Los pactos autonómicos y la ley de derechos del “no nacido” delimitan la nueva estrategia derechista. Frente a las críticas feministas a la equiparación del feto con un miembro de la familia, los grupos “provida” aplauden y ya piden más
Enero de 2023. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, anuncia que el Gobierno autonómico obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que pretendan abortar que escuchen el latido fetal para que se lo piensen. ¿En qué queda tan mediático anuncio? En un problema para el PP y para Vox. Primero, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), desautoriza a Gallardo. La medida nunca llega a aplicarse. Por el camino, afloran tensiones en el seno del PP y de Vox y entre ambos partidos. Finalmente, el movimiento autodenominado “provida” se declara decepcionado, lo cual no evita que la izquierda disponga de material para acusar a las derechas de querer restringir el aborto.
El episodio queda lejos. Y no solo en el tiempo. También en las actitudes del PP y Vox, que han reducido sus choques por el aborto, un tema sobre el que la formación de Santiago Abascal parte de una postura más dura que la de Alberto Núñez Feijóo. A pesar de este diferente punto de partida, ambas formaciones han encontrado una forma común de aproximarse a un asunto incómodo, en el que se enfrentan al desafío de cortejar al votante más conservador minimizando costes en los sectores más liberales del electorado derechista, sobre todo entre las mujeres .
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El marco común se basa en eludir la restricción al aborto y centrarse en el fomento de la “natalidad” y la “maternidad” y en el reconocimiento de “derechos” del feto. Este paso lo ha dado en una ley el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que Feijóo anunció este lunes que pretende implantar a nivel nacional . La nueva norma, que Vox apoya, valida una idea básica del movimiento antiabortista: que el feto es una persona con derechos.
Desde el sector provida ya advierten de que la premisa aceptada por Feijóo debería empujar hacia la tipificación del aborto como un delito. “Si un hijo lo es desde la concepción, no es posible que exista una ley que despenalice o dé derecho a quitarle la vida. Es cuestión de coherencia, justicia y humanidad”, afirma en declaraciones por escrito Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida , creada en 1977 y que aglutina a 32 colectivos.
La “cultura de la vida”
Aunque la palabra “aborto” no aparece en los pactos de gobierno de las dos fuerzas derechistas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, sí lo hacen numerosas medidas que pueden contribuir a evitarlo. Ahí el PP y Vox han encontrado una hoja de ruta compartida. El acuerdo andaluz recoge la aprobación de una “ley de familia” para “fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia”. El Gobierno del presidente Juan Manuel Moreno (PP) y el vicepresidente Manuel Gavira (Vox) añadirá “campañas de sensibilización y apoyo a la maternidad y a la vida como un bien social, procurando así que la cultura de la vida se vea reflejada” en sus políticas. La Junta pondrá en marcha además un “Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada” que garantice “la información necesaria” en el “acompañamiento” a las “parejas”. El Ejecutivo aprobará también un “Plan de Apoyo a la Natalidad” con todo tipo de medidas, sobre todo fiscales.
El pacto andaluz es el que más se extiende en esta materia. Pero en los demás también está presente. De hecho, el extremeño ya preveía una “ley de familia” para “fomentar la natalidad” en los mismos términos que después recogería el andaluz. El Ejecutivo de la presidenta María Guardiola (PP) y el vicepresidente Óscar Fernández (Vox) se compromete a aprobar, desde el primer presupuesto, más ayudas para fomentar la “natalidad”.
En Aragón no habrá ley específicamente dedicada a “la familia”, pero el gabinete encabezado por Jorge Azcón (PP), con Alejandro Nolasco como hombre fuerte de Vox, también prevé una reforma de la legislación del medio rural para fomentar la “natalidad”. A ello se agregará un “Plan de Apoyo a la Natalidad”. Un plan con el mismo nombre está previsto en Castilla y León, con Mañueco como presidente por el PP y Carlos Pollán como vicepresidente por Vox. Al igual que en el resto de pactos, la promoción de la “natalidad” se extiende por diversos apartados.
Con todo ello, el PP y Vox evitan las menciones al aborto y las medidas prohibitivas. Lo que hacen los dos partidos es adoptar una retórica que concuerda con la del movimiento antiabortista , con su defensa de la “natalidad” y, en el caso de Andalucía, con una apelación a la defensa de la “maternidad” —no se dice “paternidad”— y la “cultura de la vida”.
“Derechos” del feto
A los cuatro acuerdos se suma la Ley de Reconocimiento del Concebido de la Comunidad de Madrid. Aprobada la semana pasada con los votos a favor del PP y Vox , la norma también se centra en la defensa de “la familia” y la promoción de “la natalidad”. ¿Cómo? Entre otras medidas, otorgando al feto la condición de miembro de la familia, de forma que durante el embarazo esta acceda a las ayudas sociales y beneficios fiscales que le corresponderían si ya se hubiera producido el nacimiento del bebé. Quienes tengan dos hijos pasarán a considerarse familia numerosa antes del nacimiento del tercero.
