Una democracia no puede tolerar el desgaste sistemático de la fe en los procesos judiciales
La era de la posverdad nos ha sumido en la incredulidad: casi no confiamos en los discursos políticos porque intuimos que son meras narrativas, una fachada diseñada para ocultar intereses o justificar posturas políticas. No obstante, ante la imposibilidad de vivir al margen de ese entorno y de no quedarnos paralizados frente a tanta complejidad, muchos abandonan la búsqueda de la verdad y terminan refugiándose en la trinchera política con la que más se identifican. Eligen un atajo cognitivo: en vez de examinar los hechos, se adhieren sin cuestionar a las historias del bando con el que comparten una mayor conexión emocional. Si es que, efectivamente, nos sentimos vinculados a algún bando de forma casi existencial. Si no es así, si carecemos de trinchera, quedamos fuera de ese reparto de justificaciones. Es decir, desconfiamos de todas ellas y nos vemos forzados a construir, con todos sus costes, un juicio político propio. Creo que ahí es donde algunos nos encontramos.
Cualquier analista diría que, al creer solo el relato de los nuestros y desconfiar por defecto del oponente, hemos destruido el terreno común necesario para el entendimiento mutuo. Lo observamos funcionar de manera automática en las sesiones de control parlamentario, que han dejado de ser un espacio para la rendición de cuentas y se han transformado, por el contrario, en un concurso de réplicas destinado a recibir el aplauso de la propia facción. Uno pregunta sobre los escándalos del PSOE, por poner un ejemplo reciente, y otro le recuerda los anteriores del PP. Ya no hay debate, solo la puesta en escena de la desconfianza: tú desconfías de mí, pero tú también estás bajo sospecha de los míos. Tú me ofreces tu visión del mundo y yo te devuelvo la mía.
Lo de las sesiones de control tiene difícil arreglo, y tampoco es tan perjudicial para la convivencia democrática. Aunque se hayan convertido en un simulacro ante los medios, forma parte del complejo juego entre Gobierno y oposición. La peor consecuencia de esa desconfianza selectiva se produce, sin embargo, cuando no se dirige al adversario, sino que se extiende al propio sistema. Es lo que ocurre hoy con las acusaciones que, desde algunas voces de la coalición de gobierno, se dirigen a la UCO o al poder judicial, sugiriendo de forma más o menos explícita la existencia de un complot coordinado en el enjuiciamiento de los casos conocidos por todos. Cada una de estas diligencias puede ser objeto de críticas, por supuesto, y veremos cómo evolucionan. Pero que esa desconfianza surja antes de decisiones definitivas resulta, como mínimo, sorprendente. En definitiva, el control judicial es el único mecanismo del que disponemos para acercarnos a algo parecido a la verdad, respetando al mismo tiempo las debidas garantías de presunción de inocencia. Una sentencia no es un simple relato, como los que mencionábamos antes; es la aplicación del derecho.
La política puede permitirse vivir de relatos; el derecho no. Su función es precisamente anclar el debate público en los hechos y obligar a que las afirmaciones sobre la realidad se sometan a procedimientos de prueba y verificación según reglas previamente establecidas. Que los jueces tienen sesgos políticos, sin duda; que caben distintas interpretaciones de las normas, también. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema que ofrezca mayores garantías. Por eso mismo conviene distinguir entre la crítica legítima a una decisión concreta y la desconfianza deslegitimadora general hacia quienes deben adoptarla. Una democracia puede soportar sentencias discutibles; lo que no puede tolerar es el desgaste sistemático de la fe en los procedimientos del Estado de derecho. Si no, se convierte ya en otra cosa.
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