La Fiscalía Europea pidió en marzo de 2026 intervenir el móvil del empresario imputado en el ‘caso Begoña Gómez’ para esclarecer si hubo irregularidades
El teléfono del empresario Juan Carlos Barrabés ―fundador y presidente del Grupo Barrabés e investigado en la causa contra Begoña Gómez― estuvo pinchado durante dos meses. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron escuchas de sus conversaciones entre marzo y abril de 2026 en el marco de la investigación que se sigue en la Fiscalía Europea y que analiza si hubo irregularidades en dos contratos públicos hace cinco años con la entidad de Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital). El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que actúa como juez de garantías, avaló la “intervención, observación, grabación y escucha” de todas las conversaciones de Barrabés.
La Fiscalía Europea mantiene una causa activa que se desgajó del caso Begoña Gómez , que está a cargo del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Barrabés está investigado en ese juzgado, pero también en la causa de la Fiscalía con sede central en Luxemburgo en la que igualmente está imputado el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto. En ella se indaga en supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por dos contratos por valor de 8,4 millones que se adjudicaron a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Innova Next (propiedad de Barrabés) y The Valley para proporcionar servicios de formación en temas de innovación entre julio y agosto de 2021.
Los hechos bajo el foco, es decir, el presunto amaño de estos contratos en favor de Barrabés, ocurrieron hace cinco años, si bien la Fiscalía Europea solicitó la intervención telefónica hace cuatro meses. El auto del juez Antonio Piña recoge que la medida solicitada se considera “idónea y necesaria” por la “clara contraposición” que se está produciendo en la investigación entre el contenido de las declaraciones testificales practicadas y el contenido de los correos electrónicos internos de Red.es que la UCO había analizado.
Por la sede de la Fiscalía Europea en Madrid han declarado más de 60 personas, según confirman fuentes de la investigación, incluida la propia Begoña Gómez, que, como avanzó este periódico, defendió el pasado 5 de mayo que nunca habló con nadie del Gobierno sobre los contratos de Barrabés. Todos los trabajadores de la entidad pública han defendido a lo largo de semanas que no se vieron sometidos a presión de ningún tipo y han negado que hubiera injerencia alguna para que los lotes de contratos fueran a parar a la UTE en la que participaba el empresario aragonés.
Los fiscales, en cambio, enfrentan estas declaraciones a los emails de 13 trabajadores que la UCO ha recogido en un informe presentado en febrero. Según los agentes, hubo “predilección” por la oferta de Barrabés en el equipo que dirigía Luis Prieto. “Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí”, “es muy injusto, pero la excelencia está en events y Barrabés”, escribió una de las encargadas de realizar las valoraciones. “Estas son mis notas... Si hay preferencias... casi mejor saberlo antes. Para mí, otras son mejores ¿Mejor que Barrabés? ¿Qué hago?“, se lee en otro mensaje.
El auto del juez Piña refleja que la “falta a la verdad” de lo declarado por los trabajadores “podría estar motivada tanto por la clara dependencia jerárquica” que tienen del “investigado Luis Prieto como por su dependencia laboral con el organismo Red.es”. Y, por ello, consideró idónea la intervención telefónica y expuso que el “fin perseguido, que no es otro que recabar indicios sobre la participación de otras personas en el escalón superior a Luis Prieto para favorecer al grupo Barrabés”.
Así se dio luz verde a unas escuchas que se llevaron a cabo en dependencias oficiales de la Dirección General de la Guardia Civil. La Fiscalía Europea pidió para ello la apertura de una pieza separada, secreta y urgente, que se oficializó el 18 de marzo y que, según fuentes de la investigación, se mantuvo hasta dos meses después. De esta intervención telefónica no se extrajo información de especial relevancia para la causa, indican citadas fuentes, porque si no, la medida se hubiera prolongado en el tiempo.
El umbral para la adopción de este tipo de intervención de las comunicaciones telefónicas, cuyo secreto es un derecho que está especialmente protegido en la Constitución, se establece en los delitos castigados, al menos, con tres años de prisión, además de los delitos cometidos en el seno de una organización criminal y delitos de terrorismo. Más allá de los volcados de los dispositivos que los agentes de la UCO han realizado en el marco del caso Begoña Gómez, no se ha producido ninguna intervención telefónica de este tipo.
El artículo 48 de la Ley de creación de la Fiscalía Europea contempla que la solicitud de esta medida corresponde exclusivamente al fiscal delegado, que deberá dirigirse al juez de garantías. En este caso, el juez Piña ha avalado esta intervención, argumentando que “solo a través de una medida de esta naturaleza pueden obtenerse, en su caso, indicios de aquellos aspectos de la investigación que todavía no suficientemente esclarecidos que se han hecho patentes a raíz del atestado policial”, dijo en referencia al informe de la UCO. Pretendía conocer así la “posible implicación de terceras personas” y el “ modus operandi ” por el que se impartían instrucciones en Red.es.
Barrabés está siendo investigado también en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por el juez Juan Carlos Peinado, que ordenó, al inicio de esta causa en 2024, realizar un clonado del teléfono del empresario. La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, anuló el análisis de estos dispositivos informáticos y ordenó la destrucción de las copias obtenidas, puesto que la decisión de Peinado adolecía de motivación y se produjo mientras el empresario estaba ingresado en el hospital. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, rubricó entonces la sección 23 de la Audiencia. El magistrado ha investigado una treintena de cartas de apoyo que Barrabés recibió a su favor en uno de los contratos bajo el foco, entre las que había una misiva de Begoña Gómez como directora de un máster en la Universidad Complutense de Madrid, y ha abierto juicio oral contra el empresario. Además, recientemente ha inciado una nueva línea dentro de la causa para indagar en un tercer contrato por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la Unión Europea.
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