La ley, aún por publicar, considerará al feto un miembro más de la familia a partir de las 14 semanas, indica la Comunidad de Madrid. No obstante, algunos de los mensajes de la presidenta y su equipo invitan a pensar que la consideración de persona se extiende a la concepción. “El concebido es persona desde el primer minuto, y por eso tiene derechos”, escribió en X Isabel Díaz Ayuso (PP) el día de la aprobación de la norma. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez , publicó en la misma red social que, “según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos”. Es el tipo de argumentación que los opositores más duros al aborto usan para defender su prohibición o su restricción al mínimo. Rodríguez no se molesta en ocultar que se trata de dar la batalla cultural a la izquierda en torno al aborto. “Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”, escribió sobre la ley madrileña.
El concebido es persona desde el primer minuto, y por eso tiene derechos. Madrid es la primera región que así lo reconoce en sus políticas. En defensa de la vida. Y en apoyo a las familias, por las que hay que mirar siempre. pic.twitter.com/pSdbCOOOmE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 2, 2026
El concebido es persona desde el primer minuto, y por eso tiene derechos. Madrid es la primera región que así lo reconoce en sus políticas. En defensa de la vida. Y en apoyo a las familias, por las que hay que mirar siempre. pic.twitter.com/pSdbCOOOmE
En declaraciones a Abc tras aprobarse la ley, María Menéndez, presidenta de la Federación Madrileña de Familias Numerosas , afirmó que ya está trabajando con fuerzas políticas de Aragón y Castilla y León para lograr allí normas similares y que su deseo es que se extienda a España. Dicho deseo, si gobierna la derecha, se cumplirá, a tenor de las posiciones del PP y Vox. Este lunes, Feijóo afirmó en Antena 3 que aspira a implantar una norma similar. Preguntado al respecto en una rueda de prensa, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, mostró su respaldo a la norma, aunque dijo que a su partido le gustaría ir más allá, con medidas como obligar a devolver las ayudas a una familia si tras percibirlas la mujer aborta voluntariamente.
Críticas desde el feminismo
En el campo feminista, los movimientos del PP y Vox generan preocupación. La ley adoptada por Feijóo, con su reconocimiento de “derechos” al feto, “sienta un precedente para generar imaginarios culturales” que más adelante llevarán a cambios legales para restringir el aborto, afirma Sílvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos , con sede en Barcelona, en línea con lo expresado por otras voces del movimiento feminista, como Mujeres Jóvenes, pero también del sindical, como CC OO y UGT.
En cuanto a los pactos autonómicos, Aldavert conecta sus medidas “pronatalidad” con la defensa de la “prioridad nacional” , al incorporar la “maternidad” como una “política de Estado” destinada a evitar el supuesto “reemplazo” de la población autóctona. Además, concluye, el apoyo a la maternidad se presenta dentro del apoyo a “la familia”, con lo que las mujeres “retroceden como sujetos políticos” e incluso como “receptoras de ayudas”.
Satisfacción y exigencias “provida”
La primera reacción del movimiento “provida” indica que el enfoque del PP y Vox, lejos de colmar sus expectativas, las ha animado. Alicia Latorre, presidenta de la federación Provida, se muestra favorable tanto a los acuerdos autonómicos de ambos partidos como a la ley madrileña, pero en los dos casos pide más.
Sobre los pactos, “deben complementarse” con otras medidas como “la ausencia de adoctrinamiento”, afirma. Con respecto a la ley, se da “un paso” de “sentido común”, afirma Latorre, pero reclama dos más en “coherencia” con el ya dado. El primero, que se elimine cualquier ayuda pública al aborto. El segundo, “legislar sin miedo para proteger siempre y en toda circunstancia cada nueva vida”. El presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, celebró el anuncio de Feijóo, pero también le pidió más ambición. “España necesita una ley que proteja el derecho a la vida desde la concepción”, declaró a Europa Press. El grupo Hazte Oír también considera las medidas acordadas por el PP y Vox y la ley madrileña como avances producto de la “presión social”, pero insuficientes. “Hay que exigir más, no conformarse con gestos”, sostiene la asociación integrista.
Medidas “vendibles”
Javier Lorente, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, encuentra una lógica electoral en el “natalismo” que comparten el PP y Vox tanto en sus acuerdos autonómicos como en la ley madrileña. En un sociedad crecientemente secularizada , estas medidas son mucho más “vendibles” que cualquier debate en términos de “aborto sí, aborto no”, más aún que cualquier “restricción de derechos”, que expondría a la derecha a una importante penalización electoral entre sectores moderados y mujeres, señala.
“Centrándose en dar derechos a quienes deciden no abortar, probablemente se reconcilien con el votante conservador sin generar miedo o rechazo en el progresista”, añade el investigador, para quien todas estas iniciativas están más pensadas para la contienda política que para la gestión, ya que tendrán “una utilidad práctica baja”.
El enfoque “natalista”, añade Lorente, conecta además con facilidad con el discurso “nativista”, que defiende la multiplicación de los nacimientos de nacionales para contrarrestar el incremento de la inmigración. “Así que estas medidas pueden ser atractivas no solo para el votante religioso, sino también para el votante nativista de la derecha radical”, expone. Y todo ello, recalca, dejando menos margen a la izquierda y el feminismo para la crítica que el que dejaría la restricción u obstaculización del aborto.
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