Dirigentes socialistas afirman que las causas judiciales contra la familia del presidente se pueden convertir “en un bumerán contra la derecha”
“En la sentencia a David Sánchez hay un daño personal al presidente, pero el daño electoral es cero. Lo mismo que con su esposa. Sí que lo hubo con [José Luis] Ábalos, condenado a 24 años, pero los casos de la familia se han convertido en un ataque personal. Y podrían convertirse en un bumerán contra la derecha”, afirma un peso pesado de La Moncloa. Es un análisis compartido en distintos sectores del PSOE, que coinciden en que las causas judiciales contra la familia de Pedro Sánchez están espoleando al partido en otro fin de curso marcado por el rosario de procesos contra dirigentes socialistas de distinto tonelaje en los tribunales.
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La condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación al hermano del presidente del Gobierno ha azuzado todavía más el enfado entre la militancia socialista, en efervescencia desde que el juez Juan Carlos Peinado le retiró el pasaporte a Begoña Gómez y limitó su libertad de movimientos con el argumento de que podría fugarse con sus escoltas. La esposa de Sánchez entregó este miércoles al magistrado los billetes de su viaje a Londres para la graduación de su hija. Los altos mandos del Ejecutivo y del PSOE consultados transmiten que el enojo con ambos procesos se empieza a detectar en el electorado progresista, que distingue los casos del entorno del presidente de los escándalos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “La derecha política y judicial está logrando el efecto contrario: en nuestro electorado está calando que lo que pasa no es casual. A cada decisión judicial contra la familia del presidente las bases y los votantes se indignan más. Son más proactivos. Este escenario no pasaba hace unos meses”, apunta un responsable de la sala de máquinas de Ferraz.
El fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz ha propiciado además que los socialistas expresen su indignación con estilos “tan distintos y complementarios”, según las cúpulas de Ferraz y La Moncloa, como los de Óscar Puente y Álvaro Sánchez Cotrina. El ministro de Transportes fue el primer peso pesado que reaccionó y denunció que “la única finalidad” de la sentencia era “derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”. El secretario general de Extremadura —elegido en abril en primarias en lugar de Miguel Ángel Gallardo, que dimitió tras obtener el peor resultado autonómico de los socialistas en las elecciones autonómicas de diciembre y ahora inhabilitado 18 años— compareció cuando no se habían cumplido dos horas de la publicación del fallo con el propósito de “dar la cara siempre, a las duras y a las maduras” y sin cuestionar el poder judicial.
“Como demócrata y defensor del Estado de Derecho, he confiado en la independencia de la justicia y nuestro absoluto respeto a las sentencias judiciales”, afirmó Cotrina en una intervención, apreciada en público por cargos como la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés — crítica con Sánchez en el último comité federal—, pero también en privado por líderes territoriales alineados con Ferraz. “Me parece impecable y opino lo mismo”, comparte otro secretario general autonómico. “Me identifico, creo que esa fórmula nos puede dar buen resultado”, abunda otro barón territorial. “Sus palabras me parecen muy correctas, sosegadas y respetuosas con todos, con el partido, implicados, justicia y jueces”, valora el alcalde de una capital de provincias. “Puente es una voz autorizada del Gobierno, todos decimos lo mismo, cada uno con los códigos de su ámbito”, recalcan en La Moncloa, donde recalcan el mensaje que se emite “es el mismo pero en distinta frecuencia de onda”.
El secretario general extremeño también lanzó una velada crítica al fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz. “He confiado siempre en su inocencia —la de Sánchez y Gallardo y el resto de técnicos condenados—, y creo que van a poder demostrarla en las próximas instancias judiciales para las que van a ejercer su derecho de defensa”. El tribunal ha descartado el tráfico de influencias, que era el núcleo de la investigación, y no ha considerado acreditadas las presiones parea crear y adjudicar la plaza en la Diputación pacense, justo cuando Sánchez era un paria para su propio partido tras su caída como secretario general. Gallardo, que en 2017 era el secretario provincial socialista, apoyó a Susana Díaz en el proceso de primarias.
El PSOE evita emplear el término lawfare, aunque la percepción de que hay una causa política contra Sánchez y su familia se ha convertido en una certeza en las filas socialistas. “La justicia dará la razón a quien la tiene. Estamos asistiendo a esa persecución constante de la familia del presidente, solamente por ser familia del presidente”, aseveró Ana Redondo. La ministra de Igualdad recordó la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena Ser según la que el 65,4% de los españoles piensa que hay una instrumentalización política de la justicia. “Yo creo que con decisiones como esta, que por supuesto respetamos y acatamos, aunque se recurran, se refuerza esa idea de que la ciudadanía ve claramente que hay una parcialidad”, apostilló. Redondo hizo hincapié en que “no se ha podido probar prácticamente nada” en el caso del hermano del presidente.
Arcadi España abundó en esa falta de pruebas contra David Sánchez, en una instrucción que se inició con una denuncia de la organización ultraderechista de Manos Limpias. “Durante el procedimiento hemos visto a la Fiscalía desmontar cada uno de los argumentos de esa parte y pedir la absolución. Yo confío en el sistema judicial en su conjunto, y en próximas instancias judiciales se demostrará algo que es real, que es la inocencia del señor Sánchez”, zanjó el ministro de Hacienda.
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