Los decretos constituyen la principal producción legislativa del Gobierno, mientras importantes reformas llevan meses encalladas
“Mientras el presidente no dimita, que no cuenten con nuestros votos”. Era la intervención de Junts en el último pleno ordinario del Congreso antes de las vacaciones y las contundentes palabras del diputado Josep Maria Cruset anticiparon lo que iba a suceder en unos minutos. Junts unió sus votos a PP y Vox para sacar adelante una moción que pide a Pedro Sánchez que se vaya y para dejar caer un decreto ley con créditos extraordinarios destinados a inversiones del Ministerio de Transportes, algunas de ellas en Cataluña. Era el quinto decreto gubernamental que decaía desde enero, siempre por la oposición de los siete diputados de Carles Puigdemont junto a la derecha estatal. Y la constatación de que las derrotas del Gobierno en el Congreso siguen en aumento: casi una de cada cuatro votaciones en el periodo de sesiones que se acaba de cerrar (73 de un total de 313, el 23%, según las cuentas de este periódico).
El cada vez más intenso bloqueo de Junts está frustrando algunas de las reformas más ambiciosas del Ejecutivo. El caso más llamativo es el de las promovidas para la justicia por el ministro Félix Bolaños, como la ley de Enjuiciamiento Criminal y especialmente la de acceso a la carrera judicial, muy contestada por las asociaciones conservadoras y que lleva un año hibernada por el veto de Junts. ¿Las razones? “Es incomprensible”, comentan con irritación en el Gobierno. “Los de la ‘toga nostra’ [como llaman en Junts a algunos jueces] aliados de la derecha judicial”. Una situación similar a proyectos como la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos, el que pretende combatir los bulos en medios y redes sociales, el que propone establecer la obligatoriedad de los debates electorales o el que intenta blindar la universalidad de la sanidad pública. Este lleva dos años durmiendo en el Parlamento.
Desde enero, la principal actividad legislativa del Gobierno han sido los 12 decretos convalidados por el Congreso. De forma definitiva solo se ha aprobado un texto proveniente del Ejecutivo, el de Economía Social de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El pleno ha permitido la tramitación de dos más: el de la ley del cine —tras ardua negociación con Junts— y uno que propone mejoras para el sistema educativo. Otras cuatro leyes ya aprobadas tenían su origen en propuestas del Grupo Socialista (la última, la que castigará penalmente las terapias para corregir la orientación sexual), otra en Junts (la que endurece las penas por delitos multirreincidentes) y otra en el Parlamento de Galicia (la transferencia de la autopista AP-9). También partió de los socialistas la iniciativa de la reforma constitucional a fin de que Formentera cuente con un senador propio.
En junio de 2024, se publicó y entró en vigor la polémica ley de amnistía, que tanto le costó electoral y socialmente al Gobierno. Ahora esa norma se da por descontada, especialmente por Junts, que avisa de que no forma parte de ningún bloque de lo que sus dirigentes llaman la política española y que, por tanto, pueden votar en cualquier dirección. Una de las pocas coincidencias entre los grupos del Congreso es que ni el Gobierno ni sus aliados habituales, ni tampoco la oposición de derechas, pueden predecir qué va a hacer Junts ante sus propuestas. No se lo cuentan antes a los demás, a veces porque lo deciden la noche anterior según su repercusión mediática, y porque no se permiten negociaciones serias con nadie, ni con el Ejecutivo ni con el PP, más allá de ligeros contactos.
Junts lo escenifica como una partida de dominó. Maneja una serie de fichas, las esconde y guarda según sus intereses, y cuando llega el momento crítico, las golpea sobre la mesa para provocar el mayor impacto. Ahora sus miembros reconocen que están muy pendientes de lo que decida el 16 de julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la ley de amnistía, que puede abrir la puerta a que Puigdemont vuelva a España. Dicen en Junts que esa decisión “es muy importante y puede provocar movimientos” en la política española. Pero no aclaran si a favor de mantener con vida al Gobierno o para apoyar una moción de censura que encumbraría a Alberto Núñez Feijóo, una posibilidad que por ahora aseguran descartar.
En Junts pueden pasar en una misma semana y un mismo pleno de apoyar in extremis una moción del PP que exige que el presidente renuncie —muy similar a la que un día antes no habían votado en el Senado y que permite a los de Feijóo corear ufanos “dimisión, dimisión”— y a la vez refrendar con la mayoría progresista dos leyes: la que castiga las terapias de “conversión sexual” y el traspaso de la autopista a Galicia.
Los portavoces de Junts insisten en que, por mucho que coincidan en votaciones con el PP, sus objetivos y razones son diferentes. Ni se quieren acordar de lo que significó la ley de amnistía ni le dan tanto valor como el presidente, que volvió a destacar esta semana que gracias a esa medida no solo la convivencia ha mejorado en Cataluña, sino que ahora hasta el PP pide el voto a los independentistas o admite, como este sábado, que hay que pasar página y dejar atrás el procés .
Los responsables de Junts dicen ser conscientes de lo que les espera de un futuro Gobierno del PP y Vox, y tienen fresco como el 26 de septiembre de 2023, en el pleno frustrado de investidura de Feijóo, el líder ultra, Santiago Abascal, les amenazó con que no siguieran con la experiencia del procés porque les podría pasar como a sus antecesores, los que acabaron en la cárcel. Aseguran que eso les valió para aguantar con el bloque de investidura hasta el pasado otoño, pero que el Gobierno del PSOE desperdició su alianza por no cumplir con lo prometido. Ahora dicen que no se fían, que la legislatura está “muerta” y ya solo caben elecciones. Esos vaivenes de Junts desconciertan a Gobierno y oposición casi en el mismo grado. “Es como si como si no quisiesen ser responsables tanto de que llegue la derecha como de que se mantenga un Gobierno con corrupción”, observa un dirigente de la mayoría que apoya al Ejecutivo.
La idea de que la legislatura está en el final la suscriben ahora casi todos los partidos en el Congreso, menos el PSOE, y con matices, Sumar. Pero hasta el partido minoritario del Gobierno reclama otro espíritu para este colofón y pone deberes a los socialistas: desatascar leyes pendientes como la reforma del registro horario en las empresas (culpan al vicepresidente Carlos Cuerpo de frenarla) o la regulación de los alquileres de temporada y la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de arrendamiento (atacan con dureza a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez). También la eternamente encallada reforma de la ley mordaza, en este caso por la dificultad de poner de acuerdo a todos los socios del Gobierno, aunque fuentes al tanto de las negociaciones emiten un cierto optimismo sobre posibles avances. Sumar pone además el acento en la propuesta de reforma recientemente pactada con el PSOE para eliminar del Código Penal delitos como el de injurias a la Corona —en este caso se espera contar con Junts— y la nueva ley de Dependencia. El próximo martes también se espera aprobar la ponencia del texto que restituirá la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental.
Aunque el periodo normal de sesiones acabó, se prevén dos plenos extraordinarios en julio para convalidar decretos leyes pendientes e intentar el empujón definitivo para las ponencias de las leyes de Dependencia y Discapacidad, la de menores en entornos digitales y la del cine, tras el laborioso pacto alcanzado con Junts por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
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