La ultraderecha no ha pedido por ahora entrar en el Gobierno, pero pone el foco en el sector agrícola y la “prioridad nacional”
“Cordialidad”; “prudencia”; “discreción”; “las cosas van bien”… Es lo poco que los dirigentes del PP de Andalucía dicen en público sobre el estado de las negociaciones entre su formación y Vox para investir por tercera vez como presidente de la Junta a Juan Manuel Moreno. En privado tampoco desvelan mucho más. El hermetismo entre los populares es absoluto salvo para asegurar que d esde el primer encuentro del pasado 9 de junio, el diálogo entre ambas formaciones es fluido y que “lo razonable es que la investidura se produzca en la primera quincena de julio”. Si las conversaciones avanzan, algo que nadie ha negado hasta el momento, ninguna de las partes tiene intención de dilatar el proceso de formación de gobierno sin motivo, a diferencia de lo sucedido en Extremadura, Aragón o Castilla y León.
Desde el primer momento, el PP andaluz ha querido separar este proceso negociador del del resto de comunidades autónomas, apelando a que el contexto electoral -con solo dos diputados para revalidar la mayoría absoluta y 150.000 votos más que en los anteriores comicios- era diferente. Ese encapsulamiento le vino bien a Moreno en su primera legislatura -aislando la deriva de su gobierno de las corrientes revueltas de Madrid- y los populares quieren repetir la estrategia. También e n Vox parecen haber suavizado su postura de máximos de imponer el mismo guion que en los pactos autonómicos que han precedido estas negociaciones, aunque el líder de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, sí insistió este viernes en que las propuestas de su partido “no van a ser diferentes” de las planteadas en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Con todo, los interlocutores del PP conocedores del avance de las negociaciones, inciden en que la predisposición de los ultras es distinta.
Los escándalos relacionados con José Luis Rodríguez Zapatero o las cloacas del PSOE, han ayudado también a ese afán por la discreción, diluyendo el foco sobre la aceptación de la prioridad nacional y la erosión de la imagen moderada de Moreno. El PP andaluz no para de pedir explicaciones a la ex vicepresidenta primera del Gobierno por ambos casos y también ha tratado de desviar la atención trasladando a los socialistas una suerte de presión para que se abstengan en su investidura.
Quien más está hablando sobre esas conversaciones dentro del PP es, precisamente, el presidente en funciones. El pasado lunes, durante la presentación del plan Infoca informó a los periodistas -como deferencia, porque este año, a diferencia de otras ocasiones, no admitió preguntas de los medios- de que no había “nada nuevo” y, este jueves, durante la entrega de los Premios Romero Murube del diario ABC, también ante representantes del sector de la comunicación, indicó que “hay conversaciones para un nuevo gobierno en Andalucía”.
Si ese gobierno es monocolor, como prefiere Moreno, o estará integrado por algún miembro de Vox, forma parte de esa discreción que se han impuesto ambas formaciones. Por parte de los de Santiago Abascal se incide en que lo prioritario son las “medidas” y después se verá quién las “ejecuta”. Los interlocutores del PP consultados también sostienen que, hasta el momento, los ultras no han planteado ocupar algún sillón, aunque otras fuentes deslizan que la formación de extrema derecha ha mostrado interés por la Consejería de Agricultura, cartera que ostentan en los tres Gobiernos autónomos en los que han pactado con el PP.
Este viernes, Gavira durante su visita a Córdoba, puso el foco en el sector agrícola. “Nadie más que Vox habló de agricultura, de ganadería y de pesca, de la importancia del sector primario en Andalucía y trasladamos a los andaluces las medidas tan importantes que se han llevado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León que van a beneficiar al sector primario”, dijo. Precisamente, todas las organizaciones agrarias -incluida Asaja, proclive a defender las posturas de la extrema derecha en este sector- emitieron un comunicado conjunto justo un día antes de que PP y Vox anunciaran oficialmente que se habían sentado a negociar, en el que pedían que la Consejería de Agricultura no fuera dirigida por la extrema derecha . “Estamos viendo cómo no son capaces de afrontar los retos más básicos que tiene el sector”, indicó a este diario Jesús Cózar, secretario general de UPA en Andalucía. Ni que decir tiene que este manifiesto ha sido recibido con especial interés en las filas populares.
