Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refuerza la hipótesis del presunto liderazgo del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la supuesta trama dedicada a recabar información para desbaratar las causas judiciales que afectan al partido y al Ejecutivo. Los agentes subrayan que Cerdán impartió "instrucciones" al personal bajo su mando en la formación para que "autorizaran cualquier viaje" solicitado por Leire Díez, y que fue él quien decidió que los socialistas contrataran los servicios legales de Jacobo Teijelo (abogado imputado en esta investigación), cuya "supervisión y control" también asumía. Concretamente, los investigadores han identificado dos pagos del PSOE al letrado por un total de 53.000 euros que no figuran en la documentación facilitada por el partido. Asimismo, los agentes destacan que la ex militante rendía cuentas a Cerdán.
En este último informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes profundizan en los "pagos" vinculados a "la logística" de las actividades de la presunta trama. Para ello, se basan en la documentación recopilada en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, el pasado 27 de mayo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En concreto, incluyen las facturas emitidas por las agencias de viaje por los desplazamientos de los investigados y diversos informes firmados por el partido. "Tras cotejar esta documentación", la UCO ha podido verificar los viajes de Díez y del empresario Javier Pérez Dolset —otro de los presuntos integrantes de la trama— "costeados por el PSOE".
La Guardia Civil sostiene que, según los documentos solicitados a Ferraz, Santos Cerdán "dio instrucciones verbales a su personal de apoyo" en el partido para "autorizar cualquier viaje" pedido por Díez. Además, los investigadores señalan que la ex militante socialista "se comunicaba personalmente" con el equipo de secretaría del partido para, "de forma verbal o mediante WhatsApp", solicitar viajes que luego se encargaban a una agencia especializada. Los agentes incluyen un correo electrónico enviado por la trabajadora del PSOE Covadonga San Pedro a la agencia de viajes VB Group el 25 de abril de 2024. "AVION Leire Díez Castro", reza el asunto. En esa cadena de correos, la agencia de viajes planteó: "Creo que debemos solicitar autorización a Gerencia, ya que no tengo constancia de que Leire Diez esté autorizada. ¿Puedes indicarme área y motivo del viaje?". "Es una 'orden' directa del Secretario de Organización, no sé más... Por favor, emite en cuanto tengas la autorización. Gracias", respondió la trabajadora del partido.
La UCO también requirió información a la agencia de viajes que mantenía un convenio con el PSOE. "La respuesta proporcionada por dicha agencia confirmaría la existencia" de nueve viajes en 2024, tras la Carta a la Ciudadanía emitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. En concreto, constan un vuelo Madrid-Bilbao el 26 de abril; un viaje en tren de ida y vuelta Madrid-Zaragoza el 10 de julio junto a Pérez Dolset; un vuelo de ida y vuelta Bilbao-Madrid el 9 de agosto; otro vuelo de ida y vuelta Santander-Jerez de la Frontera entre el 20 y el 24 de agosto; y un vuelo de ida y vuelta Santander-Madrid el 26 de agosto. Los agentes sospechan que este último viaje fue "para mantener una reunión" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En cuanto a los pagos realizados por el PSOE a la supuesta trama, la UCO revela que Teijelo ha presentado dos facturas que emitió al PSOE —cada una por importe de 26.500 euros— el 10 de abril y el 23 de mayo de 2025, como parte de sus servicios de asesoría jurídica a la formación política, de las cuales "no hay constancia en la documentación aportada por el PSOE" a los investigadores. Según las pesquisas, Teijelo se unió a la presunta trama por ser el abogado de varios investigados en causas relacionadas con fraudes millonarios en el sector de los hidrocarburos. El letrado afirmaba que podía lograr la nulidad en un caso clave y, a partir de ahí, extenderla a otros, incluidos algunos que la organización criminal tenía en su punto de mira. Según el relato judicial, su contribución se formalizó mediante "una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representado por Ana María Fuentes", gerente socialista —también imputada—, respaldaba los pagos a Teijelo.
Hasta ahora, la Guardia Civil había localizado tres facturas del abogado por un total de 125.000 euros. Estos documentos, tanto la nota de encargo como esas tres facturas, estaban entre la documentación solicitada al PSOE y la proporcionada por el propio Teijelo. Pero la UCO desvela que el letrado les envió un correo electrónico el pasado 28 de mayo —un día después de que los agentes acudieran a Ferraz— con otras dos facturas correspondientes a esa misma "prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo", pero que, "a diferencia de las anteriores, no estarían incluidas en la contabilidad aportada por el PSOE".
El instituto armado también sitúa a Cerdán detrás de la decisión de contratar a Teijelo, aunque formalmente Fuentes le diera cobertura. "Del mismo modo, Santos habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios", añaden los agentes, que se basan en los documentos entregados por el propio partido. Cabe señalar que, finalmente, Teijelo acabó siendo uno de los dos abogados defensores del ex dirigente socialista cuando fue imputado como líder de otra presunta trama, la de amaño de obra pública que se investiga en el marco del caso Koldo.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que los dos pagos a Teijelo a los que se refiere la UCO "nunca" se materializaron. "Esos contratos de asistencia jurídica se hicieron a petición del secretario de organización, y cuando cesó se dejaron esos contratos que le asistían", ha señalado, informa José Marcos.
**"Dación de cuentas" a Cerdán**
Además, en este informe la UCO revela que entre los papeles de Cerdán que el PSOE guardaba en varias cajas en el sótano de Ferraz hay un documento que ya encontró en un ordenador de Díez y cuya autoría le atribuye a ella. Los agentes lo destacan no por su contenido, que ya se conocía, sino por el hecho de que estuviera en poder del ex número tres de los socialistas. Para los investigadores, esto "pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada" por parte de ella hacia él.
