El secretario general, Miguel Tellado, defiende que la “amenaza hoy no es el independentismo, sino la permanencia en el Gobierno de una organización criminal”
Todo ha cambiado muy rápido. Quién le iba a decir al PP hace solo dos años — cuando movilizaba a miles de personas contra la ley de amnistía para los independentistas catalanes y proponía en el Congreso la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia— que iba a pasar página tan rápido. Dos años después de aquella gran movilización de la derecha contra el perdón a los nacionalistas catalanes, el PP proclama ahora que hay que dar por superado ya el intento de secesión unilateral de 2017.
“Estamos en el año 2026 y lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo, hoy el contexto es otro”, reflexionó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el jueves por la noche en una entrevista en la Cadena SER. “Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal ”, remarcó el número dos de Alberto Núñez Feijóo, que profundiza en el giro pragmático del PP hacia Junts coincidiendo con el interés de Génova en que el partido de Carles Puigdemont lo ayude a desalojar a Pedro Sánchez del poder. En ese viraje de la dirección popular, que viene de hace meses pero se ha intensificado ahora, hay un obstáculo: el PP catalán, que este sábado celebra su congreso para reelegir a Alejandro Fernández, un líder de la línea dura y contrario a cualquier acercamiento a los independentistas.
El PP ha vuelto a albergar esperanzas sobre la posibilidad de que los independentistas catalanes le ayuden a echar a Sánchez de La Moncloa tras la votación de este jueves en el Congreso, en la que Junts apoyó una iniciativa sin valor vinculante del PP que reclama a Sánchez que dimita y que, como mínimo, se someta a una cuestión de confianza. En este contexto de alejamiento de Junts al PSOE y de máxima debilidad del Gobierno progresista se producen los guiños de Génova al partido de Puigdemont. “Los socios de Sánchez, tanto Junts como el PNV, dicen que la situación es insostenible, y yo les digo que no la sostengan”, enfatizó Tellado en la SER. La confrontación total ha dado paso a un discurso mucho más amable del PP sobre la formación independentista, que la mano derecha de Feijóo describió como “un partido en el que el PP puede coincidir sobre todo en materia socioeconómica y tiene claras divergencias sobre otro tipo de cuestiones”.
El PP ha normalizado a Junts como interlocutor y ha suavizado su discurso sobre el independentismo mientras Feijóo amaga con presentar una moción de censura contra Sánchez para la que quiere los votos de los de Puigdemont. El problema es que necesita a la vez los de Vox, en cuyo programa figura la ilegalización de los partidos independentistas, así que la ecuación se antoja prácticamente imposible. Pero el líder del PP no quiere renunciar a esa posibilidad y este jueves, después de que Junts votara a favor de su iniciativa para pedir la dimisión a Sánchez , les pidió que “mantengan la coherencia” de esa votación. Y avisó de que va a reflexionar con detenimiento sus próximos pasos pero que se ha tomado “muy en serio” esa votación que unió a las derechas españolas y a la catalana para reclamar la salida del líder socialista.
El viraje estratégico de Génova con Junts topa con la línea del PP catalán, que ve con muchas reticencias cualquier acercamiento a los independentistas. Los populares catalanes celebran este sábado su congreso, al que asistirá Feijóo, en medio de ese deshielo que choca con la línea política del partido en Cataluña. Aunque el PP catalán pone el acento en otras cuestiones como el azote a la inmigración para no perder más espacio ante Vox y Aliança Catalana en Cataluña , Alejandro Fernández y sus afines alertan igualmente contra los compadreos del PP con el independentismo.
El presidente del PP catalán volvió a marcar distancias con cualquier pacto de gobierno con Junts el pasado lunes, incluso en un contexto en el que las encuestas apuntan a posibles mayorías de derechas también en Cataluña. “La cuestión nacional lo contamina todo y hace que sea imposible llegar a un acuerdo”, afirmó durante un desayuno del Fórum Europa. Fernández insistió en que el PP debe mantener “límites democráticos y morales mínimos” para no caer “en el sanchismo”. “Quien continúa diciendo que haría lo mismo es Junts y ahora resulta que tenemos que cambiar nosotros . Estamos donde hemos estado siempre”, sostuvo. Para reforzar ese argumento, y tras admitir que la situación en Cataluña no es, “evidentemente”, como la de 2017, recurrió a una comparación con el presidente del Gobierno: “Si no pusiéramos límites morales, seríamos sanchistas. Para mantenerse en el Gobierno, Sánchez pactaría con Vox y con Falange”.
Esa posición también quedó patente este viernes en boca del secretario general saliente del PPC, Santi Rodríguez. Preguntado en TV3 por un eventual regreso de Carles Puigdemont a España tras aplicársele la ley de amnistía , una de las prioridades de los posconvergentes, respondió que no estaría “contento”. “No lo estaría porque tampoco lo estaba con la aprobación de la ley”, señaló.
Rodríguez sí introdujo un matiz sobre la relación con Junts. Aunque insistió en que el PP nunca compartirá el “modelo de país” de los posconvergentes, reconoció que ambas formaciones coinciden en determinadas políticas económicas, como la supresión del impuesto a las eléctricas o algunas iniciativas sobre vivienda. “La relación es la de siempre: nunca estaremos de acuerdo con el modelo de país, pero sí en algunas políticas económicas”, resumió.
La ponencia política que el PP catalán aprobará este sábado, que ha sido supervisada por Génova, también muestra una evolución en sus líneas políticas. El documento apenas dedica unas líneas al procés , al reivindicar el respeto al orden constitucional y al Estado de las Autonomías como garantía “frente al independentismo y al proyecto plurinacional y confederal que ahora pretende liderar el sanchismo”. El resto del texto desplaza el foco hacia la seguridad, la inmigración, la prosperidad económica y el funcionamiento de los servicios públicos, relegando el conflicto territorial a un papel muy secundario.
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