El agitador asegura que la orden de busca y captura fue “la primera noticia” que tuvo sobre esta nueva causa en su contra
El agitador Vito Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles, se ha presentado este viernes por la mañana junto a su abogado ante la juez que ordenó detenerlo tras faltar a dos citaciones en la causa donde le investiga por un presunto delito contra el honor por difundir un bulo contra un empleado público . Su defensa asegura que “la primera noticia” que tuvo de este nuevo frente judicial fue por la prensa. Tras ello, la orden de busca y captura ha decaído y la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, le ha citado otra vez para el 20 de julio a las 12:45 horas para que declare como imputado por estos hechos.
Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que Quiles ha acudido junto a su letrado, Juan Gonzalo Ospina, para hacer acto de presencia y quedar formalmente personado en el procedimiento judicial. Lo hacía sobre el mediodía, a pesar de que posteriormente (a las 13:30 horas) publicaba un mensaje en la red social X donde anunciaba que iría por la tarde: “A las 17:00 horas acudiré a los juzgados de Plaza de Castilla con mi abogado”.
Este mismo viernes, su defensa había presentado un escrito donde pedía dejar sin efecto la orden de detención, esgrimiendo que se había enterado de esta nueva causa, así como de las dos citaciones dictadas en el marco de la misma, “exclusivamente a través de distintos medios de comunicación”. “Si, como aparentemente se indica, hubieran existido intentos previos de citación, los mismos no llegaron al conocimiento de mi representado ni de los profesionales que suscriben el presente escrito”, afirmaba Ospina. De todas formas incidía en que se trata de una medida desproporcionada, dado que Quiles “tiene domicilio perfectamente conocido, es una persona pública y de fácil localización y ha comparecido voluntariamente mediante abogado y procuradora”. Sobre esto último, el letrado recordaba que él mismo fue a los juzgados de Plaza de Castilla el jueves para que le informaran de la causa abierta contra su cliente.
Fuentes jurídicas explican que la orden de busca y captura ha decaído automáticamente en el momento en el que el agitador se ha puesto físicamente a disposición de la instructora. No obstante, Freire ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, donde la deja sin efecto y cita a Quiles para las 12:45 del 20 de julio, avisándole de que “una nueva incomparecencia injustificada podrá dar lugar a su detención”.
Quiles se encontraba en paradero desconocido desde que el miércoles la Policía intentara arrestarlo en su “último domicilio conocido”, la sede física del canal de YouTube EDA TV. Freire ordenó detenerlo después de que el joven faltara a hasta dos llamamientos judiciales ―el 9 y 25 de junio― para que prestara declaración por una nueva querella. Fue el propio agitador quien anunció la orden de busca y captura en sus redes sociales. Desde entonces, ha utilizado la situación para conectarla, sin prueba alguna, con sus posiciones políticas. “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de [Pedro] Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción”, escribió en X. Horas más tarde publicó un vídeo en el que decía que la Policía le buscaba para detenerlo, pero “nadie sabe por qué”.
“No nos han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar”, añadió. Y, posteriormente, anunció que no pensaba entregarse “al Gobierno de Sánchez”. Desde entonces, la confusión ha sido total. A través de sus redes sociales, se ha jactado de la situación, publicando una fotografía de él en una piscina junto a un mensaje donde invitaba al Gobierno a ir allí a “refrescarse” ―“Invitados están”―; y confirmando que el gabinete del presidente argentino, Javier Milei, le había ofrecido asilo político en la Embajada de Argentina en Madrid.
En estos días, el agitador ha insistido en lanzar la idea de que es víctima de una persecución política. “Me pregunto si es normal que en una democracia consolidada, la Policía vaya a la casa y a los puestos de trabajo de los periodistas a llevárselos por delante simplemente porque son incómodos al Gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez”, planteaba. Y, en la misma línea, apuntaba: “Desde que pregunté a la mujer del presidente del Gobierno [...], Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mí y no han parado hasta intentar arrestarme. Y eso es lo que quiere el Gobierno, la foto de mi arresto, y evidentemente no se la vamos a dar”. De esta forma se refirió al día en que abordó a Begoña Gómez en el interior de un restaurante cuando se encontraba con unas amigas. La mujer de Sánchez denunció a Quiles ante la justicia por un presunto delito de agresión. La denuncia fue archivada finalmente porque, según el juez, “no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal”.
El origen de la causa por la que el agitador debe responder ahora ante Freire son unas intervenciones en Telegram y TikTok donde, “de forma absolutamente falsa”, acusó a un empleado público de un delito grave, asegurando que había estado en prisión y que “habría salido de la misma por la intervención directa de la vicepresidenta segunda del Gobierno”, Yolanda Díez. Según transmitió Quiles, la líder de Sumar también contrató a este hombre en el Ministerio de Trabajo.
La querella, a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que “tales manifestaciones son radicalmente falsas”, reivindicando que ”es empleado público desde 1985, con una trayectoria profesional intachable, siendo una persona anónima, ajena a la exposición mediática", cuya reputación “personal y profesional” ha quedado “gravemente dañada” por las publicaciones de Quiles, debido a su “gran capacidad de difusión pública e impacto social”. Por eso, no solo le achaca un delito contra el honor, sino que le reclama 50.000 euros por “daños morales y profesionales”.
Pendiente de otras cinco causas
Quiles está envuelto en al menos cinco causas judiciales. En mayo, Renfe emprendió acciones legales contra él por un presunto delito de estafa relacionada con el uso indebido de billetes de pasajero. La causa la instruye un juzgado de Alicante.
También está encausado por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo durante cinco años.
Otro proceso en un juzgado de Madrid se refiere a un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble , días después del gran apagón del 28 de abril de 2025.
Además, está encausado en un proceso en Sevilla, por un presunto delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez.
Quiles también ha sido protagonista de otras causas, que han resultado archivadas, como la denuncia presentada en mayo por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un acoso cuando se encontraba en un restaurante , u otra denuncia por presunto acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado en marzo. El Congreso le retiró en mayo y durante tres meses la acreditación de prensa, tras haber grabado con su móvil y luego emitido imágenes en diciembre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona de la Cámara no permitida para ello, aunque acumula otras denuncias.