El PSOE suspende en el ranking de calidad democrática de los partidos tras los últimos escándalos de corrupción

El PSOE suspende en el ranking de calidad democrática de los partidos tras los últimos escándalos de corrupción

Los socialistas pasan del 5,4 del anterior informe de +Democracia a un 3,6. El PP se estanca en el 2,9. Vox no aprueba en ninguna de las categorías analizadas

El quinto ranking sobre calidad democrática de los partidos elaborado por la asociación +Democracia, que preside la politóloga y socióloga Cristina Monge y analiza las deficiencias del sistema y aporta ideas para mejorar, revela que “persisten importantes déficits en aspectos esenciales del funcionamiento democrático interno de las organizaciones” pese a las recomendaciones hechas en ediciones previas del estudio- el anterior, en 2024 -. Algo similar ocurre con gran parte de las medidas anticorrupción prometidas por diferentes gobiernos a lo largo de los años: se anuncian, pero no llegan a ejecutarse plenamente, como la ley para regular los lobbies o grupos de interés, una regulación que en su día prometió Mariano Rajoy y que sigue empantanada en el Congreso.

La nota media de los 17 partidos analizados es de 5,7. Diez formaciones políticas se sitúan por encima (Compromís, Comunes, ERC, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida, PNV, PSC, CHA y Junts) y seis por debajo (Coalición Canaria, BNG, Más Madrid, PSOE, PP y Vox). Las peores notas son, por este orden, para Vox (1,7), PP (2,9) y PSOE (3,6), que empeora considerablemente respecto al estudio anterior (5,4). En el podio de los mejor valorados se encuentran Compromís (8,3), Comunes (8,2) y ERC (7,7). Para establecer esas calificaciones, el equipo de Más Democracia analiza seis categorías: organización interna (formas de elección de la dirección; libertad de opinión...); derechos de los afiliados y su protección; autonomía territorial; transparencia; códigos éticos y responsabilidades de cargos públicos y ejecutivos (regulación de los comportamientos de los cargos orgánicos y públicos; posibilidad y seguridad para las alertas de corrupción; denuncias y protección del denunciante por acoso laboral o sexual; regulación de conflictos de interés e incompatibilidades); y sistema de elección de cargos públicos.

El informe señala cómo algunos partidos incumplen sus propias normas, “deteriorando el funcionamiento democrático de las formaciones”, y recuerda que en las encuestas del CIS, el funcionamiento de las fuerzas políticas es una fuente creciente de preocupación ciudadana, ya que aparecen señaladas como uno de los principales problemas del país. Las cuestiones relacionadas con la política y la corrupción se consolidan en el tercer puesto de inquietudes señaladas espontáneamente por los encuestados, después de la vivienda y los problemas económicos, y cuando se analiza exclusivamente la opción señalada como primer problema, la categoría “Gobierno y partidos o políticos concretos” asciende al segundo puesto de preocupaciones. También el Eurobarómetro señala un descenso progresivo de la confianza de la población en las fuerzas políticas, con datos muy por debajo de la media de la Unión Europea.

El informe analiza en detalle a los partidos que retroceden especialmente en alguna categoría respecto al estudio anterior, de 2024. Así queda cada uno de ellos tras el examen de Más Democracia:

PSOE: suspenso en cuatro categorías

Los socialistas pasan del aprobado del estudio anterior a una nota media de 3,6. Por categorías, el principal partido del Gobierno de coalición obtiene un 3,1 en organización interna; un 2,3 en derechos de los afiliados; un 6 en autonomía territorial; un 6,4 en transparencia; un 4,3 en códigos éticos y un 2,3 en la elección de cargos públicos y orgánicos.

El informe de Más Democracia recuerda que las últimas resoluciones del congreso federal del PSOE establecieron “barreras a la celebración de primarias al elevar los porcentajes de avales a recoger para candidaturas, dificultando de manera evidente la pluralidad de la concurrencia democrática y favoreciendo de forma clara al poder establecido”. También señala que “la premura de algunos procesos y la decisión de la dirección federal de presentar a ministros o ministras a la elección para las direcciones” supone “una dificultad más para la presentación de alternativas”, por lo que empeora en dos puntos su calificación en el apartado de organización interna respecto al examen anterior.

