Las razones de orden político existen y operan en las instituciones democráticas. Mirar a otro lado no las elimina; solo nos hace más vulnerables a ellas
La democracia es el único régimen que se ata las manos a sí mismo. Se prohíbe ciertos atajos no porque no funcionen, sino porque lo hacen demasiado bien. Por ejemplo: la coacción produce confesiones, y las filtraciones producen condenas anticipadas. Todo eso funciona en el sentido de que consigue resultados, aunque estos no sean ya justicia sino otra cosa: un castigo sin juicio. Tenemos un problema. Asistimos a la instrucción de una causa contra un expresidente del Gobierno y no sabemos cómo mirarla. Hay materia: gestiones opacas , joyas en una caja fuerte, indicios que merecen investigarse y acaso acabar en condena. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Pero, a su vez, hay filtraciones constantes desde el interior del proceso, datos médicos incorporados a un anexo policial que nada aportan a la instrucción, informes que llegan al juzgado el mismo día de la sesión de control y se difunden mientras el presidente Sánchez responde en el hemiciclo. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y nuestra incapacidad para sostenerlas juntas es seguramente lo más grave de todo lo que ocurre.
Cuando decimos “la justicia funciona, dejemos que actúe”, expulsamos las razones de orden político del análisis, como si el tempo procesal no fuera una herramienta de poder, o como si el hecho de que todo se concentre en unas semanas fuera una coincidencia técnica. Si decimos “aquí hay un uso político del calendario judicial”, nos tratan de conspiranoicos, pero quien afirma, solemne, que “la justicia es independiente y punto” pasa por sensato. Esa sensatez es la estulticia política de quien se niega a ver las tensiones que atraviesan el sistema. El otro refugio es su reverso exacto: lawfare, la palabra con la que el Gobierno convierte toda investigación incómoda en persecución y se blinda frente a cualquier rendición de cuentas. La primera expulsa la política del análisis; la segunda la ve en todas partes para no responder de nada. Eso es lo que nos pasa en el debate actual: no sabemos hablar de lo que ocurre porque hemos perdido el vocabulario para nombrar el uso político de la justicia sin caer en el grito (¡Lawfare!) o en la ingenuidad (¡La justicia funciona!). Buscar un camino intermedio pasa por reconocer que las razones de orden político existen y operan dentro de las instituciones democráticas, y que mirar para otro lado no las elimina; solo nos hace más vulnerables a ellas.
Lo que ninguno de los dos refugios quiere ver es que nos jugamos algo más que el juicio a un expresidente o el fin de la legislatura. Estamos en una frontera. La democracia se corrompe cuando la política renuncia a vencer en las urnas y busca en el juzgado la derrota del adversario. Y esa tentación crece cuando el Parlamento se vacía. El Gobierno lo ha hecho por omisión (no hay Presupuestos; no propone, resiste) mientras la oposición lo vacía por desplazamiento; renuncia a derrotarlo dentro y busca la derrota fuera, en el juzgado y su sombra mediática. Son dos maneras de matar el hemiciclo, una por abandono y otra por fuga, y juntas nos ofrecen el cuadro: un Parlamento que ya no dirime nada porque nadie quiere que lo haga. Pero no todo vaciamiento es igual de grave. El abandono paraliza; la fuga al juzgado hace algo peor: deja que ciertos actores tomen, bajo forma judicial, decisiones que son del poder político y que por esa vía escapan a toda rendición de cuentas. Es ahí donde se erosiona lo que sostiene todo lo demás: la democracia solo es posible mientras se mantenga la frontera entre vencer al adversario y condenar al culpable. Cuando esa frontera se borra, lo que llega al final no es justicia, aunque lo parezca; es poder que ha aprendido a vestirse con su ropa. Y mientras finjamos ―en un sentido u otro― que el modo en que la justicia actúa no contiene decisiones de poder, no podremos pedir cuentas a quien las toma.
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