El plan para erradicar la "imposición del catalán" genera escasa credibilidad en los municipios afectados por la medida y provoca rechazo dentro de las propias filas del Partido Popular
"Respondo una en catalán y luego a ustedes en castellano, sin problema". Pero, en aquella conferencia de prensa que ofrecía el entrenador Raúl Agné tras un partido del Girona en Huesca, sí surgieron inconvenientes por la forma de expresarse del protagonista y el murmullo continuó hasta que la comparecencia concluyó de manera abrupta. Han transcurrido 15 años desde aquello y Agné, oriundo de Mequinenza, opina que "la mentalidad de algunos parece que no ha cambiado, todavía se les nota más la intención cuando logran gobernar". El acuerdo de gobierno sellado en Aragón por PP y Vox establece por escrito "liberar Aragón de la imposición del catalán". Una declaración que coloca en el punto de mira la lengua común de hasta 50.000 personas ("no existe un censo oficial, pero se estima por esa cifra", señala el Institut Aragonès del Català) que residen en las comarcas limítrofes con Cataluña y donde el objetivo lingüístico del nuevo ejecutivo regional se recibe con más escepticismo que interés. Incluso dentro de las propias filas del PP han emergido voces críticas respecto a la utilidad y la pertinencia de esta iniciativa.
El pacto entre PP y Vox propone modificar la ley que reconoce "el aragonés y el catalán de Aragón" como "lenguas y modalidades lingüísticas propias" de la comunidad. Esta normativa data de 1999 y fue aprobada bajo el mandato de Santiago Lanzuela, del PP, quien falleció en 2020 durante la pandemia de coronavirus. "Fue un presidente bastante sensato, con sentido común", reconoce su sucesor, el socialista Marcelino Iglesias. "En muchos de los pueblos que hay entre la Ribagorza y el Matarraña, el catalán lo habla todo el mundo", destaca Iglesias. E insiste: "El tema de la lengua siempre ha estado normalizado, hasta la llegada de estos, que parece que les preocupa mucho".
Fernando Camps es presidente del consejo comarcal del Matarraña en representación del Partido Popular. "No había ningún conflicto con la lengua, cada uno pensaba y defendía lo que quería, hasta que han llegado los del pacto", señala, refiriéndose a la supuesta influencia de la ultraderecha en el Gobierno aragonés. Reconoce que la alianza del PP con Vox le resulta "incómoda" y remata: "No quiero profundizar mucho en eso, pero solo digo que hasta ahora no había ninguna confrontación con la lengua".
José María Alguero es el único concejal del PP en Mequinenza. En el Ayuntamiento indican que está de baja y aislado tras verse implicado recientemente en un accidente de tráfico que causó tres víctimas mortales. Durante este mandato ha votado a favor de una moción socialista en defensa de las lenguas minoritarias de Aragón: el catalán y el aragonés.
Además de presidente comarcal, Fernando Camps es también alcalde de Cretas (Teruel), el pueblo natal del arzobispo de Barcelona Juan José Omella, quien durante la reciente visita del Papa a Cataluña ha sido criticado por descuidar el catalán en sus intervenciones y por haber rebautizado como "Antonio" al arquitecto Antoni Gaudí.
"A mí todas esas exigencias al Papa con el catalán me han parecido ridículas", dice Césarea López, natural de Extremadura pero vecina de Mequinenza desde hace 50 años. "Yo no lo hablo porque me da vergüenza, pero aquí lo habla casi todo el mundo y muchas veces pido que no cambien al castellano cuando me hablan", afirma. A su lado, Concepción Rodríguez, murciana de origen pero residente en Mequinenza desde hace décadas, relata su caso: "En casa hablamos así (se expresa en catalán, pero sin mencionarlo) y mi hija se ha ido a vivir a Navarra. Le pregunté cómo teníamos que hablarle a los nietos y me dijo que igual como se ha hablado siempre en el pueblo".
"Llámalo fragatí, mequinensà, chapurreau o como quieras, pero aquí se habla más catalán que en Barcelona", coinciden Cesareo Tomàs y Pilar Llop, matrimonio de jubilados que regresaron a Mequinenza tras vivir años en l'Hospitalet de Llobregat. "Es que no hablamos catalán aquí", defienden Jesús y Joan, dos jubilados que a las once y media de la mañana despachan botellines y bolsas de patatas fritas en el Hogar del Jubilat de Mequinenza. "Soy Joan, no me llames Juan", exige uno. "Pertenecemos a Aragón, no a Cataluña, y somos españoles", coinciden los dos. "En esta zona la gente no es catalana, es aragonesa. Pero no hay que mezclar la lengua con la política", razona Esther Minguell, natural de Barcelona pero vecina del Matarraña desde hace 30 años.
En la terraza de un bar de Torrente de Cinca charlan Paula Navarro y Adriana Tejera. Veinteañeras universitarias, ambas estudian en Lleida. "Nunca he visto el catalán como una imposición, sino como algo natural con lo que hemos crecido", dice Adriana. Su acento se aleja del catalán estándar y en ocasiones se han topado con quien, torpemente, reclama explicaciones: "En Lleida me han dicho que si hablo un mal catalán. Y cuando estudiaba en Madrid me habían llamado catalufa. Ya ves, a mí que soy de Aragón", bromea Paula.
"Como la guerra de la lengua no la pueden ganar, desde la derecha se busca lo mismo que se hizo en Valencia y repiten que en los pueblos de la Franja se habla fragatí, maellano o chapurreau, cualquier cosa para no decir que es catalán. Es como decir que en México hablan mejicano y no español", ejemplifica el expresidente autonómico Marcelino Iglesias. "Yo siempre he dicho que hablo catalán, pero aquí se juntan cosas que no tendrían que mezclarse", razona Fernando Camps.
"El objetivo que tiene el pacto va en la línea de eliminar el nombre catalán, porque eso es lo que les molesta", manifiesta Javier Giralt, profesor de Filología Catalana de la Universidad de Zaragoza y director del Institut Aragonès del Català. Tiene su teoría sobre el fin que persigue el acuerdo entre PP y Vox: "No me parece que se quiera arrasar con el catalán, sino lograr que la lengua que se habla en las comarcas de la Franja no se llame catalán". La entidad que dirige había ido recibiendo subvenciones de entre 10.000 y 20.000 euros anuales del Gobierno aragonés y señala que "con el Gobierno de Azcón la financiación se queda en cero". Define como un balón de oxígeno la ayuda directa de 50.000 euros que concedió el año pasado el Ministerio de Cultura.
En Fraga, Mari Mar Chiné y Carmen Aribau avanzan por la avenida de Aragón y ambas pasean a sus nietos en sendos carritos de bebé mientras conversan en catalán. Al ser preguntadas si creen que las generaciones futuras usarán menos la lengua local, las dos coinciden en que "el fragatí no se perderá porque se habla en las casas y se aprende en la escuela".
José Antonio Faro lleva una década vendiendo fruta y verdura en mercados de pueblos cercanos a la línea imaginaria que separa Aragón y Cataluña. "Catalán o chapurreau, lo que sea, pero sería una lástima que allí donde se habla se perdiera".
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