El ministerio público reconoció, a petición del magistrado, que se produjeron dos encuentros con la presunta ‘fontanera’
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar como testigo al fiscal Diego Villafañe, ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y que fue la mano derecha del antiguo fiscal general Álvaro García Ortiz. Villafañe tendrá que declarar por “al menos” dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo, quien, junto a Leire Díez , formó parte de una supuesta trama para desestabilizar investigaciones judiciales que afectaban al partido y a su entorno. Pedraz ha citado asimismo a la fiscal Beatriz López Pesquera, que también formaba parte de la Secretaría Técnica de García Ortiz y que participó, según el juez, en una de estas reuniones. La acusación popular liderada por el PP había pedido al juez la comparecencia de ambos, y tendrán que declarar el próximo 15 de julio.
El juez Pedraz preguntó por las reuniones entre miembros de la trama y la Fiscalía General después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera varias conversaciones que apuntaban a ello. La Fiscalía reconoció al juez el pasado 10 de junio que Villafañe y López mantuvieron entre marzo y abril de 2025 dos encuentros con la entonces militante socialista y el abogado Teijelo.
Según precisó un portavoz de la Fiscalía General, durante el primero de esos encuentros Teijelo informó de la existencia de “una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal”, mientras que en el segundo, que se produjo unas semanas después, el letrado informó de su intención de presentar varias denuncias ante la Fiscalía relacionadas con esos hechos, aunque no consta que finalmente lo hiciera. El ministerio público aseguró que el entonces fiscal general solo fue informado de estas reuniones “ a posteriori ”.
La acusación popular liderada por el PP también había solicitado la declaración de García Ortiz, así como de otra fiscal adscrita a la Secretaría Técnica y del jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado. Este último, recoge el magistrado instructor, reconoció que no hay un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio. Una vez declaren los fiscales que se reunieron con Díez y Teijelo, se decidirá si son necesarias sus comparecencias, zanja Pedraz.
“Contacto directo” con el fiscal general del Estado
En uno de los informes aportados al sumario del ya conocido como caso Leire Díez, la UCO desliza que la fontanera tenía “contacto directo con una persona a la que se refiere como ‘el FGE”. De no ser así, Díez como poco presumía de ello: “¿Te ha escrito el FGE?”, le dijo Díez a otro miembro de la presunta trama dedicada a buscar información que permitiera desmontar las pesquisas que afectaban al PSOE y al Gobierno. Hace unas semanas, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en la Comisión de Justicia del Senado que “la Fiscalía no se puede entender de ninguna manera vinculada a ninguna trama criminal”.
En febrero de 2025, la exmilitante socialista le escribía a Antonio José Cabrera, el abogado del oscuro comisario jubilado José Manuel Villarejo: “Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”. La trama supuestamente ofreció un trato amable por parte del ministerio público en las causas que tiene pendientes el policía jubilado a cambio de información sobre diversas personas, incluido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Pero, de acuerdo con su propia declaración ante los agentes, cuando el letrado preguntó al fiscal que lleva alguno de sus casos, César de Rivas, sobre una posible reunión, este le respondió que tenía “un teléfono escacharrado”.
Los miembros del ministerio público constituyen, según la UCO y el juez Pedraz, uno de los grandes focos de atención de la trama: de acuerdo con un auto del magistrado, la organización buscó influir en José Grinda, de Anticorrupción, para que archivase “diversas causas judiciales”, y llegó a ofrecer al fiscal 300.000 euros. En una anotación manuscrita encontrada a Díez, la ahora investigada recogía: “300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. Este ofrecimiento se produjo, según Pedraz, en una reunión de Grinda con el periodista Pere Rusiñol en febrero de 2025.
Grinda denunció estos hechos, por los que declaró en noviembre del año pasado ante el juzgado que investiga a Díez por sus tejemanejes. Entonces, el fiscal testificó que un periodista se reunió con él en el mes de febrero y le entregó un folio con la oferta de un puesto en el extranjero a cambio de que manipulara algunos procedimientos y diera información sobre su jefe en Anticorrupción.
“También el fiscal Ignacio Stampa habría constituido una de las líneas de acción”, afirma el juez: en este caso, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se reunieron con él en mayo de 2025 para ofrecerle “cuestiones profesionales”, como su retorno a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, así como personales, como su intervención en un pleito que Stampa tenía abierto. El fiscal también declaró en la causa seguida por estos hechos contra Díez en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid: allí, declaró que ella se presentó como “la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de las irregularidades en los informes policiales y de los fiscales anticorrupción”.
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