En ese afán por reivindicar la vía andaluza -antes encapsulamiento-, Moreno incidió el jueves en señalar que, si las negociaciones siguen sin contratiempos, “Andalucía va a seguir siendo referente de estabilidad, de confianza y de avance si todos aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos y ponemos el interés general por encima del legítimo interés particular”. Y, en lo que podría considerarse como una respuesta a la aceptación de la prioridad nacional, que Vox no ha eliminado de las condiciones para investirlo presidente, el dirigente popular añadió: “Con la mirada puesta en la calidad de los servicios y también en las políticas sociales que vamos a seguir haciendo para que nadie se quede atrás”. Eso sí, puso como ejemplo las políticas municipales impulsadas por el alcalde de Sevilla que gobierna con el apoyo presupuestario de Vox que ha conseguido, a cambio, abrir una oficina antiaborto -que ellos dirigen-; reducir las ayudas a los programas de Igualdad y de cooperación internacional, para engordar los fondos a asociaciones provida, eliminar las multas de la zona de bajas emisiones o pedir un refuerzo de los controles del padrón municipal para impedir la inscripción de migrantes en situación de irregularidad. El PP de Sevilla tumbó hace un par de semanas la moción de prioridad nacional presentada por los ultras, porque estos no quisieron aceptar sus enmiendas.
El diálogo “va bien” y los tiempos parlamentarios corren. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha citado este martes y miércoles a los grupos parlamentarios para realizar la preceptiva consulta de cara a proponer al candidato a la investidura, cuyo plazo expira el 26 de junio. Una vez que designe a Moreno, este no tiene un periodo de tiempo para convocar el pleno de investidura, aunque cuando se celebre la primera votación, sí que se activarán los dos meses para convocar elecciones si no logra un acuerdo. El dirigente popular ya dejó claro en la campaña electoral que no estaba dispuesto a estar seis meses, como en el caso de Extremadura, sin tener gobierno –“el lío”-. Su entorno está convencido de que no irá más allá de la primera quincena de julio para poder irse de vacaciones con el Gobierno nombrado.
Presión a las izquierdas
Mientras las derechas negocian con una discreción que roza la opacidad, Moreno ha tratado de justificar las negociaciones con Vox, afeando a las izquierdas que no se abstengan en su investidura. No lo ha hecho con una propuesta en firme de acercamiento, sino con una regañina al reprochar al PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía el que se hayan “autoexcluido de manera irresponsable” de un diálogo para abordar alguna “posibilidad de abstención” que le permita ser investido presidente de la Junta.
Esta vía está cerrada desde el día siguiente a la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, según dijeron desde las direcciones de los tres partidos interpelados. Aunque en el PSOE esta posibilidad ni se plantea, como ha reiterado su secretaria general, María Jesús Montero, sí ha habido pronunciamientos a favor de dejar pasar la investidura del líder del PP.
La posición más llamativa ha sido la de UGT Andalucía -en la que militan muchos afiliados del PSOE, pese a que la doble militancia no es ya obligatoria- que en una denominada carta a “la ciudadanía andaluza pide “a los partidos que ejerzan un liderazgo responsable y que eviten formar gobierno con fuerzas antidemocráticas” en alusión a Vox. “No se trata de afinidades ideológicas. No se trata de bloques (…). Se trata de tender puentes entre demócratas de verdad”. De lo contrario, dice el texto, sería caer “en el abismo” en el que se encuentran Extremadura, Aragón y Castilla y León tras los pactos entre PP y Vox.
Montero justificó esta carta, que fue recibida con asombro y rechazo por la ejecutiva regional, a una “opinión personal” del secretario general ugetista, Oskar Martín, quien ha manifestado en varias ocasiones su aprecio personal por el presidente de la Junta en funciones. “Ni por activa ni por pasiva”, dijo la también vicesecretaria general socialista, el PSOE ayudará a Moreno a ser investido, porque sería “darle carta de naturaleza a la privatización” de los servicios públicos.
Esa posición es mayoritaria en el PSOE andaluz, aunque eso no evita que “a título personal” algunos dirigentes se pronuncien a favor, como es el caso del alcalde de Chiclana (Cádiz), José María Román, quien en una entrevista en 7TV abogó por un acuerdo con el PP.
El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ve detrás de estos pronunciamientos “un debate intencionado de algunos para intentar generar otra vez confusión” en el PSOE, en alusión al cisma interno que provocó la abstención del grupo socialista a la investidura de Mariano Rajoy y que provocó la dimisión de Pedro Sánchez de la secretaría general el 1 de octubre de 2016.
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