
El PP y Vox reclaman, además, el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Las principales asociaciones de guardias civiles —entre ellas la mayoritaria, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)— han pedido este jueves la dimisión de la directora del instituto armado, Mercedes González, después de que el juez Santiago Pedraz la haya imputado en el conocido como caso Leire Díez . Además, el colectivo mayoritario del cuerpo, que al ser militar no tiene derecho a sindicarse, solicita la dimisión del número dos de la directora de la Guardia Civil, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas: “No pueden continuar ni un minuto más al frente de la institución”, ha zanjado Diego Madrazo, portavoz de AUGC. También el Partido Popular y Vox se han pronunciado a favor del cese de González y han dado un paso más reclamando la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Al colectivo mayoritario se han sumado otras asociaciones, como la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles), que emplea términos más ambiguos, pero que pide, con todo, el cese de González: “Desde nuestra asociación defendemos el derecho a la presunción de inocencia, pero consideramos que la actual directora general solo tiene una salida para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil”.
Jucil, la asociación profesional Justicia Guardia Civil —la más beligerante con el Gobierno—, es más directa, y reclama no solo la dimisión de su directora, sino también la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante una situación “insostenible”. “Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada. Como máxima responsable de la institución, está obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo, ‘el honor es mi divisa’, y dejar el cargo. Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata”, señalan desde la secretaría nacional”, zanjan en un comunicado.
En un comunicado conjunto, los colectivos de mandos —suboficiales, oficiales y cabos— sostienen que, “dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia”, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, “en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando”.
Cuando salió a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que señalaba “al menos” tres reuniones de González con Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE —quien, supuestamente, le pidió iniciar una “investigación interna” contra la unidad—, la AUGC reclamó a Marlaska y a González que rompieran su “silencio”, que, dada la “magnitud” de los hechos, era de “extrema gravedad”. Pero no pedía su dimisión.
La imputación de la directora explica el cambio de opinión de la asociación mayoritaria, que explica que el giro se da por un hecho determinante: la petición de imputación no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción. “Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna”, subrayan.
El PP y Vox también piden la dimisión de Marlaska
El PP ha pedido la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del DAO del cuerpo, Manuel Llamas, después de su imputación, pero también la del ministro del Interior. A través de un vídeo distribuido a la prensa, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que Mercedes González se ha convertido “en la Roldán de Pedro Sánchez”, siempre “con el amparo del ministro del Interior”. Los que “deberían estar persiguiendo delitos”, ha dicho, están imputados por presuntamente haberlos cometido, y esto es “de extrema gravedad” por lo que es exigible su dimisión inmediata.
Vox se ha sumado también a la petición de dimisión de Marlaska en boca de su secretario general, Ignacio Garriga, que ha indicado que “si tuviera algo de decencia”, habría presentado su dimisión y “se hubiera ido a su casa a esperar la más que previsible citación judicial” en lugar de respaldar a la directora de la Guardia Civil.
González admitió el pasado 16 de junio durante una comparecencia en la comisión de Interior del Senado que se reunió con la supuesta fontanera del PSOE, aunque negó haber participado en la trama que, supuestamente, buscaba torpedear investigaciones judiciales y policiales contra el PSOE, con especial hincapié en la Unidad Central Operativa (UCO). “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO [...]; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona”, dijo.
Aunque, como ya había avanzado en un comunicado, reconoció que sí se reunió con la supuesta fontanera: González relató que conoció a la exmilitante socialista cuando esta trabajaba en Correos y ella era la delegada del Gobierno en Madrid. La directora de la Guardia Civil admitió entonces haberse reunido dos veces con Díez (la tercera, señalada por la UCO, no la recordaba). Su primer encuentro en persona fue el 30 de septiembre de 2024, en una cafetería, no duró “más de lo que dura un café”, y en él no se abordó “ningún tema concreto”.
En la última de sus reuniones, según declaró, Díez le planteó la posibilidad de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García, José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. González incidió en que entonces cortó la conversación y le dijo a su interlocutora que lo que le pedía era imposible. “Desde entonces, jamás volví a verla”, zanjó. La UCO sostiene, sin embargo, que sí hubo contactos posteriores, mediante mensajes. Tanto el ministro del Interior como el presidente del Gobierno mantienen su apoyo a la directora tras su imputación .
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