El tribunal declara culpable de fraude y prevaricación al antiguo número dos y consejero de la popular Esperanza Aguirre
La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y consejero autonómico durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre, a dos años y medio de cárcel por delitos de corrupción en su primer gran juicio del caso Púnica . El tribunal, que también le impone ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo considera culpable de fraude y prevaricación. Granados, que se encuentra retirado de la política, se sentó en el banquillo acusado de participar en el amaño de contratos (entre 2004 y 2013) en favor de la compañía Waiter Music para la celebración de festejos en varios municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por los populares.
El caso Púnica es un macrosumario que se abrió en 2014 y que se dividió en más de una decena de líneas de investigación . Desde entonces, se han celebrado cinco juicios sobre la trama; y el exconsejero del PP únicamente ha estado acusado en dos de ellos. En este sobre Waiter Music y en uno anterior, celebrado hace casi una década, donde no se le acusaba del desvío de fondos públicos o adjudicaciones irregulares (epicentro de la causa), sino de haber recibido un chivatazo de un guardia civil sobre las pesquisas. Por ese aviso, Granados fue condenado en 2017 a dos años de prisión , confirmados después por el Tribunal Supremo .
A ese castigo suma ahora otros dos años y medio de reclusión. En esta segunda resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia contra el exdirigente conservador, fechada este miércoles, el tribunal concluye que Granados consiguió tener una enorme “capacidad de influencia” en “órganos” que decidían sobre los contratos públicos, pese a que no “ostentaba formalmente” ninguna “competencia administrativa directa”. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre se erigió así, desde su “posición de poder político”, como un “elemento impulsor y facilitador del sistema” de corrupción urdido para beneficiar al empresario José Luis Huerta, dueño de Waiter Music y fallecido antes del juicio.
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A cambio de los favores, según la sentencia, Huerta regó de regalos al político y le costeó eventos privados. Además de a Granados, la Audiencia Nacional condena a prisión a cuatro exalcaldes del PP: impone cuatro años de cárcel a José Carlos Boza, exregidor de Valdemoro; y dos años a José Miguel Moreno (Valdemoro), María Ángeles Herrera (Ciempozuelos) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio). David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico popular, también resulta castigado con dos años de reclusión. El tribunal absuelve a Esteban Parro y Daniel Ortiz, quienes fueran primeros ediles de Móstoles.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente seis años de prisión para Francisco Granados, pero rebajó su petición a tres años durante el juicio. Además, los magistrados han apreciado la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que ha tardado en celebrarse la vista oral.
“Servicios para el PP”
La sentencia del tribunal, de más de 200 páginas, describe la dinámica corrupta urdida en la Comunidad de Madrid para favorecer a Huerta y a diversos cargos del PP. Los condenados maniobraron para “predeterminar” que Waiter Music o sociedades “controladas” por el empresario obtuvieran los contratos. De esta forma, los conservadores no solo se aseguraban “contar” con una compañía que organizase los festejos, sino que esta les “proporcionaba unos servicios extras a requerimiento” de los propios políticos. Esto se traducía, por ejemplo, en la prestación de “servicios privados para actos del PP” o de “sus miembros”, que “nunca eran facturados”.
“José Luís Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos”, ahonda la resolución de la Audiencia, que incide en que el propio empresario asumía “el coste” en algunos casos; y, en otros, facturaba a los Ayuntamientos “por un importe mayor” al que realmente debía suponer para las arcas públicas. “Granados tenía poder para quitar y poner alcaldes. Muchos le debían a él que les pusiera en las listas”, subrayó la Guardia Civil durante el juicio , cuando destacó la estrecha “amistad” que el dirigente del PP había tejido con el dueño de Waiter Music.
Las ganancias de Huerta fueron enormes, según los cálculos de los jueces. Solo al Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro de la trama y donde Granados había ejercido como alcalde de 1999 a 2003, le facturó casi nueve millones de euros entre 2004 y 2013. Al Consistorio de Ciempozuelos, más de 1,2 millones de 2007 a 2012. Al de Moraleja de Enmedio, otro medio millón en ese mismo periodo. Al de Algete, donde Erguido ejercía como concejal, otros 1,9 millones...
La resolución enumera decenas de contratos amañados: desde fiestas patronales a cabalgatas y carnavales. La sentencia añade que Granados aprovechó igualmente su “posición” dentro del Gobierno de Aguirre para dar adjudicaciones a Huerta que “dependían de la Comunidad”, como el concierto Night of the Proms, que se celebró el 31 de marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Así lo resumen los jueces: “La primera vía de ayuda directa a Huerta para que se llevase a cabo el espectáculo vino dada desde la Consejería de Cultura y Deportes. Así, aprovechando el cargo de consejero que ocupaba Granados y la gran influencia que el mismo tenía dentro del PP de Madrid y del Ejecutivo [autonómico], se trasladó al consejero de Cultura la necesidad de que se llevase a cabo el espectáculo y que el mismo fuese sufragado parcialmente con dinero público”.
“La participación de Granados no se articula como mero inductor ocasional, sino como garante del sistema ilícito, cuya estabilidad dependía de su posición de poder y capacidad de control”, prosigue la terna de magistrados que enjuició esta parte del caso Púnica —Félix Alfonso Guevara, Ana Mercedes del Molino y María Fernanda García—. Y remacha la sentencia: “La posición de Granados fue determinante para establecer las reglas informales de funcionamiento del sistema, garantizar su ejecución a través de cargos interpuestos y evitar interferencias o controles internos”.
Por su parte, el tribunal absuelve también a Carmen Plata, ex directora gerente de la Fundación Arpegio , dependiente de la Comunidad de Madrid; y a Lorenzo del Triunfo, que era cargo de confianza en el Consistorio de Algete (defendido en el juicio por el bufete Ospina Abogados)
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