El magistrado ha programado para las 18.00 una vista preliminar del caso en el que la esposa del presidente sigue imputada, un trámite indispensable para poder iniciar el juicio oral en su contra.
Begoña Gómez comparece de nuevo este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado. El instructor ha convocado a las 18.00 la audiencia preliminar que la legislación exige como requisito previo a la apertura de juicio oral en un proceso con jurado. Con esta decisión, el juez acerca a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo de los acusados. Peinado, que hace dos años admitió una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias para poner en marcha una controvertida investigación contra la cónyuge del jefe del Ejecutivo, ya determinó el pasado abril que existían indicios suficientes para acusarla de cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Además de Begoña Gómez, el juez ha citado a la misma audiencia a Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. En la comunicación remitida a las defensas, el magistrado advertía de que los tres imputados tienen la obligación de asistir a la cita y que, en caso de no hacerlo, serían "conducidos por la fuerza pública". Asimismo, señalaba que en esta vista "podría adoptar alguna medida cautelar" para "evitar o minimizar el riesgo" de fuga, dada la "gravedad" de las penas de prisión que podrían enfrentar. El juez ha permitido que Barrabés, quien padece una enfermedad grave, acceda al edificio por el garaje. Y, como en ocasiones previas, la decana de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla también ha autorizado esta medida para la esposa del presidente por motivos de seguridad, según confirman fuentes jurídicas.
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La Ley del Tribunal del Jurado establece que, una vez que los procesados han presentado sus escritos de defensa, el instructor convoca esta audiencia preliminar para que las partes se manifiesten sobre la "procedencia de la apertura de juicio". En este acto, que puede suspenderse si todos los acusados lo solicitan, es posible realizar diligencias (como testimonios de testigos), pero Peinado ya ha rechazado todas las propuestas, aunque la normativa permite plantear más durante la propia vista.
Tras escuchar a las defensas, la Fiscalía y las acusaciones, el magistrado puede dictar en el mismo acto "o dentro de los tres días siguientes", según la ley, el auto de apertura de juicio o el de archivo del caso. Según fuentes cercanas a los imputados, este segundo escenario les parece muy poco probable, dado el papel que ha desempeñado hasta ahora el juez instructor. Al proponer sentarlos en el banquillo, Peinado argumentó que Begoña Gómez se benefició de su vínculo con el líder del PSOE para impulsar su trayectoria profesional e incluso trazó un supuesto panorama de corrupción orquestado desde La Moncloa que no se veía desde "el reinado de Fernando VII": "Por mucho que se busque [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", escribió en su resolución.
La postura del magistrado no solo choca con las defensas (como es esperable), sino también con la Fiscalía, que ha denunciado continuos excesos en la instrucción. El ministerio público ha solicitado en repetidas ocasiones el archivo ante "la inexistencia" de los delitos atribuidos por Peinado. El abogado de la esposa del presidente, Antonio Camacho, quien pidió suspender el procedimiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los múltiples recursos presentados contra sus decisiones, también ha acusado al magistrado de actuar "como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento" y de imprimirle "una velocidad de crucero absolutamente incompatible" con las "garantías de un proceso penal en un Estado democrático". El próximo 27 de septiembre, Peinado cumplirá 72 años y, por ley, deberá jubilarse.
De cara a un hipotético juicio futuro, la acusación popular —encabezada por la asociación ultracatólica Hazte Oír— exige una condena de 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez. Asimismo, solicita 22 años de cárcel para la asesora Cristina Álvarez y seis años para el empresario Barrabés.
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