1.170.000 solicitudes se han presentado en este proceso que, entre otros sectores, avala la patronal: “Necesitamos gente y lo lógico es que tengan papeles”
La migración no es solo un frente político en el que izquierdas y derechas cruzan sus espadas, es también y sobre todo una herramienta económica crucial que en países como España ayuda a explicar el 47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025 o un crecimiento per cápita del 14% al 24% prácticamente en el mismo periodo. Estos cálculos del centro de análisis Funcas y del Banco de España son los que enarbola el Gobierno cuando acaba de cerrarse el plazo de peticiones para la regularización extraordinaria de extranjeros con más de 1,3 millones de solicitantes que esperan trabajar y vivir en este país con sus derechos y obligaciones. La cifra, muy por encima de la que se barajó en un principio, se toma en el Ejecutivo como “un éxito”, palabras que vienen avaladas por el alto consenso social que ha alcanzado este proceso. Sindicatos y patronal tienen un solo discurso: la migración es necesaria en España en este momento. “ Tenemos un problema de vacantes altísimo ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos gente, y necesitamos gente preparada, por eso hay que hablar también de formación”, dijo este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Los inmigrantes y refugiados que han pedido la regularización estaban ya en España, algunos de ellos por varios años, y la gran mayoría trabajaba en negro, por lo que se da por hecho que el 14% de las cotizaciones de extranjeros a la Seguridad Social que se registran en la actualidad se incrementarán sustancialmente. Pedro Sánchez lo ha interpretado también, a futuro, en términos que resultarían negativos de ganar la teoría de la expulsión de inmigrantes: En 2050, ha dicho, “España tendría un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares y 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas”. Esa es la razón de que las altas cifras de solicitantes de regularización se compensen con un plan de integración que ha previsto 505 millones de euros para 2026 que se destinarán a elevar en 100.000 las plazas de Formación Profesional, al aprendizaje de idiomas oficiales, a programas de inserción laboral, acceso a la vivienda y, sobre todo, a reforzar los servicios públicos, como la sanidad o la escuela, que suelen tensionarse en determinadas zonas con mayor población migratoria.
“Mucha gente trabajaba sin papeles y lo lógico era que los tuviese. Así, esa actividad pasa a economía real y eso tiene un reflejo en el empleo y económico”, ha dicho Garamendi. Y la responsable de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Ángela de Miguel, no ha sido menos elocuente: “El problema de vacantes y falta de personal se multiplica por dos en la empresa pequeña y hay que apoyarla. En concreto, es importante apoyar a las microempresas por la función social que desempeñan en entornos rurales y más apartados. Tienen muchos problemas para crecer por falta de personas de todos los niveles: de titulación baja y con titulación superior”.
No hay más efecto llamada que un país próspero que ofrece trabajo, suelen decir los expertos en migración. Y lo apoyan en datos, como el descenso que experimentaron las llegadas a España entre 2008 y 2014, con la crisis. Después, salvo en tiempos de pandemia, no ha dejado de crecer. “Los convocamos nosotros, los necesitamos. Las cifras de solicitantes de regularización son normales”, dice Juan Iglesias, sociólogo de la Universidad Pontificia de Comillas. “Necesitamos alrededor de un millón de trabajadores al año por nuestra población envejecida. Pero vienen y van, cada año salen alrededor de 450.000 personas”, explica el profesor de Migraciones Internacionales, por eso rechaza la idea del gran reemplazo que suele mencionar la ultraderecha. Iglesias valora el plan de integración presentado por el Gobierno, “porque se necesitan políticas de integración, cohesión social y, por supuesto, reforzar las políticas sociales y los servicios públicos”, dice. Y explica que, si la pobreza en España alcanza a un 15% de la población, entre los inmigrantes llega al 44%. “Ellos ganan un 38% menos que los españoles”.
