Yolanda Pleguezuelos lleva siete meses esperando a que se crucen dos informes de ADN para conocer la identidad de su agresor
“Mi nombre es Yolanda Pleguezuelos Ruiz. Hace 32 años sufrí una doble agresión sexual. Uno de los hombres que me agredieron fue identificado, juzgado y condenado. Años después, fue excarcelado sin cumplir la condena íntegra. Me enteré por televisión”. Así empieza el vídeo en el que Yolanda rebasa su último límite: el del anonimato. Fue víctima de una violación doble cometida en 1995 en Esparraguera (Barcelona), de la que continúa sin conocer la verdad completa. Ni ella ni las al menos 16 mujeres, varias de ellas menores de edad, que fueron violadas por dos hombres a las afueras de pueblos y pequeñas ciudades en Cataluña entre 1991 y 1995. Por aquello fueron condenados dos inocentes, Abderrazak Mounib, que murió en la cárcel, y Ahmed Tommouhi, a quien el Tribunal Supremo acaba de indemnizar con 2,5 millones de euros por los años que pasó injustamente en la cárcel.
Su verdadero agresor, Antonio García Carbonell, acabó siendo condenado y excarcelado, aunque ella no recibiera nunca una comunicación. Sobre el segundo violador ha estado treinta años sin saberse nada. “Hasta que descubro en septiembre del año 2025 que existe una investigación sobre mi caso y que la Fiscalía de Cataluña la mantiene bajo secreto”, prosigue Yolanda. El Instituto Nacional de Toxicología ha completado el perfil genético del segundo violador, después de que se presentara una petición a la Fiscalía, en el marco de una investigación para una serie documental sobre el caso de Mounib y Tommouhi.
Ahora, gracias a esa misma investigación periodística, sus resultados podrían servir para identificar directamente al verdadero violador. Desde el 12 de diciembre pasado, la Fiscalía tiene en su poder información sobre la probable identidad del segundo agresor, incluido un análisis genético, después de que la serie documental, producida por Atresmedia, hubiera llegado a él durante la investigación. A pesar de que el 9 de marzo uno de los investigadores declaró en el marco de las diligencias ordenadas por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, estos avances no se han traducido en nada de información para las víctimas.
Tres de ellas, Yolanda, Cristina y Nuria, presentaron el 30 de octubre un escrito ante la Fiscalía de Bañeres solicitando que se ampliaran los análisis de ADN de las muestras que ellas mismas habían aportado en su día a la investigación. Su petición era clara: querían saber si esas nuevas pruebas genéticas permitían confirmar la identidad del segundo agresor. No recibieron respuesta en los siguientes meses, así que Yolanda continuó reclamando: presentó otro escrito ante la Fiscalía General del Estado el pasado mes de junio, tras siete meses de silencio de la administración. “No solicito una condena. No solicito una compensación económica, solo quiero saber la verdad”, decía el escrito.
Aunque ni la fiscalía catalana ni la General del Estado han explicado oficialmente el motivo por el que no se ha ordenado aún el cruce de la información disponible, la razón es que los delitos habrían prescrito y no son perseguibles, según reconocen extraoficialmente fuentes de la fiscalía catalana a preguntas de este diario. El perfil genético ampliado del segundo agresor se introdujo en la base de datos de ADN y no ha arrojado ninguna coincidencia con delitos posteriores a 2006, año de creación de dicha base de datos, por lo que no se le puede perseguir personalmente al haber prescrito los de los años noventa.
“Yo puedo entender que no se puedan juzgar los casos, pero que tampoco tengamos derecho a saber la verdad no lo puedo entender”, sostiene Nuria, otra de las víctimas, que sigue a la espera de una respuesta oficial que no llega. Por eso, Yolanda ha optado por perder su anonimato para reclamar abiertamente que les den respuesta: “No debería ser una víctima quien tenga que sentarse delante de una cámara y exponer públicamente su dolor para pedir que se termine un trabajo pendiente desde hace 32 años. Por eso me dirijo a la Fiscalía de Cataluña, en concreto al señor Francisco Bañeres y a todas las instituciones que tienen alguna responsabilidad en este procedimiento. Ya no busco culpables. No busco venganza. Busco humanidad. Busco claridad. Busco verdad”, dice.
Tal y como relata en el vídeo, Yolanda está agotada de que le exijan más y más paciencia, y dice no comprender por qué se demora tanto un trámite “tan sencillo” como cruzar dos informes de ADN. “Durante estos meses he recibido una y otra vez la misma respuesta. Que los procedimientos necesitan tiempo, que las investigaciones siguen su curso. Que tenga paciencia. Pero yo ya he esperando 32 años. No sé cuántos años de vida me quedan, lo que sí sé es que ya he esperado suficiente”, reclama.
Considera que en estas tres décadas todo el sistema las ha fallado, y esta falta de respuestas le resulta humillante. “Sinceramente, este proceso de reconstruir mi propia historia está siendo por momentos más difícil que afrontar el delito de hace treinta años”, dice Yolanda. “La Fiscal General del Estado es una mujer y tiene una trayectoria que protege a las víctimas, ¿no?“, se pregunta, en relación a Teresa Peramato, fiscal general del Estado. El ministerio público y la Fiscalía de Cataluña comparten la misma explicación: están “a la espera” de un informe de “medicina legal” desde hace ya nueve meses. “Confío en que la Fiscalía nos dé paz por fin a todas las víctimas”, apunta Nuria.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Sobre la firma
Más información
Detenido en Granada un violador que disfrutaba del tercer grado de una condena de 101 años Javier Arroyo | Granada
Ni violador ni ladrón: el Supremo anula también la condena por robo contra el inocente que pasó 15 años en prisión Braulio García Jaén | Pamplona