La cifra se basa en una “catástrofe natural grave” de un impacto total estimado de 4.318 millones de euros
El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una cifra de 120,55 millones de euros para ayudar a España tras los graves incendios forestales de 2025. La suma procede del Fondo de Solidaridad europeo y se justifica como “catástrofe natural grave” con un impacto económico que el Gobierno estimó en 4.318 millones en total. La oleada de fuegos se centró en Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias y requirió la movilización de efectivos autonómicos, estatales y comunitarios. Los incendios “produjeron daños medioambientales, sociales y económicos graves y destrozaron los medios de subsistencia de muchos ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales”, según el documento explicativo ratificado por Estrasburgo, que incide en que “muchas personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares”. La crisis provocó ocho muertos, añaden. España recibe así el 12% del presupuesto anual europeo previsto para las labores de recuperación para emergencias como esta.
El hemiciclo ha validado por mayoría, con 642 parlamentarios a favor, 13 en contra y una abstención, una propuesta que respaldó la semana pasada la comisión de Presupuestos y que incluye también 14,34 millones para Rumanía, que sufrió importantes inundaciones, y otros 9,21 millones para Chipre, también por incendios el pasado verano. España ya recibió de forma anticipada 30,1 millones para las primeras necesidades tras la crisis de incendios. La partida se divide en 52,61 millones para “la limpieza de las zonas siniestradas”, mientras que el “restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras y el equipamiento en los sectores del agua y las aguas residuales, las telecomunicaciones, la enseñanza y los transportes, así como el patrimonio cultural” obtienen 29,44 millones. “La puesta a disposición de alojamientos provisionales y de servicios de auxilio” acarrea 39,05 millones.
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El criterio para proporcionar estas subvenciones radica en que, si un Estado miembro las solicita tras una “catástrofe natural grave”, se calcula de este modo: primeramente, se asigna el 2,5% de los daños directos totales por debajo del umbral máximo, equivalente a un máximo de 3.000 millones o el 0,6% del PIB, y aparte un 6% sobre la parte de los daños directos totales que supere el umbral, rebasado en España al calcular 4.318 millones en perjuicios. Este Fondo de Solidaridad aportó 946 millones después de la dana sobre la Comunidad Valenciana de 2024, el 81% previsto para aquel ejercicio, suma solo superada por las ayudas a Italia tras los terremotos de 2017.
El grueso de la financiación comunitaria del año pasado para estas emergencias recae en España, donde en 2025 ardieron 393.079 hectáreas, equivalente al 38% del territorio abrasado en la Unión, donde se perdieron 1.033.966 en todo el año pasado. El inicio de 2026 ratifica esta tendencia en la que España lidera las estadísticas de superficie afectada: en el primer semestre, sin contar esta primera semana de julio con múltiples incendios en Girona, Castellón, Cádiz o León, se han carbonizado 50.384 hectáreas, según el sistema europeo Copernicus, el 39,8% del total europeo, que acumula un 50% más de territorio afectado. España también lidera la cifra de fuegos, con 300, seguida por los 275 de Francia.
La Unión ampara las ayudas a España y Chipre en que “la temporada de incendios forestales de 2025 fue la más devastadora jamás registrada”. El Eurogrupo expone que “durante el verano de 2025, España sufrió una combinación de sequía prolongada, olas de calor extremas y tres oleadas de incendios forestales graves” en la que “se registraron, como mínimo, 243 incendios forestales en 16 comunidades autónomas”, entre las cuales se repartirán los Fondos de Solidaridad en función del impacto padecido. Los responsables de asignar estos recursos financieros inciden en que España atravesó tres oleadas de incendios y que la más grave, “la más destructiva”, comenzó el 8 de agosto, después de varias olas de calor y la escasez hídrica sostenida. Entonces se inició un periodo de varias semanas, prácticamente hasta principios de septiembre, en las cuales varias comunidades autónomas, competentes en gestión forestal, se vieron desbordadas por las llamas, en particular Castilla y León y Galicia.
En Castilla y León se devastaron 138.538 hectáreas, siete veces más que la media, con 23 grandes incendios y en particular 17 en el oeste de la comunidad, con episodios críticos en espacios patrimoniales como Las Médulas (León), víctima de los focos en los primeros días de la oleada. En Galicia ardieron 118.966 hectáreas con múltiples focos, en particular en Ourense, con muchos frentes simultáneos a los leoneses que abrumaron a los servicios de extinción, que en ambas comunidades demandan mejores condiciones laborales. El Gobierno solicitó ayuda a los países de la UE y obtuvo “aviones y helicópteros contra incendios, bomberos, vehículos, herramientas y maquinaria pesada”.
Los expertos y los bomberos advierten de que estos primeros incendios de la temporada de alto riesgo son un anticipo de una campaña presumiblemente complicada en la que coinciden elementos similares a los del complejo 2025: alto nivel de precipitaciones en invierno que incrementan una vegetación que, con las olas de calor y las elevadas temperaturas de estas semanas, se acaba secando y propicia los focos. Asimismo, el sector de extinción demanda contrataciones todo el año y más formación y recursos para enfrentarse a estas crisis.
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