Los inmigrantes irregulares no son extraterrestres, por utilizar la terminología de Donald Trump. Ese millón de personas que ahora quiere regularizarse son camareras, cuidadoras, cosecheros agrícolas, albañiles y fontaneros, camioneros y limpiadoras domésticas. Poca gente puede decir que no conoce a alguno de ellos y la cifra de solicitudes solo viene a confirmarlo. El secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, dijo el martes: “Ya no se trata de discutir sobre migración sí o no, la discusión es cómo. La discusión es qué ocurriría sin población migrante y la respuesta es que las sociedades europeas se pararían”. Sordo pidió “políticas para gestionar la inmigración”, impedir la explotación laboral y evitar un impacto en los salarios. “Nos va a ayudar a fortalecer el tejido empresarial y los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, añadió su homólogo en la UGT, Pepe Álvarez.
Los instrumentos migratorios que ahora se anuncian, de cohesión e integración, le parecen una música que suena bien a Gemma Pinyol, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y directora de Políticas Migratorias en Instrategies, pero advierte que todo ello “no arregla el mercado de trabajo, se necesitan instrumentos laborales”. La mayoría de los inmigrantes entran en España en situación regular (como turistas), se quedan como irregulares y después se regularizan por arraigo. Ese ha sido el modelo durante décadas. “Ese es el debate, estamos normalizando que las personas que cuidan a gente muy vulnerable también son muy frágiles ellos mismos, que trabajan sin tener su situación regularizada”. Y advierte al empresariado de que si quieren perfiles con mayor formación no los tendrán con los salarios que ofrecen. España no es atractiva para según qué trabajos”, dice.
Solo la oposición de derecha y ultraderecha se ha mostrado contraria a esta regularización extraordinaria que cuenta con el apoyo sindical y patronal, de cientos de organizaciones civiles y el espaldarazo decisivo de la Iglesia católica, con Cáritas como su brazo humanitario y el reciente viaje del papa León XIV sellando el abrazo a los inmigrantes. Las medidas de acoso a los extranjeros han saltado de Estados Unidos a Europa con fuerza y España rema a contracorriente en aguas bravas. Los últimos gobiernos autónomos que han formado el PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León han marcado una agenda de cariz xenófobo, justo en regiones que tienen un gran problema de descenso de población y que necesitan un relevo de gente joven para que no se extingan algunas de las actividades que se desarrollan en esos territorios.
Ahora llega lo más complicado, gestionar ese volumen de solicitudes que, según la plataforma Mercurio, en la que se reciben, casi se acercan a 1,4 millones de personas, algo menos según la cifra confirmada por el Gobierno, 1.170.000 solicitudes. El detalle fino de ir comprobando quién cumple los requisitos y quién no tardará, porque algunas de las solicitudes pueden ser incompletas a falta, por ejemplo, de los antecedentes penales, en los casos en que todavía no se hayan recibido. El Gobierno dará este jueves los últimos datos de los que disponga, pero ya algunos sindicatos, como el CSIF, se han quejado del poco personal destinado a este proceso. “50 trabajadores en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) para más de un millón de solicitudes”, dice el sindicato, y exigen “refuerzos inmediatos para evitar el colapso”. Las comisarías de extranjería también dan signos de agotamiento , es muy difícil obtener una cita para sacar la tarjeta de identificación de extranjero (TIE), fundamental para poder entrar y salir del país, por ejemplo, aunque se están poniendo en marcha planes para que esa cita llegue asignada cuando se informe del permiso definitivo de trabajo y residencia.
Sobre la mejora y la agilización del papeleo de extranjería también habla Gemma Pinyol, pero no por la regularización, sino en general: “Están bien todas estas medidas previstas, pero deben ir más allá, los cambios han de afectar a las estructuras básicas del mercado laboral”, si no las bolsas de irregulares volverán a repetirse. Ese es el debate”, dice.
Como tantas otras políticas en España, la regularización extraordinaria tiene abierto su frente en los tribunales : el reglamento está recurrido ante el Supremo, que ya se pronunció el 22 de mayo contra las medidas cautelares solicitadas, pero aún no ha decidido sobre el fondo. Además, ahora ha abierto la puerta a pedir la intervención de la justicia europea ante las “dudas” de que el decreto aprobado por el Gobierno sea incompatible con las normativas europeas. Si finalmente no consultan en Europa, podrían resolver en unos meses. También el Gobierno tiene tres meses a partir de cada solicitud para aceptar o rechazar la regularización de cada inmigrante. Y un verano por medio.
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