Bolaños cree que la derecha y la ultraderecha emplean la figura jurídica de forma “espuria” y considera que las medidas cautelares contra Begoña Gómez son innecesarias
El Gobierno insiste en el proyecto de ley —que ya está en el Congreso— para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones dependientes de ellos ejercer la acusación popular. Félix Bolaños defiende esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar el uso “espurio” que organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias o Hazte Oír han realizado en los procesos judiciales de Begoña Gómez y David Sánchez, la esposa y el hermano del presidente. La consecuencia de esta instrumentalización de las acciones legales es, según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el desprestigio de la judicatura, tal y como refleja el último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena Ser. Más del 65% de los españoles considera que el lawfare —esto es, la instrumentalización de la justicia con fines políticos— existe en España. Ese porcentaje se acrecienta entre el electorado progresista: el 87% de los votantes de Podemos, el 84% de Sumar y el 78% de los electores socialistas creen que hay una guerra judicial. Una opinión mucho menos extendida en el PP (59,9%) y Vox (58,9%).
Bolaños ha reiterado su “confianza” en la justicia española a pesar “de algunas pocas resoluciones judiciales que generan daño a la imagen de la justicia”. El ministro ha defendido el Estado de Derecho “con su sistema de recursos y garantías”, que ofrece la posibilidad de recurrir a instancias superiores, pero se ha mostrado comprensivo con el recelo ciudadano detectado por las encuestas “con muy pocas resoluciones que no se entienden”.
El ejemplo concreto que ha puesto ha sido el de las medidas cautelares contra Begoña Gómez, a la que el juez Juan Carlos Peinado retiró el pasaporte, prohibió salir de España y obligó a acudir a un juzgado cada dos semanas tras enviarla al banquillo por cuatro delitos. Antonio Viejo, otro magistrado del mismo juzgado de Peinado, le denegó este lunes el permiso que solicitó para viajar a Turquía para asistir a la próxima cumbre de la OTAN junto a su marido; pero sí le permite acudir al Reino Unido, donde se gradúa una de sus hijas. “Cuando un juzgado dicta medidas cautelares es porque juzga que hay riesgo de eludir la acción de la justicia, y hay cero riesgo porque Begoña Gómez va rodeada en todo momento de agentes. Creo que las medidas cautelares son innecesarias”, ha criticado Bolaños. El ministro ha recalcado sobre esta cuestión que ni Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de justicia, si bien con ambos países la cooperación judicial y policial es “extraordinaria”. Viejo justificó su decisión destacando que Turquía “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional”.
Según 40dB., el 35,9% de encuestados opina que la investigación a Begoña Gómez responde a razones políticas o partidistas, casi un punto más de los que creen que sí existen “indicios jurídicos sólidos”. En el caso del hermano del presidente del Gobierno, a la espera de sentencia por haber sido supuestamente enchufado en la Diputación de Badajoz, un proceso que se ha resuelto por la vía penal cuando lo normal en esos casos es que vaya por lo contencioso administrativo, el 33,7% ve una motivación política frente al 37,4% que considera que había motivos para juzgarle.
El responsable de Justicia ha acusado a la ultraderecha de “judicializar continuamente la política” interponiendo querellas “contra personas por ser progresistas o familia de progresistas, y que en su inmensa mayoría quedan en nada”. “El problema es que la derecha tradicional conservadora utiliza técnicas ultraderechistas”, ha apostillado Bolaños antes de concluir que “por eso urge reformar la acusación popular”. El ministro no ha achacado al Gobierno ninguna responsabilidad en la degradación de la imagen del sistema judicial.
El PSOE registró en enero de 2025 una proposición de ley que impedía a los partidos políticos ejercer la acusación popular. La propuesta también pretendía evitar la admisión a trámite de denuncias basadas en recortes de prensa e incluye la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Los socialistas acumularon críticas de juristas por su propuesta para restringir la acusación popular. Las asociaciones judiciales también mostraron dudas sobre su constitucionalidad y la iniciativa se guardó en un cajón.
Preguntadas por la contradicción que supone que el PSOE no renuncie a personarse en juicios de calado político que afecten al PP o Vox, fuentes de La Moncloa mantienen que es necesario regular la acusación popular y que el PSOE está dispuesto a renunciar a esa figura, pero que no lo hará en solitario. “Claro que los partidos no debieran ser parte acusadora, porque se está politizando la justicia de manera evidente. Ahora bien, encima de que estamos en un desequilibrio brutal, no vamos a renunciar solo nosotros”, observa un alto miembro del Ejecutivo. “Mientras la ley vigente siga aplicable, nosotros nos renunciaremos, pero nuestra propuesta está escrita negra sobre blanco”, sentencian.
El trabajo demoscópico de 40dB. establece que el 28% de la población cree que el lawfare se ejerce “principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas”. Otro 22,6% piensa que “se usa por igual desde todos los ámbitos políticos”, mientras que el 14,8% entiende que lo padecen principalmente la oposición y las formaciones de derechas.
700 nuevas plazas judiciales
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 700 nuevas plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: 76 para las Audiencias Provinciales, nueve para los Tribunales Superiores de Justicia, siete para el Tribunal Supremo y cuatro para la Audiencia Nacional. En total, la plantilla judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por comunidades, las más beneficiadas son Andalucía (95 puestos), Cataluña (91), Madrid (69) y la Comunidad Valenciana (58).
En cuanto a las 200 plazas de fiscales, Andalucía es de nuevo la más favorecida con 38 puestos, seguida de Cataluña con 35 y Madrid con 32. “Estamos hablando de la mayor transformación de la justicia en décadas. Nunca jamás un Gobierno había aprobado tantas plazas de una tacada, si ha sido posible es por una combinación de reformas estructurales”, ha valorado Bolaños.
El proceso empezará en octubre y es fruto de un pacto entre Justicia, que convoca una oposición para 375 jueces y 200 fiscales, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que oferta 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno (un concurso oposición entre juristas de reconocido prestigio y con más de 10 años de ejercicio).
El órgano de gobierno de los jueces solicitó en junio al Gobierno la creación de seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo. El CGPJ pedía que dos de esas plazas se creasen en la Sala Primera, de lo Civil; dos en la Sala Segunda, de lo Penal; y las dos restantes en la Sala Cuarta, de lo Social. Al final serán siete plazas: la sala Primera, de lo Civil, contará con tres, una más de las que en un principio planteó el CGPJ.
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