El documento en cuestión recoge los "incumplimientos" de la presunta trama con las personas a las que había prometido ayuda a cambio de información sensible. Entre los personajes aludidos están Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.
En lo que respecta a Villarejo, ese "incumplimiento" se debe a que, pese a la promesa de Díez de que le conseguiría un acuerdo con la Fiscalía, el fiscal anticorrupción César de Rivas, a cargo de su macrocausa, rechazó cualquier acercamiento. Sobre este punto, la UCO recoge la declaración del abogado del comisario jubilado, Antonio José García Cabrera, quien precisó que la oferta de Díez consistía en que el policía retirado aportara la información sensible que manejaba sobre jueces, fiscales y uniformados —"Villarejo tiene las pruebas que demostrarían la corrupción de (Manuel) Marchena", dice el documento en alusión al magistrado del Tribunal Supremo— a cambio de una pena menor de prisión, que le permitiera no volver a ingresar, y una multa que mantuviera prácticamente intacto su patrimonio. Sin embargo, el letrado declaró que nada llegó a concretarse, al menos, hasta donde él sabe.
**Las iniciales "P.S." y David Sánchez**
La Guardia Civil también arroja luz en este informe sobre las supuestas gestiones que realizó la trama para intentar anular la investigación que dirigía la juez Beatriz Biedma desde Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como sobre las iniciales "P.S.", que aparecieron en las agendas de Díez, como una posible alusión al jefe del Ejecutivo con dos apuntes: una "reunión" y "ser abogado del hermano de P.S.".
La UCO se basa para ello en la declaración en calidad de testigo del expresidente del Badajoz Club de Fútbol, Joaquín Parra, que es una de las cuatro personas que conforman el grupo de WhatsApp "Vacaciones y Viajes", supuestamente ideado para torpedear la causa instruida por Biedma, con ella como principal objetivo. Parra declaró a los agentes que Díez se le presentó como "una persona que podía ayudarle con respecto a las causas judiciales que le afectaban", sobre presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Y manifestó que, al preguntarle a la ex militante socialista por qué quería ayudarle, ella le contestó: "Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tus hermanos, entonces te das cuenta de que hay que limpiar". Parra contó que, para recibir dicha ayuda, Díez le pidió aportar "contactos de interés" o "información comprometedora" sobre Biedma. Según su testimonio, puso a la supuesta fontanera en contacto con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado expulsado de la carrera judicial en 2022, que era supuestamente "conocedor" de una trama de corrupción en Badajoz y que llegó a formar parte del grupo de WhatsApp señalado por los agentes.
Los agentes destacan una reunión en la que participaron los cuatro miembros de dicho chat y en la que presuntamente se comentó la posibilidad de que David Sánchez renunciara a su abogado y eligiera a Sáenz de Tejada. Según Parra, Díez dijo que "se iban a poner en contacto con un tercero", que el empresario asumió que era "el presidente del Gobierno", "para acordar que Sáenz de Tejada asumiera la asistencia letrada de su hermano, pero que este último la habría rechazado y habría decidido continuar con el abogado que tenía por aquel momento". La intención, de acuerdo con los agentes, era que el ex magistrado solicitara apartar a la juez instructora.
La Guardia Civil recalca que, "sin perjuicio de que no se aceptara este cambio de letrado", Sáenz de Tejada intentó en marzo de 2025 presentarse como acusación popular en el procedimiento. Y recuerda que en las agendas de Díez "estaban contempladas ambas posibilidades, tanto la asunción de la defensa de David Sánchez como la personación como acusación popular". En concreto, en los cuadernos de Díez se lee, por un lado, la anotación "ser abogado del hermano de P.S."; y por otro, "meter como acusación popular". A estas referencias, los agentes añaden otra "anotación" hallada en una de las libretas de Cerdán recopiladas el pasado mayo en la sede del PSOE. "El texto manuscrito parece indicar 'Badajoz [flecha] que fiscalía apoye la recusación'".
Las anotaciones manuscritas de Cerdán en sus agendas aparecen en este nuevo informe como otro indicio de su presunto liderazgo. Por ejemplo, la UCO le sitúa como conocedor de la presunta estrategia para desbaratar causas judiciales alegando la nulidad de un caso concreto de fraude en el sector de los hidrocarburos donde está investigado el guardia civil Juan Sánchez Yepes, otra de las personas contactadas por la supuesta trama al que representa Teijelo. "Ha dicho Jacobo, pide la nulidad en la causa de su cliente Yapes", escribió Cerdán en sus cuadernos.
**Un "piso franco del PSOE" para reuniones de la supuesta trama**
Asimismo, la UCO profundiza en la existencia de lo que Díez, Pérez Dolset y Parra definían como "un piso franco del PSOE" para organizar encuentros. Parra declaró ante la Guardia Civil que el primer encuentro físico entre los integrantes del chat de WhatsApp "Vacaciones y Viajes" —ellos tres y Sáenz de Tejada— se produjo allí el 2 de septiembre de 2024. Los agentes aseguran que en ese mismo piso, ubicado en la calle Diego de León de Madrid, se produjeron al menos otros dos encuentros: uno el 25 de septiembre del mismo año entre Cerdán, Díez y Pérez Dolset; y otro el 16 de octubre entre Cerdán y Díez.
La Guardia Civil especifica que ese piso estaba alquilado por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, otro de los presuntos integrantes de la organización criminal. Los investigadores puntualizan que pagó por él más de 39.000 euros mediante una docena de transferencias a sus propietarias. Los agentes afirman que lo utilizaba "como despacho o sala de reuniones".
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