El ex alto cargo del PSOE dice que la Audiencia Nacional reclamó las pesquisas porque el otro juez no quiso asumir el “discurso de cargo”
Gaspar Zarrías, el que fuera hombre fuerte del PSOE andaluz , asegura en un nuevo escrito que es víctima de una investigación “irregular” en el caso Leire Díez al considerar que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga en los mismos hechos que ya examinaba su colega de los juzgados de Madrid Arturo Zamarriego y que simplemente ha reclamado las pesquisas porque este segundo magistrado no quiso asumir el “discurso de cargo” en su contra.
Así lo plasma en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde pide a Pedraz que recabe del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde comenzó el caso Leire Díez , una serie de documentación que, según sostiene, permitirá desmontar la imputación en su contra. En concreto, reclama las declaraciones como testigos de él y del actual secretario de Estado Antonio Hernando, así como el material aportado por él y por el PSOE a los juzgados madrileños. También quiere que se inste a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a informar sobre el proceso de clonado de los dispositivos que le fueron incautados el pasado mayo y que conteste ya a dos cosas: “al requerimiento de presentar todos los efectos originales intervenidos en el registro del despacho” y al de identificar las cuentas bancarias desde las que pagó a Díez.
Zarrías insiste en que, a mediados de 2024, contrató a la supuesta fontanera porque había sido víctima de una decisión “injusta” de los tribunales, su condena en el caso ERE, y ella le sugirió que podría haber sido fruto de las maniobras de la denominada “policía patriótica”. Sin embargo, cuando a finales de ese año Díez le entregó el resultado de su investigación, se sintió decepcionado, rescindió el contrato y “ahí terminó todo”. El exdirigente socialista subraya que “dicha contratación ni tenía ni podía tener nada que ver con el eventual entorpecimiento de ningún proceso en marcha, ya que la investigación de los ERE llevaba años cerrada y concluida". “El objetivo era, simplemente, posibilitar que se recabaran las pruebas de supuestas conductas irregulares que, de existir, debían ser ciertamente denunciadas”, recalca.
Zarrías resume así el relato que ya expuso en calidad de testigo ante el juez Zamarriego, a quien entregó el pendrive que en su día le dio Díez con las conclusiones de su investigación. “Ni antes ni después” de la declaración, ese instructor “advirtió méritos para imputarle delito alguno”, enfatiza el escrito enviado a la Audiencia Nacional. “Porque, ¿qué delito habría en lo descrito?“, plantea, al tiempo que defiende que “es comprensible que quien ha sufrido en sus carnes un atropello tan grave” esté “en una situación de vulnerabilidad emocional tan acusada que tienda a dar crédito a quien se acerca para garantizarle la rehabilitación de su crédito y la recuperación de su lugar en la sociedad”.
A eso suma que “no tiene sentido” achacarle un delito de pertenencia a organización criminal porque, según alega, sus tratos con Díez se limitaron a cuatro meses, para contratarla “no se concertó con nadie” y “no conoce a nadie” de esa supuesta organización criminal, “más allá de las personas con quienes le unen vínculos orgánicos en el partido, como Ana María Fuentes, Santos Cerdán, Celia Rodríguez o Covadonga San Pedro”. En la misma línea, aduce que sus lazos contractuales con el PSOE “son claros, completamente regulares y ajenos a cualquier anormalidad o sospecha”. “Se trata de una relación larga, documentada en varios contratos que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, con los distintos objetos que vienen recogidos en su tenor y que se vieron reflejados en una facturación, pública y declarada, tanto con el Partido Socialista de Andalucía como con el PSOE nacional”, afirma.
Con todo, Zarrías denuncia que, “para justificar esta desviación de rumbo, con el consiguiente desembarco en esta causa de unos hechos investigados en otra sede, la Fiscalía emplea la ya feliz expresión de ‘cristalización progresiva’ del procedimiento, que deja el proceso penal sin objeto definido y al albur de un escrutinio prospectivo cercano, si no indistinguible, a las causas generales”. También carga contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la que dice que, al igual que el ministerio público, era consciente de la existencia de dos investigaciones en paralelo sobre estos hechos. Para el ex alto cargo socialista, la única explicación posible son las “reservas” del juez Zamarriego a “hacer suyo un discurso de cargo que, por el contrario, ha sido asumido” en la Audiencia Nacional.
Pedraz investiga a Zarrías como uno de los miembros de la organización criminal que, supuestamente, lideraba el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con Díez como brazo ejecutor, para buscar información con la que torpedear las investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al Gobierno. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 sostiene que prestó su sociedad para camuflar los pagos a la presunta red como servicios de consultoría jurídica.
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