La presidenta del Poder Judicial impone su voto de calidad y se alinea con los progresistas para impulsar el asunto
El Consejo General Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en una reunión de urgencia celebrada este lunes dejar en manos del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, la decisión de abrir expediente al juez Juan Carlos Peinado por manifestar en una resolución judicial que los policías que sirven de escolta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir de la justicia, según han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a EL PAÍS. Los vocales han adoptado esta decisión con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló.
La Comisión Permanente ha debatido esta mañana la propuesta de Perelló de actuar contra el instructor. Aunque en un principio estaba previsto que se reunieran el domingo de forma telemática, finalmente el cónclave se ha celebrado este lunes de forma presencial en la sede del CGPJ para facilitar el debate, que ha sido intenso.
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La presidenta del CGPJ planteó instar al promotor de la acción disciplinaria a abrir un expediente a Peinado al considerar que la actuación del juez podría ser constitutiva de una infracción disciplinaria en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho precepto hace referencia al “exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los superiores, iguales o inferiores en el orden jerárquico, de los miembros del Ministerio Fiscal, de los abogados, procuradores, secretarios judiciales y de cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento”. Y establece que dicha conducta supone una falta grave que puede acarrear sanciones que van desde multa de 6.000 euros al traslado forzoso, suspensión de tres años o incluso la expulsión de la carrera.
Tras poco más de una hora de reunión, la Comisión Permanente ―dominada normalmente por el bloque conservador―, ha acordado remitir a Conde el auto firmado por Peinado el pasado sábado para que sea él quien “valore si las expresiones contenidas en el mismo, en las que se sugiere que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada pudieran ser constitutivas de una falta grave de desconsideración”.
La decisión se ha adoptado con el voto a favor de los tres vocales progresistas que integran la Comisión Permanente ―Argelia Queralt, Bernardo Fernández y Carlos Hugo Preciado― y la oposición de los cuatro conservadores ―Alejandro Abascal, Carlos Orga, José Eduardo Martínez Mediavilla e Isabel Revuelta―. Pero ha salido adelante gracias al respaldo de Perelló, que ha ejercido su voto de calidad para decantar la balanza a favor del ala progresista, en lo que algunas voces definen como “una de las votaciones más controvertidas de los últimos meses”.
El acuerdo adoptado, como suele ocurrir en el CGPJ, no ha sido pacífico. Fuentes del sector progresista aseguran que es un requerimiento directo a Conde para que abra expediente, mientras que el ala conservadora y fuentes oficiales del Poder Judicial lo rebajan indicando que esa decisión compete únicamente al promotor. En cualquier caso, supone poner a rodar el proceso porque, una vez que el promotor de la acción disciplinaria se pronuncie, la Comisión Permanente podrá ordenarle que investigue si Peinado cometió una falta grave al hacer tal insinuación, algo que fuentes del sector progresista ya anticipan. De hecho, destacan que la decisión adoptada implica “un severo reproche institucional” a las manifestaciones realizadas por Peinado , quizá el más grave hasta la fecha, al entender que esta vez el instructor “podría haber excedido los límites exigibles a una resolución judicial” al “afectar a la consideración institucional debida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
Por contra, los vocales conservadores han rubricado un voto paticular en el que defienden que la resolución firmada por Peinado no es susceptible de control disciplinario por parte del CGPJ porque recae en el ámbito propio de su función jurisdiccional. A su juicio, “el magistrado está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares” contra Gómez, a la que le ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país e impuesto la obligación de firmar en sede judicial cada quince días. En consecuencia, alertan de que “cualquier actuación del CGPJ sobre este particular supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso, afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”.
Peinado, pendiente de otras quejas en el CGPJ
Si en algo hay consenso en el CGPJ es en que el acuerdo adoptado este lunes puede quedarse en un gesto simbólico porque lo más probable es que no dé tiempo a concluir el eventual procedimiento disciplinario antes de que Peinado se jubile, el próximo 27 septiembre, al alcanzar la máxima de ejercicio profesional para los togados (72 años).
No obstante, este no es el único frente del magistrado en el órgano de gobierno de los jueces . El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid está pendiente de que Conde emita una nueva propuesta respecto a las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio al que le sometió en calidad de testigo el 16 de abril de 2025 por la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Begoña Gómez. El pasado marzo, el promotor de la acción disciplinaria propuso archivar las diligencias informativas abiertas en su día por las denuncias de Bolaños al considerar que tanto la citación como el interrogatorio realizado se enmarcaban en el ejercicio de la función jurisdiccional. La Comisión Permanente, sin embargo, se las devolvió argumentando que faltaban datos relevantes para completar las pesquisas. Esto supone que Conde tendrá que recabarlos para hacer una nueva propuesta. Entonces, los vocales tendrán que decidir si dan carpetazo al asunto o abren un expediente disciplinario que podría acabar en sanción.
En el aire quedan también las diligencias informativas iniciadas por las quejas presentadas por Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita contra Peinado por dejación de deberes porque no prorrogó dentro del plazo legalmente establecido las pesquisas contra un alto cargo de José Luis Martínez-Almeida. El caso se abrió en 2023 a raíz de una denuncia de Podemos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por supuestamente adjudicar a dedo y con sobreprecio un contrato a O kDiario para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. Ese error provocó que la causa tuviera que archivarse. El promotor de la acción disciplinaria esgrimía que el retraso no era achacable solo a Peinado, de ahí que también propusiera archivar. Pero nuevamente los vocales estimaron que faltaba información relevante para decidir sobre estas quejas y, como las lagunas eran mayores que en las diligencias informativas incoadas a raíz de las denuncias de Bolaños, resolvieron retirar el asunto del orden del día a la espera de obtener todos los datos necesarios.
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