El estudio también advierte de las diferencias entre la teoría y la práctica: “Los derechos de los afiliados están contemplados, pero se ha producido una clara disfunción en los mismos, particularmente ante las denuncias de acoso sexual, donde no han funcionado adecuadamente los mecanismos”. Un ejemplo reciente es el de Francisco Salazar, estrecho colaborador del presidente Pedro Sánchez, que renunció al cargo el día que iba a ser nombrado en la ejecutiva del PSOE, así como a su puesto de asesor en La Moncloa, porque e lDiario.es reveló que pesaban contra él denuncias por acoso sexual. Cinco meses después, el partido ni siquiera había llamado a las denunciantes. Esa revelación indignó a las responsables de Igualdad de federaciones socialistas, quienes mostraron su malestar en público, exigieron explicaciones e incluso reclamaron que se llevara el asunto a la Fiscalía. Sánchez terminó pidiendo perdón públicamente.

En la categoría que analiza el grado de cumplimiento y la eficacia de los códigos éticos, la nota del PSOE cae tres puntos respecto al estudio anterior. Los escándalos recientes que afectan al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y a su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, que acaba de ser condenado a 24 años de cárcel por el caso mascarillas, han provocado, según recuerda el informe, “un deterioro muy grave de la imagen y credibilidad del partido” y suponen una “expresión muy clara del no funcionamiento adecuado del cumplimiento de los códigos, de los mecanismos de denuncia y de la capacidad de actuación de forma preventiva ante la vulneración de la ética exigida”.

PP: El peor en transparencia

Los populares suspenden en cinco se las seis categorías y en una de ellas, la de transparencia, obtienen la peor nota (1,3) de los 17 partidos analizados de ámbito estatal y autonómico. El único apartado en el que aprueba (5,7) es el de derechos de los afiliados.

El informe destaca que, “aunque existe una autonomía territorial en el aspecto formal”, en el periodo analizado y en el contexto de la formación de gobiernos con Vox en Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, ha sido la dirección nacional la que ha impuesto “el marco de negociación que los líderes territoriales han tenido que acatar”, por lo que Más Democracia ha decidido aplicar una aminoración de dos puntos en este apartado respecto a la nota anterior. Además, el estudio recuerda que los populares se han beneficiado de “votos tránsfugas” en Forcarei, Touro o Lugo, incumpliendo su propio estatuto —que describe como infracción muy grave el comportamiento de “quienes utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”—, así como el pacto anti-transfuguismo.

El informe resalta “la ausencia de canales eficientes para las denuncias de acoso sexual o laboral” y recuerda los casos en los que el partido “no ha sabido dar respuesta e incluso ha favorecido la desaparición de denuncias”. EL PAÍS reveló el pasado febrero que el PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”, le dijeron.

Vox: suspenso en todas las categorías

La formación de extrema derecha suspende en las seis categorías y obtiene el peor resultado de los 17 partidos analizados en dos de ellas: organización interna y autonomía territorial. El informe recuerda el periodo “convulso” que ha atravesado el partido con “ expulsiones de miembros de la dirección “, como la de uno de sus fundadores, Javier Ortega Smith; el antiguo líder en Murcia José Ángel Antelo , o el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros (el expediente se le abrió en marzo). Este, que ostentaba el carné número cinco de afiliados al partido, encabezó una iniciativa para reclamar que Vox celebrase un congreso extraordinario con el objetivo de debatir su deriva ideológica y la organización interna del partido que, según los críticos, es cada vez más autoritaria.

El informe también alude a la “supresión de elecciones primarias, las investigaciones sobre las fuentes de financiación y el papel de sus fundaciones” y concluye que Vox ha reafirmado su “verticalidad y la falta de democracia interna”. Asesores de Abascal señalados por los críticos han facturaron casi 1,3 millones al partido en un solo año. Los disidentes piden transparencia sobre los pagos al entramado empresarial que contrató a la esposa de Santiago Abascal.

PNV: El mejor valorado en organización interna

EAJ-PNV obtiene una nota media de 6,3, lo que supone 1,4 puntos más que en el estudio anterior (2024). Por categorías, es el mejor valorado en organización interna (8,7) y el peor en códigos éticos (2,6). También suspende en elección de cargos públicos. El informe destaca su “alta capacidad de renovación interna”, con la reconfiguración reciente de su dirección y estructuras territoriales y la reforma de sus estatutos, que mejoran los aspectos de participación, transparencia y control. Pero el equipo de Más Democracia reduce en un punto su nota en la categoría de códigos éticos por “la actitud reactiva ante el caso De Miguel , con cuatro exdirigentes del PNV condenados por corrupción”.

