El magistrado advierte al expresidente que ampliará las pesquisas si aparecen nuevos indicios de actividades sospechosas
Nuevo revés judicial a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama, que instruye la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno por el cobro de comisiones supuestamente ilegales en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra , ha dictado una resolución en la que avala a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a ampliar la investigación sobre el exlíder del PSOE si surgen nuevos indicios sobre “hechos que presenten verosimilitud delictiva”. La resolución del magistrado se produce después de que Zapatero hubiera pedido que se sacara de la causa un reciente informe policial en el que se apunta que el expresidente cobró 200.000 euros del peruano Grupo Gloria por supuestamente influir ante altos cargos de Bolivia , entre ellos el presidente Luis Alberto Arce , para solventar sus problemas con la justicia de este país. La UDEF apuntaba que el exdirigente socialista cobró a través de una empresa interpuesta, Focus Social Research, como labores de consultoría lo que presuntamente fue en realidad una intermediación para que el grupo empresarial no pagara una multa de 107 millones de dólares (cerca de 93 millones de euros).
Un día después de conocer aquel informe, Zapatero presentó un escrito en el que pedía al juez Calama que acordara “devolver a la unidad policial” el documento y que el mismo no permaneciera en el sumario “al tratarse de hechos ajenos a los aquí investigados [el rescate del Plus Ultra] y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”. El expresidente argumentaba que, en informes previos, los investigadores no habían atribuido origen delictivo al cobro de esos 200.000 euros que, insistía, eran fruto de su actividad profesional. En este sentido, la defensa del político subrayaba que la UDEF tampoco había considerado Focus Social Research parte de ninguna trama empresarial en sus informes iniciales, por lo que consideraba injustificado que ahora se investigara los pagos procedentes de los mismos. Zapatero pedía también al juez que delimitara expresamente el perímetro de las pesquisas y que ordenara a la policía que se ciñera a los hechos recogidos en el auto por el que fue imputado.
En su resolución, fechada este miércoles, el juez Calama rechaza que la aparición del pago de 200.000 euros a Zapatero sea el resultado “de una fiscalización indiscriminada de la vida” del expresidente y, por tanto, de una investigación prospectiva (iniciada sin hechos objetivos y, por tanto, prohibida por ley), “sino la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva”. “La prohibición de investigaciones prospectivas no impide que la instrucción avance, se profundice o se amplíe cuando los datos incorporados revelan nuevas líneas de indagación relacionadas con posibles delitos de tráfico de influencias u otros ilícitos penales, porque la investigación penal no se define por el autor, sino por los hechos que emergen de las diligencias acordadas”, añade el magistrado. De hecho, cuando el exlíder del PSOE declaró como investigado el pasado 17 de junio , Calama le preguntó, precisamente, por Focus Social Research, pero el expresidente se limitó a decir que eso no constaba en el sumario y que no iba a profundizar en qué labores había realizado.
El juez recalca que la investigación a Zapatero “se abrió sobre hechos indiciarios concretos y, a partir de fuentes de prueba legítimamente obtenidas, aparecieron otros movimientos económicos que, por su naturaleza y por el contexto relacional del investigado, presentan relevancia para el esclarecimiento de los hechos”. Y acusa al exlíder socialista de querer parapetarse en el primer auto para que no se amplíen las pesquisas sobre él. “No se ha practicado ninguna diligencia no autorizada, ni se ha desplegado una fiscalización general de la actividad profesional del investigado; se ha examinado un flujo económico que aparece en las fuentes de prueba y que, por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas”, señala el magistrado en referencia a los pagos de la empresa peruana.
“Que José Luis Rodríguez Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida”, añade el juez, quien a continuación resalta que “la información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero”. Por todo ello, concluye que el informe de la UDEF “es pertinente, su incorporación es legítima y su contenido relevante para el esclarecimiento de hechos que presentan verosimilitud delictiva”. La decisión del juez no es firme y puede ser recurrida.
En el documento ahora avalado por el juez, la UDEF recogía los nuevos hallazgos encontrados en el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y en la agenda del expresidente que fue incautada en el registro a su oficina. Del examen de ambos, la policía conoce la existencia de reuniones y contactos con “altas esferas políticas de Bolivia”, como el presidente Arce, los ministros de Economía y Justicia, Marcelo Montenegro y César Adalid, respectivamente, o el procurador general del Estado, Ricardo Condori. El informe refleja que Zapatero firmó un contrato de consultoría por 200.000 euros en tres plazos cuya finalidad, supuestamente, tenía más que ver con un ejercicio de influencias: resolver los problemas judiciales en Bolivia del Grupo Gloria ―un conglomerado de empresas con base en Lima (Perú) y con inversiones en países de América en múltiples sectores como alimentos, cementos, papeles, cartones o transportes―, donde una de sus empresas, Soboce (Sociedad Boliviana de Cementos S. A.), había sido condenada a pagar una multa millonaria por competencia desleal.
Los agentes destacan que, de las conversaciones analizadas, se desprende que los servicios prestados por Zapatero euros “no guardan relación” real con Focus Social Research (la empresa que le paga), que “estaría orientada al marketing ”. La UDEF añadía que este descubrimiento apuntala “los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”.
Sobre la firma
Más información
La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan la presencia de la acusación liderada por el PP en la pieza sobre las joyas de Zapatero J. J. Gálvez | Madrid
La exdirectora de la Agencia Tributaria desvincula su cese del ‘caso Zapatero’: “No ha tenido nada que ver” Laura Delle Femmine | Madrid