La Audiencia Nacional también cita a declarar como investigado a un antiguo alto cargo de Adif
El magistrado Ismael Moreno, instructor del caso Koldo , ha imputado a Jésica Rodríguez, antigua pareja de José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez y condenado a 24 años de cárcel por el caso mascarillas . El juez ha dado este paso a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que el Tribunal Supremo considerase probado que la mujer fue enchufada en varias empresas públicas. Ismael Moreno la ha llamado a declarar como investigada el próximo 20 de julio; al igual que a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, y a Joseba García, hermano de Koldo García.
Este movimiento es fruto de la resolución del Supremo , que castigó con elevadas penas de prisión a José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García. La sentencia abría la puerta a nuevas imputaciones, como subrayó la Fiscalía. El fallo del alto tribunal resaltaba, por ejemplo, la “no descartable y potencial responsabilidad” de la propia Jésica Rodríguez, contra quien la causa no se había dirigido hasta ahora, como recuerda el ministerio público. La trama puso a la pareja de Ábalos a sueldo de las compañías Ineco y Tragsatec, además de costearle un piso.
“En el proceso de contratación de Jésica Rodríguez participaron otras personas”, añade el escrito de Anticorrupción enviado al juez Ismael Moreno. Según la Fiscalía, no solo Koldo García e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ya imputada por el enchufe. Sino también Joseba García, hermano del asesor del ministro; e Ignacio Zaldívar —ambos citados ahora como investigados para declarar por estos hechos—. Sobre este último, Anticorrupción destaca que “procuró” el aterrizaje de Rodríguez en Tragsatec y, según la sentencia del Supremo, llamó a una responsable cuando hubo sospechas, con el objetivo de “intimidarla” para que “dejaran en paz a Jésica Rodríguez, precisándole que el ministro había hablado con la presidenta de Adif para mostrarle su desagrado por la situación generada”.
En su dictamen, los magistrados del alto tribunal añadieron: “El proceso de contratación de Jésica Rodríguez fue impulsado directa y decisivamente desde la presidencia de Adif, por iniciativa e indicación de Ábalos y bajo el control y la supervisión de Koldo García, quien se encargó de su rápida tramitación”. En esta línea, el Supremo identificó a Rodríguez como beneficiaria de los delitos de tráfico de influencias y malversación —por los que ahora se le imputa—. Ábalos no solo se ocupó de que tuviera un techo bajo el que vivir, sino también una nómina pública. Según contó en el juicio, le dijo que le vendría bien trabajar mientras terminaba sus estudios universitarios. Y el Supremo considera probado que la colocó en dos empresas públicas, Ineco primero y Tragsatec después, de las que cobró 34.450 y 9.500 euros, respectivamente, entre 2019 y 2021. Los magistrados subrayaron que el entonces ministro tuvo ayuda: la de Koldo García, que hizo las gestiones necesarias; la de su hermano Joseba, que sirvió de tapadera del absentismo laboral de la joven; y la de Isabel Pardo de Vera, que siempre ha defendido su inocencia .
El caso Koldo , que arrancó cuando Ábalos era diputado y se encontraba aforado, quedó dividido entre el Tribunal Supremo (que asumió las pesquisas de la trama de mascarillas relativas al exministro, a su asesor y al comisionista Víctor de Aldama) y la Audiencia Nacional (que se quedó con la parte que salpica al resto de sospechosos, así como nuevas líneas de investigación que brotaron, como el cobro de presuntas comisiones a cambio del amaño de obra pública).
Esta circunstancia ha generado una inusual situación: la máxima instancia judicial de España ya ha condenado a los cabecillas y ha declarado acreditados unos hechos que implican a terceras personas. Pero las consecuencias van mucho más allá e impactan en la causa que dirige el juez Moreno en la Audiencia: “La Sala de lo Penal del Supremo ha declarado como probados hechos que guardan una íntima conexión con los aquí investigados, lo cual ha de tener unas indudables consecuencias a la hora de tratar de determinar las eventuales responsabilidades penales”, avisó Anticorrupción al instructor al reclamar la imputación de Jésica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar. Una petición que ha obtenido luz verde, según consta en una resolución firmada este viernes.
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