Los socios del Gobierno pactan desbloquear la norma del grupo de Díaz en el Congreso para "fortalecer" la libertad de expresión. El texto original se ajusta y se conserva el delito de enaltecimiento del terrorismo
Tras años de estancamiento, PSOE y Sumar, integrantes del Ejecutivo de coalición, han alcanzado un entendimiento para reformar el Código Penal y suprimir las injurias a la Corona, a las Cortes y a las Asambleas legislativas, así como el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, entre otros. La reactivación de la proposición de ley del grupo de Yolanda Díaz, que el Congreso admitió a trámite en diciembre de 2023 pero que permanecía archivada desde entonces, ocurre en un momento particularmente sensible para el PSOE, acosado por múltiples escándalos de corrupción. La principal diferencia entre la propuesta inicial y el acuerdo logrado ahora entre los miembros del Ejecutivo es que el texto no suprimirá el delito de enaltecimiento del terrorismo, según han señalado en rueda de prensa el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, y el de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, quienes han comparecido en la Cámara baja junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "Este es un paso crucial en la derogación de las leyes mordaza", ha valorado el diputado de IU.
Los diputados han explicado que la norma cerrará próximamente el plazo de enmiendas a la totalidad y, tras superar el debate, se presentarán las modificaciones parciales consensuadas entre los socios.
La reforma elimina del Código Penal los artículos 490.3, 491, 496, 525 y 543, y modifica el artículo 504. En particular, se eliminan las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, como el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los tribunales superiores de justicia.
Asimismo, se busca suprimir las injurias a las Cortes Generales y a las asambleas legislativas autonómicas. Se propone despenalizar el uso de la imagen de la Familia Real, regulado en el artículo 491, los ultrajes a España y sus símbolos del artículo 543, y las ofensas a los sentimientos religiosos del artículo 525. Respecto al artículo 504, no se deroga por completo, sino que se modifica: desaparecen las injurias y calumnias a las instituciones del Estado, pero se mantienen las amenazas graves y el uso de fuerza o intimidación contra ellas.
"Con esta eliminación, el Grupo Socialista busca reforzar el derecho a la libertad de expresión, como corresponde a una democracia plena y de calidad. Más concretamente, busca alinear a España con los estándares internacionales, con Naciones Unidas y con el Consejo de Europa", ha señalado Rallo. El diputado del PSOE ha recordado que el Tribunal Constitucional reconoce y acepta que "existan límites a la libertad de expresión", pero que estos deben estar "justificados y proporcionados".
"Este país ha soportado condenas penales que ponen en cuestión el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. Por eso, esta reforma del Código Penal es una urgencia democrática", ha indicado Santiago.
"Esto no desprotege a nadie en absoluto", ha comenzado el ministro Urtasun, antes de argumentar que "la cultura solo puede florecer plenamente allí donde existe la libertad creativa". El también portavoz de Movimiento Sumar ha añadido que la reforma "cumple con el acuerdo de coalición". "Lo hemos dicho de manera muy clara: el año que queda de legislatura debe ser útil para la gente", ha afirmado. Urtasun ha señalado que "hubiera sido imperdonable" no derogar estos artículos del Código Penal que "tanto daño han causado".
"Durante demasiado tiempo hemos visto en nuestro país situaciones que nunca deberían haber ocurrido. Hemos visto a artistas procesados por una performance, a humoristas denunciados por una sátira, a autores condenados por una caricatura… lo que hacemos con esta reforma es evitar que esto suceda en el futuro", ha profundizado.
Durante el turno de preguntas, Santiago se ha mostrado optimista en que el texto obtendrá el respaldo de la mayoría de investidura para ser aprobado en el Congreso. Estos cambios han sido una exigencia reiterada durante años por gran parte de los grupos de la Cámara. En un escenario de prolongado bloqueo parlamentario, con la actualidad política dominada por los casos judiciales que afectan al PSOE y distancian cada vez más a los socios, las formaciones del Gobierno buscan acelerar ahora la aprobación de la norma para recuperar la iniciativa y dar algo de oxígeno a la legislatura.
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