El expresidente carga contra la Agencia Tributaria por haber iniciado un procedimiento “unilateral y caprichosamente”, mientras había una causa penal en marcha
José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo paso en la Audiencia Nacional, donde está investigado por delitos de tráfico de influencias y malversación. El expresidente del Gobierno ha informado al juez José Luis Calama de que ha pedido a Hacienda que paralice el procedimiento que ha emprendido contra él, contra su esposa Sonsoles Espinosa y contra sus hijas, una vez ya se conocía la causa en la que está imputado. El que fuera líder del PSOE recuerda que no se pueden tener dos casos paralelos y carga contra la Agencia Tributaria por haber iniciado la inspección de forma “unilateral y caprichosamente”.
Hacienda informó la pasada semana de que el 15 de junio (después de que el pasado 19 de mayo el juez comunicara a Zapatero que lo estaba investigando) había emprendido una inspección fiscal contra él y su familia, así como contra la empresa de las hijas del expresidente, What The Fav, su amigo y empresario Julio Martínez Martínez y una ristra de empresas dependientes de este último. En esas comunicaciones, las delegaciones de Madrid y Valencia explicaban que habían iniciado “actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general” y preguntaban si debían paralizar el proceso, mientras la investigación judicial está en marcha.
Zapatero, en un nuevo escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, dice ahora que entiende que los hechos inspectores son “al menos parcialmente coincidentes” con los que están en la Audiencia Nacional y, por tanto, recuerda que no se puede emprender dos procedimientos al mismo tiempo.
Paralelamente, el expresidente ha incorporado a su equipo legal a José María Ayala de la Torres, que fue Abogado del Estado de la Agencia Tributaria y ahora trabaja en su propio despacho, y ha presentado un escrito ante Hacienda para quejarse de que la información que han solicitado, referida a los años 2021 y 2024, coincide específicamente con la causa que ha iniciado el juez Calama. “La simultaneidad no es aquí accidental. El procedimiento inspector se inicia después de la apertura formal de la pieza penal”, indica un segundo escrito presentado en la Agencia Tributaria. El haber iniciado la inspección cuando ya había un juez indagando en los negocios de Zapatero es algo “constitucionalmente vedado”, recuerda el letrado, “toda vez que el orden penal es preferente a cualquier orden jurisdiccional”. En consecuencia, refiere la defensa del expresidente, la Agencia Tributaria está obligada a esperar la finalización del procedimiento en la Audiencia Nacional.
Seguir adelante con este proceso administrativo, dice el escrito, “coloca al obligado tributario en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT [Agencia Tributaria] puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa”.
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