La coalición intenta recuperar el control de la agenda política aunque los movimientos judiciales sobre los escándalos lo dificultan
En la política española ya empieza a haber ambiente electoral, pero en realidad aún queda mucho tiempo para las generales. Como mínimo nueve meses, si se atiende a las promesas de Pedro Sánchez . Así que el Gobierno, después de un par de semanas de vía crucis, noqueado y a la defensiva por los casos Zapatero y Leire, busca recuperar la agenda política y darle contenido a lo que queda de legislatura. Este lunes fue muy claro ese intento, con un despliegue de iniciativas en el Consejo de Ministros que no está claro que lleguen a buen puerto, pero de momento sí sirven para dar al menos una imagen de normalidad y de que aún no acabó el tiempo de Sánchez.
El Ejecutivo ha apostado por los Presupuestos como la gran iniciativa política del final de la legislatura, la que por sí sola, solo por los complejos trámites que conlleva, con reuniones, votaciones y debates específicos en las dos cámaras, ocupa buena parte de la actividad del Congreso. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, presentó las nuevas previsiones macroeconómicas , con un crecimiento del 2,6%, superior al esperado, y con ese paso pone en marcha la maquinaria de los Presupuestos que ya empiezan su batalla política, ya que la semana que viene el ministro de Hacienda, Arcadi España, se reunirá con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las autonomías, y por tanto donde domina la oposición del PP, para discutir el techo de gasto y la senda de déficit.
Ahí es previsible que empiece la guerra por los Presupuestos entre la izquierda y la derecha, que se recrudecerá aún más con otro hito muy importante, la votación de la senda de déficit en el Congreso y el Senado hasta dos veces, porque previsiblemente se rechazará por PP, Vox y Junts, que están uniendo sus votos en casi todas las cuestiones económicas. El Gobierno intentará hacer todas las votaciones en julio, según fuentes del Ejecutivo, aunque es posible que no le dé tiempo.
La idea inicial, según insistió el vicepresidente Cuerpo, es tener los Presupuestos listos y presentados ante el Congreso en el momento que señala la ley, esto es, antes de que acabe septiembre, aunque otras veces el Ejecutivo dijo eso y la negociación le llevó a retrasarlo. Es muy improbable que haya un acuerdo de Presupuestos porque al menos dos grupos que serían imprescindibles para aprobarlos, Junts y Podemos, han dicho abiertamente que dan por muerta la legislatura y creen que Sánchez debería ir a elecciones. Junts incluso le ha pedido que dimita y deje que su partido elija a otro presidente, algo que en este momento parece muy alejado de la realidad interna que se vive en el PSOE, donde Sánchez hizo una exhibición de control el pasado sábado en el Comité Federal.
Lo que sí podría hacer el Ejecutivo es retrasar la votación de las enmiendas de totalidad en el Congreso para acercarla ya a finales de año, y no en octubre como marcan los tiempos de la ley. De esa manera, Sánchez tendría ya una excusa formal para convocar las elecciones después del presumible fracaso de las Cuentas en el Congreso, pero sin adelantar las elecciones a 2026 y anticipándolas solo unos meses respecto a julio, cuando fueron en 2023, algo que políticamente casi no computa como adelanto.
El otro gran asunto con el que el Gobierno quiere llenar la agenda política, aunque también será difícil aprobarlo —no imposible, según insisten fuentes del Ejecutivo— es el decreto de vivienda que el PSOE y Sumar, en una negociación interna en la coalición, han decidido presentar en julio: un decreto amplio con políticas de vivienda, especialmente con la prórroga de los contratos de alquiler en vigor para evitar subidas descontroladas. Es una de las medidas estrella de Sumar, pero Junts la tumbó en marzo y ahora el Gobierno la va a recuperar, pero dentro de un gran paquete “transversal”; según dijo la portavoz, Elma Sáiz, que tendrá medidas que agradan a la izquierda pero también otras que gustan a Junts para intentar amalgamar una mayoría. Por eso la parte del escudo antidesahucios, que es la que más rechaza Junts, parece haber quedado descartada de este decreto, aunque todo sigue abierto a la negociación.
La prórroga de alquileres es la medida estrella de Sumar, que es quien más está presionando para sacar ya este decreto, pero la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, está diseñando un decreto mucho más amplio para poder incluir a todos los grupos, también a Junts, y tener así posibilidades de sacarlo adelante. Si lo logra, sería un gran hito del final de la legislatura. Y si no es así. PSOE y Sumar se preparan ya para presionar a quien haya tumbado esta reforma porque los ciudadanos exigen más medidas ante una crisis de vivienda sin precedentes.
La otra gran medida para recuperar el control de la agenda es el decreto anti guerra de Irán, que es más suave que el anterior, pero aún contiene ayudas y rebajas fiscales que, como explicó Cuerpo y la vicepresidenta Sara Aagesen, irán poco a poco desapareciendo ante la mejora de la situación de la crisis energética provocada por el conflicto. El anterior decreto tenía 3.879 millones en rebajas fiscales para paliar la subida de la energía, este 1.825, pero incorpora una eliminación del impuesto sobre la creación de energía eléctrica que son otros 2.700 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.
Y aún quedan otros dos hitos importantes que marcarán la agenda política en este mes de julio antes de que lleguen las vacaciones en agosto y la actividad política se pare notablemente. Primero está la regularización extraordinaria, que esta semana tendrá un balance con datos definitivos, aunque ya se ha podido comprobar que ha supuesto más del doble de lo previsto, porque no se han presentado los 500.000 esperados por los expertos, sino más de un millón de personas, algo que el PP y Vox critican y el Gobierno considera “un éxito” porque implica, como explicó Cuerpo, que miles de personas entran al mercado legal de trabajo y, por tanto, cotizan a la seguridad social, pagan impuestos y contribuyen al sistema.
El otro gran hito de julio es la reforma de la financiación autonómica, que también se tratará en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera, probablemente a finales de mes. Esta ley también tiene pocas posibilidades de llegar a aprobarse en el Congreso, dada la situación política y los tiempos, pero presentarla es importante para el Ejecutivo para explicar su proyecto. También los Presupuestos se convertirán es una especie de programa electoral, de propuesta para ir a la campaña de las generales con unas Cuentas muy expansivas y que están pensadas para aumentar el gasto social, no para disminuirlo. El Ejecutivo, golpeado muy duramente por los escándalos, muestra así su intento de reinventarse y volver a la agenda política centrada en los últimos meses en las decisiones judiciales que afectan al Gobierno. Todo indica que las dos cosas irán en paralelo, los movimientos de contenido del Ejecutivo y la presión de las decisiones judiciales y los informes policiales, pero al Gobierno ya solo le queda margen para dirigir lo primero y tratar de poner el foco en su gestión y no en los escándalos que afectan al PSOE.
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