Su declaración ante la Guardia Civil se incorpora a la causa en la que se investiga la presencia de 14 exetarras en Venezuela
Un arrepentido de ETA se ha convertido en testigo protegido para aportar a la justicia información sobre el funcionamiento interno de la cúpula de ETA y, en concreto, sobre el supuesto control que la misma ejerció hasta la disolución de la banda en 2018 sobre los militantes que se refugiaban en terceros países, según revelan documentos judiciales. El exetarra, al que se identifica en los informes de la Guardia Civil con el código alfanumérico TP-GC-003-DI-9/23 para mantener su anonimato, aseguró ante los dos agentes que recogieron su testimonio que daba ese paso porque quería “colaborar con la justicia”. En su declaración, realizada en junio de 2023, el antiguo terrorista describe con detalle cómo era la estructura de mando de la organización y sus aparatos internos.
Este testimonio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se ha incorporado recientemente a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional desde 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK en sus siglas en euskera), un órgano subordinado a la dirección de la extinta organización terrorista y que esta supuestamente utilizaba para someter a “control” a los etarras asentados en terceros países . En esta causa, impulsada por la Fiscalía y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) como acusación popular, ya hay siete imputados y se indaga sobre la posible presencia en Venezuela de 14 miembros huidos de la organización terrorista , entre ellos Iñaki de Juana Chaos y el exjefe etarra José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo .
La declaración del arrepentido se produce después de que la Jefatura de Información de la Guardia Civil, encargada de la lucha antiterrorista, haya convertido “la localización de antiguos miembros de la extinta organización terrorista” que estén dispuestos a “colaborar con la justicia de forma voluntaria y desinteresada, y que pudiesen aportar datos e informaciones con base en su experiencia y conocimiento propio” en “una de las principales tareas indagatorias” de los últimos años para esclarecer atentados que siguen sin autor conocido, según se recoge en un informe del pasado septiembre incorporado a esta causa. El interés de los investigadores se centra, sobre todo, en aquellos que hubiesen formado parte de “comandos armados” o que hubiesen “tenido contacto directo o indirecto con dirigentes de ETA (ya fuese en calidad de miembros de sus principales estructuras directivas o de sus principales aparatos o subaparatos)” de la banda. Para ello, ha puesto el foco en “antiguos militantes de ETA que fueron expulsados de la organización terrorista por diferentes motivos” y en aquellos que “una vez cumplieron su condena decidieron desvincularse de la organización”, detalla el mismo documento.
De hecho, no es la primera vez que exmiembros de ETA se convierten en testigos protegidos y facilitan información en causas abiertas en la Audiencia Nacional. En marzo de 2023, otros dos antiguos etarras decidieron dar el mismo paso. Uno de ellos había estado integrado en un comando legal (formado por miembros no fichados y que atentan mientras aparentan seguir con su vida habitual) desde 1993 hasta que fue detenido en 2001. El segundo pasó por la organización terrorista en los años 80. Sus testimonios se incorporaron a, al menos, nueve causas , entre ellas los sumarios reabiertos por el atentado contra Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado en julio de 1997 , y por el crimen de Gregorio Ordóñez, edil popular de San Sebastián, a quien un comando de ETA mató de un disparo en la nuca en 1995.
Sin embargo, ninguno de ellos estuvo tan cerca de la dirección de la organización terrorista como este último arrepentido, quien, según detalló él mismo a la Guardia Civil, entró en la banda armada a “finales de los años 70” para integrarse en un comando y pasar a mediados de los años 80 a asumir “otro tipo de funciones distintas” durante 10 años hasta finalmente refugiarse en un tercer país. De hecho, el informe del instituto armado destaca que su testimonio muestra un “profundo conocimiento de la estructura y el funcionamiento de la organización terrorista” y, en especial, sobre el órgano que “se encargaba del control y gestión de los ‘refugiados’, deportados y huidos de ETA ubicados en el extranjero”.
Según su declaración, en los años que él estuvo integrado en ETA, esta contaba con una “dirección” integrada por 12 personas, de las que cinco formaban el “Comité Ejecutivo” de la banda, el denominado Zuzendaritza Batzordea (Zuba). Estos últimos dirigentes eran “quienes agilizaban esa toma de decisión o procesos para realizar ciertas acciones de relevancia, tipo acciones terroristas, secuestros, atentados, etcétera”, según destaca. En su testimonio, el exetarra añade que la organización contaba con varios aparatos ―menciona el “político”, el “militar”, el “internacional” y el “logístico”―, así como varios departamentos dependientes de estos, entre ellos uno de cursillos ―“que nos enseñaba a hacer bombas y manipular artefactos”―, otro de zulos, el de mugas (fronteras) y el denominado manguis , “que se encargaba de robar vehículos”.
En esta estructura, el testigo protegido da especial relevancia al denominado aparato internacional, responsable de comprar armas, explosivos y otro material, así como de la falsificación de documentación y la gestión de visados para los refugiados que marchaban a otros países. “El que llevaba este aparato en mi época era Josu Ternera”, asegura el exetarra, en referencia a José Antonio Urrutikoetxea, dirigente de la extinta ETA actualmente en Francia bajo control judicial a la espera de que se resuelva su situación legal en este país y se decida sobre su entrega a España.
Según el arrepentido, dentro del aparato internacional existía un denominado “Comité de Deportados” encargado de controlar a los etarras ocultos en terceros países. “Nos marcaban nuestro comportamiento y día a día. Nos hacían hincapié [en] que mantuviéramos cierta compostura en el extranjero y que mantuviéramos la cohesión con la organización, ya que en cualquier momento ETA nos podría pedir que volviésemos”, señala el exetarra arrepentido antes de detallar que “en algunas zonas” había un responsable de los deportados que se encargaba de informar a la dirección de la banda en el sur de Francia “de los malos comportamientos de los refugiados de cara a su expulsión”. También era esta persona la que “manejaba el dinero procedente de la organización para sufragar gastos de los refugiados y deportados”, añade.
Según su relato, ese control sobre los etarras ocultos en el extranjero, que era más o menos estricto según el país de residencia, se extendía a otros ámbitos más allá del económico. “Si alguno quería regresar [a España o Francia], solo podía hacerlo por necesidades de la organización”, señala el arrepentido, que asegura conocer el caso de cuatro etarras que retornaron de los países de refugio para integrarse en comandos. Eran los denominados dentro de la banda, “procesos EH”. Y añade que si, por el contrario, uno quería desvincularse de ETA, no lo podía hacer completamente, ya que la banda le asignaba “el rol de simpatizante” para que siguiera “haciendo funciones de infraestructura”. El arrepentido asegura que los refugiados también recibían una vez al año visitas de abogados y miembros de la izquierda abertzale durante las que les preguntaban por su situación personal y por si conocían “alguna actitud díscola o disidente” entre los etarras. “Estas personas, incluso, pueden decirse que ejercían una función tipo de ‘comisario político”, añade.
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