El magistrado Calama toma la iniciativa tras difundirse las agendas del expresidente y las conversaciones con su secretaria
José Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado investigar las filtraciones del caso Plus Ultra , en el que mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, “e identificar a sus responsables ante su eventual carácter delictivo”. El magistrado ha adoptado esta medida un día después de que se difundieran cientos de mensajes de las conversaciones entre el antiguo jefe del Ejecutivo y su secretaria , además del contenido detallado de sus agendas. Calama toma esta iniciativa “dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas”.
El juez considera que las filtraciones “alcanzaron” este miércoles “su máxima expresión”, cuando salió a la luz el contenido de un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional , que fue difundido “íntegramente por diversos medios de comunicación” y que incluía “datos incompatibles con su publicación indiscriminada”. El magistrado subraya que esta circunstancia, además de suponer “una vulneración palmaria del deber de reserva”, puede implicar varios delitos, en particular una “revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas”. “Sin perjuicio de otras responsabilidades disciplinarias o profesionales”, avisa Calama.
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El juez pone especialmente el foco en las acusaciones populares, según una resolución dictada este jueves. “Desde el momento en que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas a través de la plataforma Cloud , se han producido filtraciones constantes e inmediatas”, escribe Calama, antes de acordar que, “para prevenir las filtraciones”, se limite el acceso a este archivo virtual a todas las acusaciones populares personadas, excepto el PP, que lidera este grupo.
“La persistencia de estas filtraciones revela que las medidas de protección actualmente vigentes resultan insuficientes para garantizar la finalidad de la reserva”, admite el magistrado. Por ello, ordena que un juzgado ordinario de Madrid investigue las filtraciones. Y, además, adopta “medidas adicionales” para evitar más. Entre otras, crea una pieza separada donde se integrarán las grabaciones audiovisuales de los interrogatorios a testigos e imputados, a la que “únicamente” la Fiscalía y el propio juzgado tendrán acceso. “Una vez practicadas las referidas declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la trascripción de su contenido proporcionada automáticamente por el programa de grabación”, apostilla el instructor.
Calama considera que las medidas que adopta este jueves son “proporcionadas, necesarias y adecuadas” para “preservar la finalidad constitucionalmente legítima del carácter reservado de las actuaciones” y para evitar que la “reiterada difusión pública de diligencias reservadas” siga “menoscabando la investigación”.
La defensa del expresidente del Gobierno ya comenzó el miércoles a estudiar acciones legales tras la filtración de sus agendas completas de 2024 y 2025, y de cientos de mensajes privados con su secretaria, Gertrudis Alcázar . El entorno de Zapatero mostró su indignación por el hecho de que el juez no reclamase a la Policía que hiciese un cribado de toda la información intervenida que no tuviera que ver con la investigación por tráfico de influencias; así como por la facilitación de esa infinidad de datos a las partes personadas en el proceso.
El PSOE también difundió un mensaje en redes sociales: “La filtración de agendas y mensajes privados de José Luis Rodríguez Zapatero ajenos a la causa es una grave invasión de su privacidad y una cacería incompatible con el Estado de Derecho”. “No todo vale. Utilizar una investigación para exponer la vida privada genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”, ahondó el partido.
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