados y acusados por preparar, presuntamente, acciones violentas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó, a penas de cárcel, a los líderes políticos del proceso independentista.
La amnistía, que entró en vigor a mediados de 2024 , impide perdonar el terrorismo si los hechos “han causado de forma intencionada” graves violaciones del derecho a la vida. La Audiencia Nacional, sin embargo, consideró que la ley chocaba con la directiva europea y, en noviembre de ese año, pidió un pronunciamiento del TJUE y dejó en suspenso la aplicación del perdón, que ya habían solicitado los abogados de los acusados. Los magistrados consideraron que, además de vulnerar la directiva de la UE, la amnistía a los CDR suponía “enviar un mensaje hacia el futuro en el sentido de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”.
La sentencia de la justicia europea concluye que la amnistía no vulnera los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato y no discriminación, y concluye que la directiva de 2017 “no se opone” al contenido de la ley de amnistía. El fallo confirma así el pronunciamiento, el pasado noviembre, del abogado general de la UE , quien expresó que la medida de gracia se aprobó “en un contexto real de reconciliación política y social”. También la Comisión Europea había informado de que una ley que amnistíe delitos de terrorismo que no hayan producido muertos, heridos o maltrato no tiene por qué chocar con la directiva comunitaria.
“La Audiencia tendría que ser rápida”
La noticia de Luxemburgo ha sido escuchada en directo y acogida con satisfacción en el casal independentista del Eixample de Barcelona. Alerta Solidària, un colectivo de la izquierda independentista que defiende y apoya a buena parte de los procesados, confía en que, con la resolución en la mano, la Audiencia Nacional aplique con celeridad la amnistía. “Vamos a presentar un escrito de impulso procesal para que sea lo antes posible”, ha anunciado Martí Mayoral, el portavoz de la plataforma. “Tendría que ser rápido, porque estamos hablando del sufrimiento de 12 personas que tienen pendiente un proceso penal. Pero estamos en un terreno de incertidumbre, no sabemos cuándo pasará”, ha explicado Mayoral.
El portavoz de Alerta Solidària ha asegurado que la de este jueves ha sido una “victoria importante”, pero ha matizado que no será completa hasta que se produzca la independencia de Cataluña. “Votamos, ganamos el referéndum, han pasado nueve años y aún formamos parte de España y nos expolian cada año”, ha asegurado Martí, que ha posado junto a personas del grupo de apoyo a los CDR y dos de los procesados a las puertas del local, mientras se expresaban deseos de una victoria de Argentina en la final del Mundial contra España.
Xevi Buïgas, de 55 años y uno de los 12 procesados por terrorismo, también comparte esa sensación de alegría a medias, que nace de la desconfianza hacia la justicia española. “Estoy algo aliviado por lo que dice Europa. Ahora falta que la Audiencia Nacional haga lo que tiene que hacer. Hasta entonces tendremos la espina clavada”, ha asegurado. “Yo no quería la amnistía, porque me dicen que me perdonan de algo que no he hecho”.
Los tres meses que estuvo en prisión preventiva no han sido lo peor de esta historia, sino el tiempo transcurrido desde entonces sin un horizonte de salida. “La gran represión es lo que vino después. He tenido que ir al psicólogo. Los primeros cinco años tenía medidas cautelares, tu vida deja de ser normal. Es duro”, explica. Por prudencia, Buïgas ha renunciado todos estos años a ejercer cualquier tipo de activismo por la independencia, una lucha en la que llevaba involucrado desde los 16. “Ni siquiera he ido a manifestaciones por la escuela pública, porque me decían que evitara problemas, y eso me ha hecho daño”.
Eduard Garzón, de 56 años, que atiende a los medios con una camiseta de “acción antifascista”, sí ha seguido involucrado, y más que nunca. “Me he hecho aún más militante por la causa, porque he visto todo el apoyo que hemos recibido. A algunas compañeras les han destrozado la vida”, cuenta Garzón, que afrontaba una petición de hasta 27 años de prisión. El activista ha recordado los momentos de pánico que vivieron tras su detención por la Guardia Civil en 2019. “Nos dijeron que ya sabíamos lo que había pasado en Intxaurrondo”, en alusión al cuartel de San Sebastián donde la Guardia Civil sometió a torturas a militantes de ETA. La satisfacción, para Garzón, también es incompleta tras la sentencia. “Estoy contento por la amnistía, pero tengo una inquietud por lo que hemos sufrido... Todo parece como muy gratuito”.
El abogado José María Fuster-Fabra, que intervino en Luxemburgo para oponerse a la aplicación de la amnistía en representación de la asociación de víctimas del terrorismo catalana, ACVOT, ha expresado su “respeto” a la decisión del tribunal y ha asegurado que era lo “esperado”, teniendo en cuenta el posicionamiento de las distintas partes del proceso.
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