El instructor cree que hay “indicios muy claros” de su participación en el cobro de comisiones por la supuesta trama de adjudicación de contratos amañados desde el ente supramunicipal
El expresidente de la Diputación de Almería y del PP de esa provincia, Javier Aureliano García Molina, cerrará este viernes la ronda de declaraciones de los 43 imputados en el caso mascarillas de esa entidad supramunicipal, que investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores con epicentro en esa institución, entre 2016 y 2021. El juez instructor ve “ indicios muy claros y sólidos” de su posible participación, junto con la de sus ya ex número dos, Fernando Giménez, y ex número tres, Óscar Liria, en el “cobro o facilitación del cobro de comisiones”, de esas adjudicaciones supuestamente amañadas. Al antiguo dirigente popular se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
García fue detenido el pasado mes de noviembre en lo que se consideró la segunda fase de la investigación del caso mascarillas , que se inició el 15 de junio de 2021, con la detención de Liria , por el supuesto cobro de mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros, de un contrato de material sanitario, adjudicado por la Diputación almeriense en plena pandemia por dos millones de euros, con un sobrecoste de un millón. Durante los registros que esos días se practicaron en su vivienda y en otros inmuebles de su propiedad y de su hermana —también imputada— se halló (en la casa de esta última) un sobre con 7.620 euros en efectivo a nombre del exlíder popular y un documento encabezado como “ingresos declarados y cobrados en efectivo”, con una tabla con cifras y ejercicios separadas por años con referencias a pisos y una sociedad cuya propiedad pertenecía a todos sus hermanos —también investigados—.
Para los investigadores de la UCO, en una hipótesis que hace suya el juez, estas transacciones bancarias que se producen ente García y sus hermanos y la comunidad de bienes García Molina —que se habría constituido entre todos ellos para “realizar una serie de operaciones que les permitiesen integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal de dinero para poder disfrutar de los mismos”— indican un modus operandi del que podría inferirse, de acuerdo con el magistrado, la connivencia de los familiares del expresidente de la Diputación en el presunto blanqueo de dinero.
Entre esas operaciones sospechosas, el instructor señala del abono en billetes contantes y sonantes de las cuotas hipotecarias correspondientes a la compra de un inmueble por parte de García hasta un total de 19.750 euros. Unos ingresos que se realizaban desde cajeros en Roquetas de Mar y El Ejido a una cuenta de la hermana del exdirigente popular, investigada porque “podría tener conocimiento y participación en el presunto blanqueo de capitales, pues se estaría reincorporando al tráfico dinero cuyo origen podría ser ilícito”. También entregó García otros 20.000 euros en efectivo como contraprestación de una parcela, una transacción que también le resulta “llamativa” al juez “porque se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza don Javier para tales transacciones”, teniendo en cuenta, incide el magistrado, de que se trata de un funcionario público. También le resulta sospechosa la adquisición del 100% de un inmueble heredado al 25% por todos los hermanos del exlíder del PP de Almería, “sin que se hayan localizado los movimientos bancarios que justifiquen el abono del 75% del importe restante” de la vivienda.
Durante su declaración ante el juez cuando estuvo detenido, García justificó ese manejo dinero en efectivo y aseguró que estaba declarado a Hacienda. Sus hermanos tendrán este viernes la posibilidad de justificar ese trasiego de dinero y operaciones de los que sospecha el juez. Hasta hora los principales políticos supuestamente implicados en la trama se han acogido a su derecho a no declarar al no haberse incorporado al sumario el último informe de la UCO sobre los registros e incautación de material que se realizaron en noviembre.
El manejo de dinero en efectivo por parte del exdirigente del PP es uno de los indicios que para el juez justifica su “pleno conocimiento, aquiescencia y participación” en la supuesta trama orquestada desde la Diputación para adjudicar contratos de manera irregular y cobrar comisiones o favorecerlas por ello. El instructor se apoya en un chat conjunto entre el expresidente de la Diputación, y sus antiguos número dos y tres en el que utilizaban un “lenguaje encriptado o en clave”, relacionado con la ortodoncia, en conversaciones relacionadas con licitaciones públicas, lo que evidencia, para el magistrado “un indicio muy claro y muy sólido de la posible participación de don Javier Aureliano en el cobro o facilitación de cobro de comisiones”.
Trayectoria política
García dimitió de su cargo como presidente de la Diputación el 21 pasado noviembre, un día después de quedar en libertad con cargos. Su partido lo suspendió de militancia el mismo día de su detención, aunque la causa se remontaba a 2021. El presidente de su partido, Juan Manuel Moreno, justificó su inacción ante este caso en que cuando comenzó, “por la información de los procedimientos judiciales que se abrieron, no había causa” . García era el hijo político del todopoderoso Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar y responsable de hacer del PP de Almería una máquina de ganar elecciones, hasta el punto de convertir a la provincia en el feudo electoral de los populares en Andalucía. El exdirigente del PP almeriense desarrolló toda su carrera política bajo la sombra del primer edil roquetero: Cuando Amat se hace con las riendas del partido en 2005, nombró a García —que llevaba dos años como concejal en el Ayuntamiento de Almería— como vicesecretario y tres años después lo aupó a la secretaría general. Al llegar a la Diputación, se lo llevó como su vicepresidente primero y es quien lo sucedió en el puesto, cuando abandonó ese cargo en 2019.
García asumió la presidencia del PP almeriense —del que Amat es su presidente de honor— a finales de junio de 2021, pocas semanas después de que estallara el caso mascarillas . En este tiempo el PP ganó todas las elecciones por mayoría absoluta y García, que no era de la cuerda de Moreno al principio, acabó ganándose la confianza del barón popular, que lo nombró vocal de su Ejecutiva regional en 2025.
García es el máximo exponente político de una trama de corrupción con epicentro en la Diputación, que, de acuerdo con los informes de la UCO, habría “propiciado la adjudicación fraudulenta” de contratos menores “en beneficio de una serie de empresas […] en base a intereses personales, económicos o familiares sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública”. En este último mes, han comparecido ante el juez los empresarios, testaferros y técnicos de la diputación supuestamente involucrados en esa trama.
Además de esta causa, el juez ha pedido que se abra otra investigación contra Aureliano por sus viajes a Madrid con su jefa de gabinete pagados con fondos de la Diputación bajo la excusa de ir a reuniones organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, encuentros que nunca tuvieron lugar.
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