El juicio afronta su recta final con las conclusiones de acusaciones y defensas
El juicio sobre el caso Kitchen —que empezó el pasado 6 de abril y que ha sumado este martes su sesión número 32 — se encamina hacia el desenlace. El fiscal César de Rivas ha comenzado a exponer esta mañana su alegato final sobre, según ha incidido, el “operativo parapolicial delictivo” que las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional durante la etapa de Mariano Rajoy impulsaron “desde principios” de 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el objetivo de recabar información y robar documentos “comprometedores” que aún podía guardar de altos cargos del PP y del propio partido, cercado entonces por el caso Gürtel . Una trama ilegal en la que, según ha añadido el representante del ministerio público, “se ha acreditado la participación de Jorge Fernández Díaz”, para quien reclama 15 años de prisión .
Para el fiscal, no quedan dudas. La Operación Kitchen, costeada con fondos reservados desde las entrañas del Ejecutivo, buscaba “sustraer” las pruebas que podían salpicar a dirigentes del PP (instalado en La Moncloa en ese momento), para que pudieran “sortear” así sus “eventuales responsabilidades” en Gürtel. Entre el material que los implicados trataban de localizar, se encontraban dos supuestas grabaciones que el extesorero asegura que guardaba dentro de un pendrive con conversaciones comprometedoras con Mariano Rajoy y Javier Arenas.
La Fiscalía Anticorrupción ha situado a Fernández Díaz, ministro del Interior de 2011 a 2016 y hombre de confianza de Rajoy, en la cúspide del despliegue irregular activado contra el excontable del PP. Él tenía el “control” y “manejo” a través de sus subordinados. De hecho, De Rivas ha incidido en que el integrante del Ejecutivo estaba al tanto del operativo desde su comienzo (según ha apuntado, como mínimo, desde la misma captación como confidente del chófer de Bárcenas en julio de 2013 ); y su entonces mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, llevaba desde enero de ese año interesándose ante el comisario José Manuel Villarejo para obtener ese material sensible.
Para respaldar su argumentación, el fiscal ha otorgado un enorme valor a los mensajes telefónicos que Martínez llevó en 2019 a dos notarios cuando la Audiencia Nacional cercaba a la cúpula de Interior por el caso Kitchen . El exsecretario de Estado entregó a los fedatarios una batería de SMS que, según dijo, le envió el ministro durante el desarrollo de la trama. El fiscal ha leído uno de ellos, relativo a la captación del conductor de Bárcenas: “Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora esa función con su mujer)”. “Es un mensaje enviado por Jorge Fernández Díaz”, ha destacado el representante del ministerio público.
A lo largo de su intervención, De Rivas ha tratado de tirar por tierra las estrategias de los procesados. El fiscal ha colocado en la diana especialmente la tesis de las defensas de que Kitchen fue un despliegue policial legal y que solo perseguían la fortuna que Bárcenas escondía en el extranjero. “Lo que buscábamos era el dinero”, justificó Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, durante su declaración en el juicio . Pero Anticorrupción mantiene que mienten, ya que “jamás” hablaron con el magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba esos hechos, ni con el grupo de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que trabajaba a las órdenes del juez.
La cúpula de Interior actuó “al margen”, ha afirmado la acusación. “Y esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna del caso Gürtel y que necesitase ser completada”, ha ahondado para rebatir las alegaciones de las defensas: “[Querían] obstaculizar y boicotear ese procedimiento”. De Rivas ha puesto el foco igualmente en las agendas de Villarejo , “que no se engaña a sí mismo” cuando escribe en sus diarios, y en los que plasmó infinidad de detalles de la trama. Entre otros apuntes, el fiscal ha resaltado uno que recoge cómo Pino le contó al comisario en septiembre de 2013 que iba a reportar “novedades del cocinero” (sobrenombre usado para el chófer) al “número uno”. “Y Jorge Fernández Díaz está identificado en las agendas como ese número uno”, ha remachado Anticorrupción.
Una vez acabe el fiscal, seguirán el resto de acusaciones —este mismo martes si da tiempo, o ya el próximo jueves—. Después les tocará exponer a las defensas y, cuando acaben todas las partes, los procesados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.
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Anticorrupción ya avanzó el lunes que mantenía su petición de penas para siete acusados. El ministerio público reclama 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional; y el comisario Andrés Gómez Gordo. Para el comisario José Manuel Villarejo, que participó en la captación del chófer de Luis Bárcenas como confidente, pide 19 años de prisión. Para Sergio Ríos, exconductor del extesorero, casi 12 años y medio de reclusión; y para el comisario Marcelino Martín Blas, otros dos años y seis meses. El fiscal no plantea ningún castigo para la octava persona que se sienta en el banquillo: el comisario José Luis Olivera, a quien la Abogacía del Estado sí imputa delitos.
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