El fallo considera de “especial relevancia” el testimonio del teniente coronel Balas y duda de la “veracidad” de los cargos y funcionarios que declararon a favor de los acusados
Cuando el 9 de junio, el tribunal dejó visto para sentencia el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, la impresión entre los abogados de las defensas y las acusaciones populares era que el sentido del fallo dependía en gran medida de la valoración que los tres magistrados hicieran de dos elementos: los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenían que hubo irregularidades en la creación de un puesto de trabajo para el familiar de Pedro Sánchez y otro para un amigo suyo, y la treintena de testimonios que durante el juicio habían contradicho, precisamente, las conclusiones de aquellos. El fallo, conocido este martes y que condena a pena de inhabilitación a los 11 acusados, deja claro que los jueces optaron por el documento policial.
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De hecho, el tribunal califica de “especial relevancia” y “sumamente ilustrativa” la declaración en el juicio del teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del departamento anticorrupción de la UCO y al frente de las pesquisas, así como del capitán de la misma unidad que le acompañó. Y destaca que ambos “sostuvieron con rotundidad” el contenido de sus informes en los que concluían la existencia de irregularidades en la creación de la plaza de alta dirección que finalmente ocuparía David Sánchez. Los agentes recalcaron, entonces, que la decisión de instituir un nuevo puesto solo podía ser resultado de una “decisión política” que debió partir “de un nivel superior, siendo la Presidencia de la Diputación el origen de la idea”, en referencia a Gallardo. El tribunal hace suya esta conclusión policial y en el fallo afirma que “es inverosímil” que el exlíder del PSOE extremeño no supiera que el puesto “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez y que “no participara directamente en los hechos”.
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La sentencia también asume la cronología que dibujan los documentos policiales ―en los que se analizaban miles de correos electrónicos intervenidos en las cuentas de correo electrónico de trabajadores de la Diputación de Badajoz, entre ellos los de los propios acusados― y las conclusiones que los mandos de la UCO expusieron ante el tribunal. Así, por ejemplo, los magistrados destacan la “trascendental importancia” que tanto el teniente coronel como el capitán dieron al mensaje que el director de uno de los dos conservatorios de la provincia envió a la responsable del otro el mismo día en que se aprobaban las bases para la provisión de la plaza que finalmente se adjudicó a David Sánchez y que llevaba como asunto la palabra “hermanísimo” en referencia a una supuesta adjudicación ya decidida del puesto al hermano del presidente del Gobierno.
En el juicio, el autor del mensaje, al declarar como testigo, había reducido el comentario a un “rumor” que no supo concretar a quién, dónde y cuándo había escuchado e, incluso, afirmó que no recordaba si con ella se refería a la adjudicación del puesto o simplemente a que David Sánchez se presentaba. A pesar de que entonces el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, pareció dejar claro que no iba a dar valor a este detalle ―“a la sala no nos interesan ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”―, ahora en el fallo lo destaca como un indicio más para condenar a los acusados. De hecho, el tribunal incluye ese correo como constatación de que “desde semanas antes, muchas personas adscritas a los conservatorios y a la Diputación ya comentaban que el puesto de trabajo sería adjudicado a David Sánchez, llamándolo con el alias de el hermanísimo”.
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Por el contrario, el tribunal pone en duda la declaración de una treintena del más de medio centenar de testigos que comparecieron en el juicio. En concreto, de los que eran “altos cargos integrantes de una estructura administrativa local de pequeña entidad, piramidal y fuertemente jerarquizada”, como es la diputación pacense. Los magistrados resaltan que, precisamente por ello, sus testimonios no cumplen “con los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud, habida cuenta de que sus declaraciones suelen estar previamente preparadas y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad”.
En este sentido, el tribunal destaca que varios de los testigos o bien dependían jerárquicamente de algunos de los acusados o bien habían sido “promocionados recientemente a puestos superiores”. Y señala en concreto a cuatro de ellos: Víctor Peralta, del que destaca que fue ascendido al cargo de director de área; José María Sánchez Sánchez, promocionado a la jefatura del Servicio de Bibliotecas; Francisco Flores, que accedió a la jefatura de Recursos Humanos; y Cristina Correa, promocionada a la plaza que dejó vacante uno de los acusados. A ellos añaden a otros nueve testigos: Julián Expósito, “persona de confianza” de Gallardo; José Ramón Suárez, Estrella Gordillo y el actual vicepresidente de la Diputación, Ramón Díaz, de los que asegura que están políticamente ligados al exlíder socialista regional; e Inmaculada Cordón, M.ª Luisa del Viejo, Alejandro Vázquez, Ángel Seco y Juan Francisco Durán, de los que recuerda que eran subordinados de los altos cargos que se sentaban en el banquillo.
“Como ya hemos apuntado ―continúan en el fallo los magistrados―, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido", en referencia al PSOE. Un “sesgo jerarquizado y político” que el tribunal aprecia también en la declaración de los propios acusados, que durante el juicio se acogieron a su derecho de responder únicamente a sus abogados.
Por último, la sentencia considera sin valor para la causa los testimonios de otros cuatro testigos. Se trata de Nerses Avakimyam, que fue uno de los candidatos al puesto que finalmente se adjudicó a David Sánchez y que ahora trabaja en la Diputación; Santiago Cuadrado, exalcalde socialista de Barcarrota y técnico superior en la Diputación; María Jesús Bernáldez, jefa de negociado en el organismo pacense, e Inmaculada López, exjefa de Recursos Humanos cuando sucedieron los hechos y que ahora ocupa otro cargo en la propia diputación. De los tres últimos, el tribunal vuelve a destacar que se trata de funcionarios “dependientes de los altos cargos acusados”.
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