La norma madrileña prevé que el embrión sea un miembro más de la familia a efectos administrativos para la concesión de ayudas públicas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que, si llega a La Moncloa, aprobará una ley estatal para dar ayudas públicas al concebido y no nacido inspirada en la del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid . “Cuando una mujer está esperando un hijo, eso tiene que tener reflejo en las ayudas del sector público”, ha expresado Feijóo en una entrevista en Antena 3. “En 2011 lo hice en Galicia, ahora lo ha hecho la presidenta de Madrid. Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión en la familia que le está esperando”, ha afirmado el líder del PP, que hace suya la iniciativa del Gobierno madrileño, celebrada en Madrid por la extrema derecha y cuestionada por la izquierda.
Con la nueva normativa de la Comunidad de Madrid, desde el momento del embarazo, las familias podrán acceder a ayudas que dependen del número de integrantes, como las becas comedor, las de Bachillerato, para escuelas infantiles privadas o el alquiler joven. Y quienes ya tengan dos hijos pasarán a considerarse familia numerosa antes del nacimiento del tercero y accederán así a las ventajas asociadas, como deducciones fiscales o descuentos en el transporte público.
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El concebido no nacido se tendrá en cuenta también en la ley de Ayuso ―que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid― para las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. La ley madrileña considera que el concebido no nacido dará lugar a ayudas públicas a partir de la semana 14 de gestación. Una vez se aplique la nueva normativa, las mujeres embarazadas podrán acceder a las ayudas y beneficios contemplados acreditando su estado de gestación mediante la presentación del correspondiente informe médico, precisa la Comunidad de Madrid en una nota de prensa a falta del texto de la norma.
El Gobierno de Ayuso aprobó hace solo unos días, el pasado 2 de julio, esta controvertida ley del concebido no nacido, clave en el discurso profamilia del PP de Madrid ―“en defensa de la vida”, en sus palabras ― que ha sido sobre todo celebrada por Vox. La norma fue aplaudida por la extrema derecha como “un paso importante”, aunque para el partido de Santiago Abascal todavía insuficiente. La extrema derecha ha avanzado que exigirá incluir en ella la “prioridad nacional” y presiona al PP para que vaya más lejos reconociendo al nasciturus , para que no sea solo “un reconocimiento parcial, limitado o meramente instrumental”, dijo la diputada Belén González durante el debate en la Asamblea de Madrid. Los ultras quieren ir más lejos y dar personalidad jurídica al concebido no nacido, algo que la ley madrileña no hace porque, entre otras cosas, no tiene competencias para ello, ya que implicaría una reforma del Código Civil. Es reconocimiento tendría consecuencias en muchos más ámbitos y, sobre todo, en el derecho al aborto porque podría abrir la puerta a prohibirlo.
La iniciativa de Ayuso que ahora hace suya Feijóo es un ejemplo claro de la llamada batalla cultural contra la izquierda y busca competir con Vox en las políticas natalistas. El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, reveló ese propósito en un mensaje en las redes sociales, en el que dijo: “Ley de Ayuso del concebido no nacido. Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. Pese a las palabras de Rodríguez sobre el momento de la concepción, la Comunidad de Madrid precisa que se tendrá en cuenta al nasciturus a efectos administrativos tras la finalización de la semana 14 de gestación.
Madrid se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en establecer este reconocimiento del concebido no nacido con carácter general, ya que la normativa vigente en Galicia, a la que se ha referido Feijóo, incluye una previsión similar, pero mucho más acotada.
La normativa gallega, aprobada en 2011, contempla beneficios a partir de la semana 21 de gestación, algo más tarde que la madrileña, y permite a las embarazadas acceder a la tarjeta provisional de familia numerosa. El embarazo también se tiene en cuenta para la ponderación de los ingresos de la unidad familiar en la consejería de Vivienda y para el acceso a una ayuda económica para adquisición de productos de primera necesidad para el bebé.
Ahora, el líder del PP afirma que hace suya la política de Ayuso y que, si llega al poder, la extenderá para todo el país. La ponencia política del PP aprobada en el congreso nacional de julio del año pasado ya contemplaba una apuesta en ese sentido ―“creemos que el concebido no nacido debe ser tomado en consideración para acceder a beneficios familiares”, dice el texto―, pero no ha sido hasta ahora, un año después y coincidiendo con la aprobación de la norma madrileña, cuando el PP ha anunciado su intención de aprobar una ley para toda España.
Fuentes de la dirección popular han evitado dar detalles de esa futura ley estatal, ya que aún está en elaboración y no se prevé presentarla hasta después del verano. Génova no precisa, por tanto, si tomará como referencia las 14 semanas de gestación de Madrid o las 21 de Galicia, y qué ocurriría con las ayudas en caso, por ejemplo, de que el embarazo no llegara a término.
Vida prenatal y persona
En España, la personalidad jurídica se adquiere “en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”, según establece el artículo 30 del Código Civil. Es decir, que el concebido no nacido, aunque se le reconozcan efectos administrativos (para la concesión de ayudas), no pasa a ser una persona con derechos propios y con personalidad jurídica. Para que eso fuera así habría que reformar el Código Civil, que es una ley orgánica, pero en todo caso chocaría con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha sostenido en su jurisprudencia que el concebido merece protección constitucional porque la vida prenatal es un bien jurídico protegido, pero no es titular del derecho fundamental a la vida en los mismos términos que una persona nacida.
En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del PP a la ley de plazos del aborto, que avaló la norma en mayo de 2023, el tribunal de garantías afirma que la vida prenatal no queda desprotegida por el aval que ha dado a la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Pero además, esa sentencia muy reciente deja muy clara la diferencia entre vida prenatal y persona. En este sentido, el texto subraya que el tribunal “ha afirmado de forma inequívoca que la titularidad del derecho a la vida proclamado por el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido y cuentan, por el hecho del nacimiento, con personalidad jurídica plena, sin que quepa extender esta titularidad a quienes han sido concebidos pero todavía no han nacido”. Tras la sentencia sobre la Ley de plazos, Feijóo anunció que la respetaba y que, en consecuencia, el PP no derogará esa norma si llega al poder.
Pocos países europeos tienen leyes que protejan al concebido no nacido o le tengan en cuenta para ayudas públicas. El ejemplo más parecido es el de Polonia. La legislación polaca ya era de las más restrictivas de Europa, pero tras la sentencia de su Tribunal Constitucional de 2020, que afirmó que la protección constitucional de la vida alcanza al niño no nacido, el aborto quedó básicamente limitado a peligro para la vida o salud de la mujer y embarazo derivado de determinados delitos. Por norma general, en países con una fuerte protección constitucional del nasciturus hay una regulación del aborto claramente más restrictiva que la española.
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