La organización CEAR denuncia los traumas que padecen los migrantes en sus países de origen y durante la travesía, y solicita al Gobierno que les brinde apoyo.
Hombres solos y familias en situación de vulnerabilidad, con un severo deterioro físico y psicológico. Llegan con heridas y amputaciones provocadas por la quilla y las hélices de las embarcaciones, afecciones derivadas de haber ingerido agua salada del mar y diversas enfermedades. Este es el perfil trazado por Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), durante la presentación del informe anual de la entidad. En el acto se advirtió sobre los riesgos que supone el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y se instó al Gobierno de España a no adoptar ciertas medidas que el texto permite, aunque no impone. López señaló que las "políticas hostiles" contra los inmigrantes que se extienden por todo el mundo mantienen retenidas en sus países a personas en grave peligro.
Con datos ya definitivos, el año pasado 117,5 millones de personas huyeron de sus hogares, un 5% menos que el año anterior, según cifras de Acnur. Contrario a lo que pudiera parecer, esta no es una cifra para celebrar, según las organizaciones humanitarias, ya que la disminución se debe "a los retornos forzosos y a las mayores trabas para los desplazamientos" de quienes necesitan abandonar sus países, explicó López en una rueda de prensa este lunes. El informe presentado también fue llevado al Congreso de los Diputados, en una semana en la que se conmemora el Día del Refugiado. Tanto López como Mauricio Valiente, codirector general de CEAR, se detuvieron en la situación de Gaza, donde aún permanecen atrapadas personas "que no pueden cruzar a Egipto para obtener un visado que les permita viajar a España, donde ya tienen familiares". Los niños son los más afectados en este proceso.
Cuando los refugiados o inmigrantes deben emplear rutas más peligrosas y enfrentar más obstáculos para salir al extranjero, los riesgos aumentan. De ahí el perfil descrito por López de mayores patologías y afecciones mentales con las que llegan actualmente los extranjeros, "situaciones cada vez más complejas" que no deberían agravarse al llegar a España para solicitar protección internacional, reclamaron desde CEAR. Además, criticaron la "retórica de que se está luchando contra las mafias y evitando muertes para endurecer la salida de estas personas desde terceros países y su entrada en Europa", señaló Valiente.
Valiente recordó que el pacto europeo, que entró en vigor el 12 de junio, "no incluye todas las políticas migratorias", por lo que los Estados miembros pueden seguir aplicando las suyas en determinadas situaciones. La ley de asilo o por razones humanitarias podría mantenerse en España tal como está, afirmó Valiente, quien también exigió recursos para el mecanismo de supervisión de la aplicación del pacto en España, que estará a cargo del Defensor del Pueblo. Además, España podría elaborar su propia lista de países seguros, es decir, aquellos donde supuestamente no hay peligro para sus habitantes, por lo que no serían acreedores de refugio. La Unión Europea ya ha creado una lista similar, muy criticada por las organizaciones humanitarias, y este lunes CEAR pidió que España renuncie a elaborar la suya propia.
También solicitaron al Gobierno que se comprometa a respetar el principio de no devolución, que garantice el acceso a asistencia jurídica, derecho a la información y a una interpretación de calidad, así como a asegurar una atención específica para los más vulnerables, como los niños.
Las solicitudes de asilo en España han disminuido de 2024 a 2025, pasando de 167.366 a 144.396, y las resoluciones de expedientes alcanzaron las 160.663, una cifra récord, lo que ha reducido el atasco. Sin embargo, España ocupa el penúltimo lugar en la Unión Europea en reconocimiento de protección internacional, con un 11% de los casos, mientras que la media es del 34%. Venezuela, seguido de Malí y Perú, son los tres países con mayor número de solicitudes el año pasado. Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades con más peticiones. La gran mayoría son hombres y mujeres de 18 a 34 años, seguidos del grupo de 35 a 64 años. Muchos no tienen suerte; la tasa de reconocimiento de asilo ha caído siete puntos, según el informe de CEAR con datos del Gobierno, pasando de 38.686 solicitudes denegadas en 2024 a 68.321 el año pasado.
Las dificultades para obtener una cita para el proceso de asilo salieron a la luz, así como la "deficiente regularización de la apatridia", que en España afecta mayoritariamente a los saharauis. Valiente destacó la experiencia modélica de España en la acogida de ucranianos, que debería "extenderse".
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