La mayoría de investidura se recompone para reformar esos artículos del Código Penal y fortalecer la libertad de expresión
El Congreso dio otro paso este martes, en julio y fuera del periodo oficial de sesiones, para tumbar con la mayoría de investidura las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox contra la proposición de ley impulsada ahora por el Gobierno del PSOE y Sumar para derogar una serie de delitos de injurias a la Corona y relacionados con reforzar la libertad de expresión. La propuesta llevaba casi dos años y medio varada sin avanzar, se retoma en esta complicada recta final de la legislatura y parece contar, aunque por diversas razones, con los partidos que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa. PP y Vox aprovecharon sus derrotadas enmiendas generales (la de Vox solo contó con sus 33 escaños a favor, 179 en contra y 138 abstenciones y la del PP con 171 a favor frente a 178 en contra) para acusar al Ejecutivo de Sánchez de todo tipo de connivencias para debilitar más al Estado y apuntaron muy particularmente contra Sumar para achacarle todos los males del comunismo internacional.
El debate, que no era nuevo y se ha reproducido media docena de veces en diversas legislaturas sin prosperar hasta ahora, se volvió a enrarecer desde que saltó a la tribuna el portavoz de Vox, Manuel Mariscal. El dirigente ultra lo quiso dirigir específicamente contra el interés de Sumar por este asunto desde el inicio de este mandato, en septiembre de 2023, a los dos meses de las últimas elecciones, para atribuir su influencia al interés del comunismo “por priorizar su odio a España, por insultar y humillar a las víctimas de ETA, a los católicos, por la barra libre para quemar la bandera, pitar el himno” y hasta por querer convocar procesiones “del coño insumiso”. Vox avanzó que si algún día llega al Gobierno castigará todo lo que ahora una mayoría de grupos del Congreso persigue derogar.
La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que defendió su propia enmienda de totalidad, elevó el pistón que presumió a la mayoría en favor de la reforma en línea con la acusación de que lo de verdad pretenden es “desarmar España” tras haber “colonizado con amigos, parientes, leales y hasta prostitutas” todo tipo de instituciones del Estado. Luego apuntó contra Bildu y contra su líder, Arnaldo Otegi, por su alianza electoral con Sánchez, y también contra Sumar y el comunismo. Álvarez de Toledo aceptó que el debate teórico sobre la eliminación de esos delitos de injurias a la Corona, pero también a otras instituciones, podría tener sentido, pero no ahora y no con este Gobierno en el poder.
Por parte de Sumar, su portavoz, Enrique Santiago, intentó explicar que el objetivo de la reforma de varios artículos del Código Penal pretendía adaptarlo al de otros países europeos de nuestro entorno, a lo que recomiendan todo tipo de organismos internacionales y la realidad de la Constitución y para ejemplificarlo reconoció que pueden no gustar ni compartirse determinados ataques, insultos y hasta blasfemias contra la Corona u otras instituciones, pero que eso no quiere decir que tengan que ser tipificados como delitos penales. Y aclaró que es falso que se vaya a retirar el delito de humillación a las víctimas del terrorismo de ETA sino que se incluirá en el delito general de humillación a todo tipo de víctimas de violación de los derechos humanos. No sirvió de mucho. El debate se ensució de nuevo. Mariscal, de Vox, le reprochó haber asesorado en su día a las FARC colombianas, pasear a su líder por el Congreso, y ahí se sumó Álvarez de Toledo por su responsabilidad como secretario general del PCE.
Los demás portavoces, tanto de Compromís, BNG, Podemos, EH Bildu, Junts, ERC y PSOE se afanaron por discutir si la democracia española está ya preparada para abordar una acomodación de esos delitos relacionados con la libertad de expresión como nuestros países vecinos y cómo ha aconsejado otras instituciones europeas. Algunas formaciones, como Junts, cuestionaron que el Gobierno haya recuperado esta iniciativa congelada justo ahora, fuera del periodo normal de sesiones. Y ERC lamentó que llegara tan tarde y pidió prisa para que avance, tras tumbar las enmiendas de totalidad de PP y Vox, ahora en ponencia, comisión y pleno antes de que acabe la legislatura.
La reforma que patrocinan Sumar y PSOE suprimiría del Código Penal los artículos 490.3, 491, 496, 525 y el 543 y modificaría el artículo 504. En concreto, se eliminarían las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado como pueden ser el Gobierno de la nación, las Cortes Generales y autonómicas, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los tribunales superiores de justicia.
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