
Bolaños recuerda que la Comisión Europa dijo que “España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este miércoles su “absoluta tranquilidad” ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo plantee algunas dudas sobre el proceso de regularización de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, según ha recordado, la Comisión Europea ya dijo que “España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”.
“La Comisión Europea, por boca de sus portavoces, ya ha dejado claro que la regularización no choca con ninguna norma europea y, además, que España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”, ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Ministerio de Justicia.
Fue el pasado enero, cuando el Gobierno dio a conocer sus intenciones, y PP y Vox iniciaron una ofensiva tanto en España como en Bruselas. Desde allí, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aclaró que se trata de una competencia exclusiva de los estados miembro . Y lo hizo justo durante la presentación de la nueva estrategia de Migración y Asilo de la UE, que confirma el endurecimiento de la política comunitaria en materia migratoria.
Tras la aprobación del real decreto para que los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular desde antes del 1 de enero de 2026 puedan incorporarse al sistema (cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones), varios ejecutivos autonómicos lo recurrieron ante el Supremo. En el marco de las impugnaciones presentadas por Aragón y la Comunidad Valenciana, al alto tribunal le han surgido “dudas” sobre el encaje de este proceso de regularización masiva en el derecho comunitario. Fundamentalmente, respecto a dos cuestiones. La primera, “si es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza”. Y, la segunda, si “un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de una primera autorización de residencia temporal de un año, adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen”. De momento, los magistrados han pedido opinión a las partes, incluida la Abogacía del Estado, y, una vez recabada, decidirán si formulan una cuestión prejudicial al TJUE.
Bolaños ha explicado que, aunque el Supremo optara por acudir al tribunal europeo, eso no paralizaría el proceso de regularización, sino solamente el procedimiento judicial ante el alto tribunal, porque hay otros en marcha. Fuentes jurídicas señalan que, si la sala se decantara por llamar a las puertas del TJUE, esto no implicaría una suspensión automática de la tramitación de los expedientes de regularización. Sería algo que tendrían que estudiar los magistrados, apuntan. En cualquier caso, subrayan que el perjuicio sería mínimo porque el plazo para acogerse a dicho proceso concluyó el 30 de junio y a todos los solicitantes se les ha dado una autorización provisional.
Con todo, el ministro, ha hecho hincapié en que la única forma de frenar la legalización sería a través de unas medidas cautelares que los magistrados ya rechazaron en el marco de los recursos presentados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y de varias asociaciones.
Sea cual sea la decisión final, Bolaños ha manifestado su “total respeto” por la postura que adopte el Supremo, al tiempo que ha querido trasladar la “absoluta tranquilidad” del Gobierno porque cree que se trata de un real decreto “muy sólido”, que ha superado “todos los controles desde el punto de vista jurídico”, mediante los informes exigidos legalmente para su elaboración.
Asimismo, ha reivindicado que el proceso de regularización, al que han pedido acogerse más de 900.000 personas, “está siendo un éxito”, tanto “desde el punto de vista de los derechos”, porque “había gente que vivía en nuestro país y que eran ciudadanos de segunda”, como “desde el punto de vista económico”, porque ahora podrán trabajar contribuyendo al erario público.
“Cero riesgo” de que Begoña Gómez se dé a la fuga
Por otro lado, Bolaños se ha pronunciado sobre la petición que ha realizado Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, al juez Juan Carlos Peinado para que le permita viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Reino Unido, entre el 7 y el 10 de julio, después de que el instructor le retirara el pasaporte y prohibiera salir de España como medidas cautelares en el auto por el que la enviaba a juicio por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
“Este tipo de autorizaciones concretas para viajes es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan y, por tanto, vamos a estar a la decisión que se adopte en los próximos días”, ha señalado el ministro.
No obstante, ha aprovechado para reiterar la crítica a estas medidas cautelares, que incluyen también la firma en sede judicial cada 15 días, “por desproporcionadas, por absurdas y por innecesarias”. “Yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo. Es cero absoluto”, ha sostenido.
A preguntas de la prensa, Bolaños también se ha referido al hecho de que los últimos tres presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estén investigados: la actual, Belén Gualda, y Vicente Fernández , por presuntos amaños en el caso Leire Díez; y Bartolomé Lora , por el rescate a Air Europa. Sobre esto, ha ratificado el respaldo a Gualda que verbalizó el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Nuestra confianza en la presidenta de la SEPI”, ha reafirmado, incidiendo en que, de lo conocido hasta ahora, “no hay nada que ponga en cuestión su gestión”. “Y, por tanto, vamos a dar tiempo a la Justicia“, ha pedido.
“Espero que PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte”
En otro orden de temas, al ministro se le ha interrogado por la reacción de PP y Vox a la denominada ley de nietos , en realidad una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite acceder a la nacionalidad hasta a la tercera generación de descendientes de los españoles que emigraron por la Guerra Civil y la dictadura, desde el 18 de julio de 1936.
Bolaños ha sido enfático a la hora de fijar que su opinión al respecto es “la misma” que la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en 2022, cuando se comprometió desde Argentina a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior”. El ministro ha defendido que “tienen derecho a ser nacionales” porque “seguramente estarían en España si no hubiéramos sufrido aquella tragedia”.
Asentado esto, el dirigente socialista ha advertido de que la reacción de PP y Vox , que intentan sembrar la duda de un fraude electoral, “es una técnica ultraderechista muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo”, que ya usó el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020. “Solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales, cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta”, ha ironizado.
El ministro ha aclarado que se trata de “un bulo” que ya se lanzó de cara a los comicios de 2023 con la Ley de Memoria Democrática y que quedó en nada. De hecho, ha recordado que el voto en el exterior benefició al PP. “Por tanto, tampoco hagamos mucho caso a los que tratan de deslegitimar el proceso electoral, quizá porque empiezan a ver que no les sirve su estrategia y que no hay nadie que confíe en ellos para iniciar una nueva etapa en nuestro país”, ha deslizado.
Sin embargo, Bolaños ha alertado de que la solicitud de Vox a la Junta Electoral para que prive del voto por correo a los más de 2,2 millones de españoles censados en el extranjero es “muy peligrosa” porque en realidad “está pidiendo suprimir la democracia a millones de españoles”. “Imagino que (es) el primer paso para suprimir el voto a todo el mundo, que será su sueño”, ha lanzado. Por eso, ha considerado que “el PP tendría que salir a desautorizar esta propuesta” inmediatamente.
Pese a este llamamiento, el ministro ha descartado que PP y Vox separen sus caminos, propiciando con ello una repetición electoral en Andalucía. Ha calificado de “teatrillo” que los de Santiago Abascal votaran en contra de Juan Manuel Moreno Bonilla en la primera votación para su investidura como presidente andaluz. “Acabarán pactando”, ha aseverado. De todas formas, ha avisado de que el Gobierno se mantendrá expectante porque “lo que se está negociando en Andalucía en este momento es cuánto se vulneran los derechos humanos de los ciudadanos andaluces (...) Si se vulneran mucho, poco o regular. Esa es la negociación”, ha lamentado.
Por último, Bolaños también ha aludido al real decreto de vivienda, al ser interrogado sobre los contactos con los grupos parlamentarios y si incluyen a Junts. A este respecto, ha comentado que el Gobierno está hablando “con todos”, si bien ha reconocido que “hay visiones muy diferentes” porque se trata de “un tema especialmente complejo”, por lo que ha instado a sus interlocutores a “hacer un esfuerzo”. “Creo que tenemos que ser todos conscientes de que hay que negociar de buena fe”, ha reclamado.
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