Más Madrid: el partido que más empeora

Más Madrid es la marca política que más empeora su puntuación respecto al estudio anterior, con una bajada de 2,4 y una nota media final de 4,3. Esa pérdida de puntos obedece, según explica el equipo de Más Democracia, “al diseño formal de sus estructuras, la acumulación de disfunciones en el funcionamiento real, especialmente en lo relativo a los derechos de la militancia; la independencia de sus órganos de control y los mecanismos de selección de candidatos”. El descenso que la asociación ve “más preocupante” es en el ámbito de los derechos de los afiliados y su protección, donde de nuevo, advierten, los estatutos se contradicen con la práctica. “A comienzos de 2026”, destacan en el informe, “cuatro de los seis miembros del Comité de Garantías dimitieron denunciando que, tras haberse modificado los estatutos, los órganos ejecutivos habían modificado unilateralmente el reglamento de funcionamiento de dicho comité en la primavera de 2025, con el objetivo de reducir sus competencias y aumentar el control sobre su labor. A ello se suma que, con los nuevos estatutos, el Comité de Código Ético y Estatutos —cuyos miembros son designados directamente por el Equipo Coordinador— tiene competencia para abrir expedientes sancionadores contra cualquier militante, incluidos miembros del Comité de Garantías, con suspensión automática durante su tramitación”.

Por otro lado, el estudio recuerda que, aunque el partido mantiene un sistema de primarias con listas abiertas, paridad y voto secreto, “la configuración final de las candidaturas queda condicionada de forma determinante por la Mesa Regional y el Equipo Coordinador, que validan las listas y organizan el proceso a través de un Comité Electoral de su designación. A ello se une un sistema peculiar de derechos de la militancia por puntos, que prima tanto a los cargos electos como a los asesores o profesionales del partido en demérito de los afiliados”.

Más Democracia concluye su informe con diez recomendaciones para los partidos: que los congresos se celebren con una periodicidad máxima de dos a cuatro años para facilitar la renovación de políticas, ideas y dirigentes; que las reuniones de los órganos de control de las direcciones no excedan los seis meses entre una y otra para facilitar los contrapesos; y que introduzcan sistemas de proporcionalidad ponderada para garantizar el desarrollo de iniciativas políticas y den cabida a matices y diferencias.

También aconseja la mejora de los mecanismos de defensa de los afiliados, ya que, según constata la asociación, las direcciones de los partidos suelen reservarse el derecho de expulsarlos “sumariamente sin un procedimiento establecido y sin garantías de reclamación eficaces”; la institucionalización de los comités de ética en todos los partidos con una clara separación de los órganos ejecutivos; y que los cargos ejecutivos y públicos rindan cuentas de los compromisos adquiridos con la sociedad de forma sistemática y transparente.

Asimismo, la asociación recoge que los canales para la denuncia de situaciones de presunta corrupción, acoso sexual o laboral sean claros y permitan actuar de forma rápida y eficaz; que los sistemas de selección de candidatos a cargos públicos se abran no solo a los afiliados, sino a la ciudadanía, “escapando al control determinante de los órganos de dirección”. También la eliminación de barreras en la presentación de candidatos a primarias y cambios en la elaboración de listas electorales ―“hay partidos donde se está produciendo una convivencia entre la elección del primer candidato de la lista por los afiliados y la negociación de los demás miembros de la lista entre el candidato y los órganos de dirección del partido, lo que da lugar a deformaciones de la democracia interna con resultados perversos”―; y, finalmente, el establecimiento de un sistema de limitación de mandatos “acorde con la responsabilidad contraída, de tal forma que se impida la perpetuación en el núcleo de poder de las mismas personas”.

El estudio ha sido elaborado por un equipo investigador coordinado por el sociólogo Enrique del Olmo y en el que han participado, además de Monge, Joan Navarro, profesor de Ciencias Políticas; Carlos Fernández Esquer, experto en derecho constitucional que ha contado con el asesoramiento de Manuel Villoria, actual presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; así como con el apoyo de la doctora Lorena Santos y la activista Inmaculada Ranera. El equipo también ha integrado a alumnos de Ciencias Políticas.

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